Uruguay: explotación sexual infantil, práctica habitual en la frontera con Brasil

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"Uruguay realizó un diagnóstico sobre la explotación sexual infantil en la frontera con Brasil y diseña estrategias de atención. El trabajo permitió identificar como habitual la explotación sexual por parte de familiares de adolescentes de entre 14 y 17 años, fundamentalmente del sexo femenino. De todas formas, no se descarta la existencia de una red en algunos casos. EN MUCHOS CASOS LOS FAMILIARES SON LOS PROMOTORES; EXISTE MIEDO A DENUNCIAR “En las cuatro ciudades fronterizas con Brasil se constató la presencia de la explotación sexual infantil. Si bien existen algunas posibles redes, no es lo más frecuente, lo habitual es la explotación por parte de los familiares", expresó a Ultimas Noticias Sergio Pereyra, coordinador del proyecto por parte del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (Inau). Dicha conclusión se desprende de un estudio exploratorio sobre la temática que desarrolló la Facultad de Psicología de la Udelar, a pedido del Inau, en el marco del proyecto "Estrategia regional de lucha contra la trata y el tráfico de niñas, niños y adolescentes para fines de explotación sexual en Mercosur". Las ciudades bifronterizas involucradas son: Chuy uruguayo y brasileño, Río Branco con Yaguarón; Rivera y Santana de Libramento; Bella Unión y Barra do Quarí, Uruguay analizó las nacionales y Brasil se encuentra en proceso de diagnóstico. El diagnóstico fue realizado en base a entrevistas semiestructuradas a personas calificadas que trabajan en asuntos de niñez y adolescencia en distintas áreas: salud, educación, seguridad y minoridad. Se realizaron unas 30 entrevistas por ciudad y en todos los casos se constató el ocultamiento del tema. Incluso, en la ciudad de Rivera algunos entrevistados manifestaron que "el trabajo infantil, la venta callejera y el trabajo doméstico, también aparecen como una modalidad encubierta para facilitar la explotación sexual". Al mismo tiempo Pereyra destacó que existe una "gran desinformación con respecto a las leyes entre los actores comunitarios y falta de recursos". El estudio fue llevado a cabo en 2010 con el objetivo de conocer el estado de situación en cuatro ciudades fronteras, así como los recursos para abordar esta problemática, y el grado de defensa de los derechos de los niños/as y adolescentes. El proyecto es financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a un costo total de U$S 1.150.000, a Uruguay le corresponden U$S 200.000. El Inau cubrirá los gastos de sueldos del equipo de coordinación del proyecto así como los viáticos. EDADES Si bien la explotación sexual de niños se ve desde los 9 años hasta los 17, el promedio ronda entre los 14 y 17 años. "Predominan las mujeres, aunque existe un porcentaje menor de hombres. En Melo es donde existen más hombres en comparación con el resto de las tres ciudades", se indica. Las zonas de prostitución infantil más frecuentes están asociadas a lugares públicos como las líneas fronterizas, donde existe concentración de trabajadores que están de paso o con tareas zafrales, "pero también ocurre en los barrios, con los comerciantes o adultos mayores, por eso, en vez de ocultar el tema se debe denunciar", dijo Pereyra. Para tal fin se puede llamar, además de a la seccional del barrio, a la Línea Azul: 0800 50 50. Estas prácticas de prostitución también son habituales en las zonas de free shops, como sucede en el Chuy o Rivera. Algunos entrevistados definen a esta última como "la reina de la ilegalidad". Asimismo, se detectó otra práctica como el de propietarios rurales uruguayos y brasileños que realizan fiestas privadas en sus establecimientos e invitan a jovencitas. Para Pereyra lo peor es que se "tiende a ocultar por miedo o no se visualiza como un problema o ilegalidad; incluso las chicas suelen negar la situación, pero es real". Los clientes suelen ser brasileños o uruguayos solos -en general adultos mayores-, hacendados y personas que se encuentran de paso por su trabajo como transportistas por la caña de azúcar en Bella Unión o el arroz. La estrategia consiste en ponerse en contacto con las madres o padrastros que ofician de intermediarios, que en muchos casos tienen antecedentes familiares de abuso y explotación por parte de la madre. Entonces se perciben como una actividad natural. "En general, no sienten que puedan hacer otra cosa por su historia familiar. Es mejor hacer eso, peor es ser nada, y les permite sustentarse", añadió el experto. SIN DISTINCIÓN DE CLASE La situación económica aparece entre las principales causas de la explotación sexual, pero no es la única. También inciden la falta de un referente adulto, el consumo de drogas, la escasez de políticas públicas que promueven otro tipo de actividades para ocupar el tiempo libre, así como la violencia intrafamiliar. No son solos los pobres, también se ve en jóvenes de familias bastante pudientes la comercialización del cuerpo. Uno de los entrevistados planteó que "a veces para preservar un determinado estatus los adolescentes practican sexo por dinero, para adquirir una prenda de determinado valor porque quieren identificarse con determinado grupo… capaz que tiene que ver con ese consumismo que tenemos nosotros". Algunas chicas lo justificaban así: "Gurisas que te decían: 'Bueno pero si te acostás, es por algo, si sabés que los tipos no quieren nada con vos, se acuestan contigo y luego se van, por lo menos les sacás algo'. Estamos hablando de clase media y clase alta", distinguieron algunos entrevistados. DENUNCIAS Y ESTRATEGIAS La realización del diagnóstico llevó a una toma de conciencia y estado de alerta mayor, provocando la denuncia de tres casos de comercialización sexual, dos de ellos en Bella Unión y otro en la ciudad de Artigas. En los tres casos se trató de menores de edad entre 13 y 15 años, aún la Justicia investiga. "En uno de los casos se logró impedir que siguiera la situación, ya que se trataba de una niña que asistía a una casa de un adulto mayor y existía la sospecha de que allí existía la explotación", explicó a Ultimas Noticias Sergio Pereyra, coordinador del proyecto "Estrategia regional de lucha contra la trata y el tráfico de niñas, niños y adolescentes para fines de explotación sexual en Mercosur". El programa continuará este año con el diseño de un protocolo de intervención, la capacitación al personal del Inau y las asociaciones civiles. Por último el proyecto prevé la instalación de comités locales para la atención y tratamiento de los niños/as, adolescentes y sus familias a cada margen de la frontera, dado que surgió del diagnóstico como una carencia. TESTIMONIOS DESDE LA FRONTERA El trabajo de 223 páginas incluye testimonios de operadores y personas vinculadas a la problemática en todas las fronteras del país con Brasil. Algunos de ellos revelan con crudeza una realidad que se niega pero existe. - Están quienes sostienen que el fenómeno responde al ámbito familiar como estrategia de sobrevivencia: “Tuvimos un caso de una familia que prestaba a la hija por el alquiler y la luz de la casa”. - “Una vendedora de un local observaba que todos los días paraba un taxi, levantaba un gurí de esos que están en situación de calle a la misma hora, se lo llevaba y a la hora lo devolvía”, como una modalidad encubierta de explotación. - “Acá hay una persona específica que le dicen el ... que tiene su casa, que toma a las gurisas y se las vende a los brasileros, que se van a la carpa con ellos y él cobra un porcentaje”. - “Yo creo que está relacionado con el tema de adicciones, mi hija adolescente me cuenta que por consumir, una amiga se subió a un auto. Comenta que ve homosexuales que le dan a chiquilines de 13 o 14 años $ 100 y se suben”. - Otro entrevistado plantea que “hay gente que comenta que acá en Rivera hay un red pero no hay información. Incluso hay chiquilinas que dicen que ellas ‘van a la casa de un viejo’, que les ‘da dinero’ y cuando uno trata de ahondar en el tema no te dan información”."

Fuente: ULTIMAS NOTICIAS

Argentina: denuncian "ineficacia de las autoridades para luchar contra el hambre"

Clipping: CRIN

"El gobernador de Salta, el peronista José Manuel Urtubey, reconoció esta semana en un programa televisivo que en 2010 murieron en su provincia cinco niños víctimas de la malnutrición. En lo que va de año se ha confirmado ya un caso y otros dos están siendo investigados por el mismo motivo: hambre o alimentación deficiente. "La desnutrición infantil es un drama latente en la provincia de Salta", admitió Urtubey, aunque explicó que las condiciones han mejorado en relación con los datos de hace tres años, "cuando morían más de 30 niños al año".

Las primeras denuncias de muerte de niños por hambre este año fueron realizadas por una ONG y por los medios de comunicación que recogieron el relato de médicos y familiares. La muerte de Leandro, un bebé de 18 meses, y de Rocío, una niña de tres años, procedentes de la zona denominada Tartagal, fue presentada inicialmente como provocada por infecciones. En el último caso, un niño de año y medio llamado Julián, el certificado de defunción ya no dejó lugar a la polémica: "Shock séptico por desnutrición".

La prensa local recogió además testimonios del padre del primer niño fallecido, que explicó con toda crudeza lo ocurrido: "Cuando volví del monte a casa mis hijos me pedían comida, pero yo no tenía. Aquí hay días que comemos y otros que no. El sábado, cuando murió Leandro, no habíamos comido nada", aseguró.

A raíz del escándalo provocado por esa muerte y por la de Rocío, cuyos padres lograron llevarla a un hospital pero fue devuelta a casa por los médicos en cinco ocasiones, las autoridades sanitarias locales empezaron a reaccionar. Según el testimonio de algunos miembros de las comunidades afectadas, aparecieron enfermeros que se llevaron a otros cuatro niños en serio estado de malnutrición para ser internados y supervisar su recuperación.

La provincia de Salta, situada al norte de Argentina, a unos 1.600 kilómetros de Buenos Aires, y que curiosamente está experimentando un gran desarrollo turístico, tiene una importante población aborigen, que es la más afectada por la desnutrición y el abandono. Urtubey aseguró que el Estado "controla" 100.000 niños en esas comunidades, pero el nuevo escándalo demuestra que esa cifra es insuficiente y que deben existir muchos más fuera de todo tipo de mecanismos de ayuda.

La zona más afectada es la llamada Tartagal, con un alto índice de población indígena, de 50 comunidades distintas. Según portavoces de esas comunidades, el problema del hambre se recrudeció con el cierre de los colegios, donde existen comedores públicos (el verano austral comienza en diciembre), y el aumento del precio de los alimentos, que ha hecho que las ayudas sociales de 1.000 pesos mensuales destinadas a otros comedores comunitarios no alcancen para comprar abastecimientos suficientes. El calor y la ingesta de agua en malas condiciones fomentan además las diarreas y vómitos infantiles. Todos ellos son peligros conocidos, que las autoridades debieron prever pero que, una vez más, no han atajado ni controlado a tiempo.

La indignación por la muerte de niños (o de ancianos) víctimas de la malnutrición en el norte de Argentina es recurrente y suele estar impulsada por ONG y algunos grupos médicos, pero no ha conseguido aún que un país que es uno de los gigantes agroalimentarios del mundo, cree una red institucional capaz de erradicar el hambre, especialmente entre las comunidades indígenas.

Información adicional:

• Los derechos del niño en Argentina"

Ver en: CRIN

Fuente: El País.com

"Preocupación frente a riesgo de traumas psicólogicos, lesiones o incluso muerte de los niños y niñas afectados por los disturbios en Egipto"

Clipping: Save the Children

"Tenemos conocimiento de que hay niños y niñas envueltos en las protestas de los últimos días en El Cairo. Según Naciones Unidas, más de 300 personas han muerto, hay miles de heridos y se teme que la cifra siga aumentando.

“La combinación de un ambiente extremadamente tenso, bandos políticos enfrentados y armas en las calles ponen a los niños y niñas en serio peligro”, explica Jane Gibreel, Directora de Save the Children en Egipto. “Queremos lanzar un mensaje a todos los egipcios de que tienen la responsabilidad de proteger a los niños y niñas”.

En ausencia de patrullas de seguridad, las comunidades locales están estableciendo puestos de control para proteger a sus miembros. Hay niños y niñas defendiendo sus barrios de las bandas de delincuentes. Algunos, de corta edad, participan en vigilias nocturnas para evitar saqueos poniendo en extremo riesgo su seguridad.

“Los efectos de que los niños y niñas se vean envueltos en los disturbios podrían ser devastadores en términos de su inmediata seguridad y su salud psicológica”, añade Gibreel. “Cada egipcio debe asegurarse de que los niños se mantengan lo más seguros posibles durante esta oleada de violencia”.

Save the Children está haciendo un llamamiento a todas las partes en Egipto para que aseguren que los niños y niñas están protegidos de los riesgos que suponen los disturbios políticos. En el país, llevamos a cabo proyectos de educación y supervivencia infantil en todo el país."

Fuente: Save the Children

Amnistía Internacional: Comunicado de prensa | EGIPTO

"El ejército egipcio debe proteger a los manifestantes

Amnistía Internacional ha pedido hoy a las autoridades egipcias que protejan el derecho a la protesta pacífica mientras estallaban los enfrentamientos con grupos organizados de simpatizantes del gobierno que atacaban a los manifestantes en El Cairo y en todo Egipto.

Un equipo de investigación de Amnistía Internacional desplazado a Egipto informó de que la violencia parecía orquestada por las autoridades para sofocar las continuas protestas que reclaman reformas políticas.

“Parece que ahora el ejército está incumpliendo su compromiso de proteger a los manifestantes pacíficos”, ha declarado Hassiba Hadj Sahraoui, directora adjunta del Programa para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.

“El hecho de que se permita que continúen estos actos de violencia ante los ojos del ejército plantea la pregunta de si éste tiene órdenes de no intervenir.”

Esta misma mañana, el ejército conminó a los manifestantes antigubernamentales a que regresaran a su vida cotidiana tras el anuncio el martes del presidente Mubarak de que no se presentaría a la reelección.

Según los informes, el ejército permitió posteriormente que los manifestantes pro Mubarak llegaran hasta la plaza de Tahrir y atacaran a los manifestantes antigubernamentales.

Un miembro del personal de Amnistía Internacional que intentaba llegar a la plaza de Tahrir no pudo hacerlo por la acción de grupos de manifestantes pro Mubarak y vio a varias personas saliendo de la plaza con heridas, aparentemente como consecuencia de los enfrentamientos.

Ya se están produciendo ataques contra manifestantes antigubernamentales en otras ciudades de todo el país. En Mahalla, una zona industrial situada al norte de El Cairo, unos testigos presenciales declararon a los investigadores de Amnistía Internacional sobre el terreno que esta mañana habían visto salir camiones llenos de simpatizantes de Mubarak.

“Parece que gran parte de esta violencia está orquestada por las autoridades egipcias para forzar el fin de las protestas antigubernamentales, recuperar el control y aferrarse al poder ante la exigencia pública sin precedentes de que se vayan”, añadió Hassiba Hadj Sahraoui.

La violencia entre grupos de manifestantes encaja en una práctica familiar de la violencia política en Egipto, orquestada por las autoridades para crear disturbios y dispersar a los manifestantes.

En anteriores años de elecciones, Amnistía Internacional documentó el uso por las autoridades egipcias de matones a sueldo para intimidar a los votantes y dispersar reuniones de sus adversarios políticos.

En los últimos nueve años, los egipcios vienen manifestándose en un número sin precedentes por la reforma política y en materia de derechos humanos.

El martes, cientos de miles de personas se reunieron en lo que los organizadores llamaron “la protesta del millón” para pedir la dimisión del presidente Mubarak y que se pusiera fin a la corrupción, la pobreza y los abusos de la policía.

AMNISTÍA INTERNACIONAL
COMUNICADO DE PRENSA

2 de febrero de 2011
Índice AI: PRE01/040/2011

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Fuente: Amnistía Internacional- Uruguay

“En seguridad la participación ciudadana se debe manejar de una forma distinta que en otras políticas sociales”

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"Alejandra Lunecke*, coordinadora del Proyecto Consorcio Global para la Transformación del Sector Seguridad, conversó con Plataforma de Ciudades y destacó que el rol de los gobiernos locales es en la prevención, además de que la participación ciudadana debe tener un tratamiento cuidadoso en los temas de seguridad ciudadana. También da las claves de cómo los municipios pueden elaborar mejores estrategias en torno a estos temas.

¿Cómo los gobiernos locales, con sus ventajas y limitaciones, pueden aportar en las políticas de seguridad ciudadana?

Yo parto de la base de que toda política de seguridad ciudadana debe ser una política integral. Debe abordar por un lado las causas profundas que explican la delincuencia, la violencia e incluso el temor al delito y tiene además que haber una buena respuesta en materia de control y persecución criminal. Sin duda también deben haber opciones y oportunidades para quienes han pasado por el sistema penitenciario (sin ello la cárcel no cumple con su rol social).

Si existe un delito, este delito ocurre en un minuto y lugar determinado, porque alguien lo comete, y porque se dan en circunstancias que lo ayudan y por causas que lo explican. Estas causas, que llevan a que alguien cometa un delito o un hecho de violencia, deben ser abordadas a partir de políticas que las prevengan.

El rol de los gobiernos locales tiene relación con el hacerse cargo de aquellas causas o factores que llevan que ese delito o ese hecho de violencia ocurran, es decir, su rol está en la prevención. Los delitos no ocurren en el espacio o en cualquier lado, ocurren en un lugar determinado, en una comuna determinada, bajo circunstancias que lo facilitan. Es el municipio el que tiene la capacidad de conocer de mejor forma lo que ocurre en el territorio y tiene además, la facultad de articular las políticas urbanas y sociales en respuesta a dichas causas o factores que explican la criminalidad (salud, educación, planeamiento urbano, programas específicos de recreación y espacios públicos, desarrollo comunitario, etc). En este sentido, el municipio tiene la capacidad de coordinar y de poner en sinergia esas políticas sociales universales y además, dado el conocimiento acabado del territorio, puede implementar políticas focalizadas de prevención en grupos o sectores de mayor riesgo.

En conclusión, los gobiernos locales en general pueden hacer diagnósticos más certeros y acabados y más pertinentes respecto a la realidad y por ende pueden determinar mucho mejor dónde hay que intervenir, o dónde hay que aplicar las políticas. Yo te diría que los gobiernos locales tienen el conocimiento del territorio, la coordinación intersectorial, el liderazgo del alcalde y el vínculo con la comunidad, características que lo hacen ser espacio bastante favorable para desarrollar buenas políticas de prevención.

Para que un gobierno local sea exitoso en este ámbito debe idear su propio modelo de gestión y su estrategia, y en esto es fundamental que exista una visión estratégica, es decir que sea claro qué se quiere lograr a nivel de política local de seguridad. Ello permitirá diferenciar bien cuáles son las áreas y grupos de intervención para trabajar.

En resumen, creo que las claves son: enfoque territorial, participación ciudadana bien articulada, norte estratégico, diagnósticos pertinentes y participativos, y políticas más articuladas y depuradas.

¿En qué parte de esta estrategia de prevención es tan clave la participación ciudadana?

Creo que al respecto hay dos puntos que abordar: el primero dice relación con el tema de qué participación ciudadana hablamos en materia de seguridad. En Chile es necesario entender que la participación ciudadana en la prevención del delito no solamente se traduce en involucrar a vecinos a través de una junta vecinal o unidad funcional. Por un lado, estas instituciones vecinales están en crisis de representación lo que hace necesario abrir los espacios políticos a otros vecinos organizados u otras organizaciones sociales. En este sentido, existen instituciones de la sociedad civil como las iglesias, de bomberos, de escuelas, la cámara de comercio local, actores gremiales, corporativos, universidades, que son fundamentales en el diseño e implementación de políticas de seguridad. Allí existen muchos recursos locales con los cuales poder hacer estrategias de prevención social.

En segundo lugar, es necesario tener claro que en seguridad no es a priori positiva la participación ciudadana. En lo personal no creo que el rol de la ciudadanía sea ejercer el rol de guardián y o implementar prácticas de vigilantísimo. Para eso están las policías y la fiscalía que deben hacer labores de inteligencia policial. “La vecindad” no está llamada a “sapear”, con ello sólo se destruyen las confianzas, la solidaridad y el capital social, y en casos más extremos, se pone en riesgo la vida de los mismos vecinos. Con el fomento de estas estrategias sólo empobrecemos a nuestras comunidades.

Además en otro extremo, si uno analiza los linchamientos (tan comunes en Centroamérica), estos constituyen formas de participación comunitaria perfectamente organizada, el problema es que es negativo su objetivo. En este sentido, es necesario que recordemos que hace ya siglos las sociedades entregaron al Estado-nación el legítimo uso de la fuerza y el derecho de la coacción. Lo contrario es volver al estado naturaleza de Hobbes en que cada uno hace justicia por sus propias manos.

Así el concepto de participación ciudadana en este ámbito se tiende a complejizar y es importante tener claro que la participación ciudadana en materia de seguridad se debe manejar de una forma distinta a como se maneja en otras políticas sociales. Creo que el rol de la comunidad en seguridad tiene que ver con la prevención del delito, con la sana convivencia, con la socialización positiva y con el fortalecimiento del capital social. En materia de prevención las estrategias de participación pueden abocarse a iniciativas de prevención primaria (campañas que se hacen cargo de los factores de riesgo orientadas a población en general) y en algunos casos en estrategias de prevención secundaria como por ejemplo, implementación de guarderías comunitarias para niños que quedan solos, resolución pacífica de conflictos, entre otros. En prevención situacional la comunidad es buena aliada para participar en el diseño de los espacios públicos, su apropiación y cuidado de ellos.

Yo siempre lo he dicho, la participación ciudadana en seguridad no es para todos ni con todos, ni en todo, hay que tener mucha claridad en cómo, cuándo, dónde y para qué se invita a la comunidad a participar. Sin duda se les debe involucrar en el diagnóstico de los problemas, pero cuándo hay que hacer las intervenciones hay que tener mucha claridad en qué se le va a involucrar porque sino se puede convertir en una especie de “policiamiento comunitario” a nivel territorial y eso destruye el tejido social.

*Alejandra Lunecke es Licenciada en Historia y Cientista Política, y tiene un Magíster en Desarrollo Urbano y Estudios Territoriales por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha sido investigadora del Centro de Estudios para el Desarrollo (CED); Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile (CESC) y fue coordinadora e investigadora del Programa de Seguridad Urbana de la Universidad Alberto Hurtado. Actualmente trabaja en la FLACSO de Chile y coordina el Proyecto Consorcio Global para la Transformación del Sector Seguridad."

Fuente: plataformaciudades

Uruguay: Campaña de recolección de firmas contra endurecimiento de penas hacia menores de 18 años de edad

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"El Comité de los Derechos del Niño (CDN) y la Asociación Nacional de organizaciones no gubernamentales (Anong) de nuestro país comenzaron una campaña de recolección de firmas contra el "endurecimiento de los sistemas penales hacia niños, niñas y adolescentes". Las instituciones reúnen las adhesiones desde Internet.

Tras definirse cinco ejes en materia política en la Comisión Especial de Seguridad sobre delincuencia juvenil, integrada por legisladores de todos los partidos políticos, las asociaciones civiles responden con una propuesta de carta para que sea firmada por la ciudadanía. La propuesta va en paralelo a la recolección de firmas propuesta por el Partido Colorado para bajar la edad de imputabilidad y juzgar como adultos a los mayores de 16 años de edad.

La recolección de firmas desde Internet procura generar una movilización que lleve a un "debate" a partir de lo que estas organizaciones consideran un "endurecimiento" de las penas, teniendo en cuenta lo establecido por las normativas nacionales e internacionales de protección a la infancia. Además se solicita que el gobierno establezca mayores medidas de prevención y no "de represión" e intenta ser un llamador a la sociedad en contra de los mensajes de "estigmatización" de los adolescentes que se "dan" desde los medios de comunicación en cuanto a la delincuencia.

Las organizaciones se oponen a las propuestas de bajar la edad de imputabilidad, propuestas impulsadas por el Partido Colorado. También se manifiesta en contra del aumento de tiempo de pena de prisión y el mantenimiento de los antecedentes penales para los adolescentes, medida que fue anunciada por el Poder Ejecutivo este año.

La propuesta, que cuenta con el apoyo de todos los partidos políticos (no así de la totalidad del Frente Amplio), establece la posibilidad de modificar el Código de la Niñez y la Adolescencia sobre el no mantenimiento de los antecedentes penales de los menores de 18 años una vez que cumplan la mayoría de edad.

La carta, puesta a disposición de la opinión pública, expresa que "los colectivos, organizaciones y personas (...) expresamos nuestra preocupación por la situación actual que coloca a los adolescentes como los principales responsables de la inseguridad que aseguran se vive en nuestro país". Explica que "las políticas de mano dura que se están proponiendo no significan una respuesta adecuada". Esgrime como razón que "hasta la fecha ningún dato válido de fuente confiable, realizado con criterios medianamente serios y de calidad técnica, avala el supuesto auge de conductas delictivas por parte de adolescentes". Sostiene que "lo que sí esta avalado por abundantes cifras y fuentes indiscutibles son los indicadores negativos que afectan a la infancia y adolescencia uruguayas".

VIOLENCIA Y MEDIOS

La violencia en los medios de comunicación también es mencionado en el comunicado que proponen que sea firmado por quienes adhieran a la propuesta. "La violencia amplificada en los medios de comunicación que se vale del dolor de las víctimas expuesto impúdicamente se centra exclusivamente en la infancia y adolescencia como únicos causantes de la violencia", expresa. La carta pone en manifiesto que "los datos y las investigaciones hasta la fecha realizadas confirman una cuestión irrefutable: son los niños y adolescentes las principales víctimas de la violencia". Sostiene que "ni la baja de edad de imputabilidad, ni la preservación de los antecedentes, ni el incremento de las penas mejoran el estado de la seguridad de las personas, no reducen el temor, ni aportan el clima social adecuado, por el contrario generan mayor exclusión de los adolescentes, construyendo la ilusión de solucionar el problema". "En concreto, algunos actores políticos apuestan a presuntas soluciones que sólo producirán más gente presa a edades más tempranas y un aumento de la violencia tal como ocurrió en todos los países que se implementaron iguales medidas", añade. Por otro lado se explica que "se coloca en un puñado de adolescentes del país la responsabilidad de los problemas de seguridad, se abona un terreno fértil para un discurso de mano dura contra lo mejor que se ha logrado en la lucha por los derechos de la niñez y se ha consagrado en diferentes textos normativos: las garantías individuales y la limitación de la coacción estatal".

El documento recalca principios establecidos en la Constitución de la República como el que expresa que "en ningún caso se permitirá que las cárceles sirvan para mortificar". Por otra parte, señala que "las deficiencias estructurales de las instituciones encargadas de llevar adelante las sanciones privativas de libertad son elocuentes". Se opone al "encierro y ocio compulsivo, deterioro edilicio, malos tratos, tortura y muertes en los centros", que "son una constante de los últimos 20 años".

También critica que "poco se ha avanzado para hacer de estos sitios lugares donde la violencia se reduzca en términos significativos". Por ello llaman a que las instituciones encargadas en la protección de los niños y niñas contribuyan a "velar por los derechos del niño" con "celo", ya que la protección "debe profundizarse en esta temática"."

Ver en: CRIN

Fuente: La República.com.uy

Argentina: Esclavizados por promesa de una vida feliz...

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"VÍCTIMA DEL TRABAJO ESCLAVO"

"A la 1.35 hs de esta madrugada murió Ezequiel, el niño de seis años que desde los cuatro era esclavizado por la empresa Avícola, Nuestra Huella. El lunes de la semana pasada lo habían vuelto a operar, pero el tumor ya le había ocupado todo el cerebro. La corta vida de Ezequiel transcurrió la mayor parte de su tiempo entre la sangre y el guano de las gallinas y manipulando venenos con elementos cancerígenos de la empresa para cumplir a rajatabla con los topes de producción que la patronal le imponía a su familia.

Las maestras de la escuela de Ezequiel, ya habían advertido que el niño se dormía cuando iba a clase, hasta que a finales de setiembre se desmayó y fue llevado de urgencia a una clínica de Pilar. Durante semanas nadie tuvo noticias de él. La empresa prohibió terminantemente a los padres hablar del tema con sus compañeros de trabajo. Y logró la manera de modo muy simple: convenciendo a los padres que si algo le pasaba a Ezequiel ellos serían penalmente responsables e incluso les quitarían la tenencia de sus otros hijos y ofreciéndoles a cambio de su silencio, la atención médica del niño y eventualmente una suma de dinero en caso que hubiera un descenlace fatal. Paralizados por el miedo y la desesperación, los padres aceptaron el chantaje y se llamaron a silencio.

Ahora sabemos que de la Clinica de Pilar fue derivado a la Clínica del Centro de La Plata, donde se le detectó un tumor cancerígeno en el cerebro y de allí fue trasladado a otra Clínica en Laferrere, donde fue intervenido quirurjicamente y se pudo reducir parcialmente el avance del tumor. No obstante, cómo su situación seguía siendo muy grave, la empresa dispuso su traslado al Centro Gallego donde fue internado en terapia intensiva. A los pocos días el tumor volvió a reproducirse y se lo internivo quirurjicamente el lunes de la semana pasada, pero su situación siguió agravándose hora trás hora hasta que este martes a la madrugada falleció. Recién tomamos conocimiento hace un rato, porque su estado de salud desde hace días era un secreto guardado entre siete llaves por la empresa que quería evitar a toda costa que se indagara acerca de las causas que lo llevaron a esa situación terminal.

Ezequiel fue traído desde Misiones con su familia a fines de 2007 por uno de los reclutadores que opera al servicio de la presidenta de la empresa Nuestra Huella, Alejandra Lopez Camelo y que cobraba $ 2500 por cada familia que lograba engatusar. La promesa era dejar la pobreza extrema de Misiones, por un trabajo estable y una casa segura, donde los chicos crecerían en el campo y junto a la naturaleza. Los costos del traslado correrían por cuenta de la empresa. Y la familia sólo tenía que limitarse a aceptar el paraiso que les regalaban. Entre la pobreza extrema y crónica y un futuro de vivienda y trabajo estable, ni lo dudaron.

Al llegar a la granja «La Fernandez», la situación distaba mucho de lo prometido. Al padre lo pusieron a cargo de uno de los galpones, donde debía juntar miles de huevos por día, remover guano, juntar la sangre y distribuir el veneno. El tope de producción que le imponía la empresa era imposible de cumplir sin involucrar al resto del grupo familiar, lo cual era estimulado por los capataces de la empresa. Y si ese tope no se cumplía, se corría el riesgo de quedar sin trabajo y en la calle, esta vez a miles de kilometros del lugar de origen y los conocidos. Además, la familia debía pagar la «deuda» que habían contraído por el traslado a Buenos Aires. Fue asi que primero la esposa y luego los niños comenzaron a involucrarse en esas jornadas infernales de producción en el galpón. Lo mismo pasaba en los galpones vecinos, donde ya estaba naturalizado que todos los grupos familiares trabajen a destajo, pero sólo para conformar el salario del padre, un salario más bajo que el de un peón rural.

Cientos de familias más, son esclavizadas del mismo modo que la familia de Ezequiel en unas 70 granjas dispersas por Pilar, Zarate, Campana, Exaltación de la Cruz y Córdoba donde muchímos chicos están expuestos a correr la misma suerte que Ezequiel. Esas granjas son propiedad de «Nuestra Huella», una empresa que gozaba de prestigio y liderazgo en el mercado avícola y que tenía clientes poderosos como Wall Mart y Carrefour, hasta que comenzó a conocerse su costado más oscuro: trabajo esclavo e infantil, alambrados electrificados, trata y tráfico de personas.

Las horas y horas de filmación de trabajo infantil durante el 2008, 2009 y 2010, la granja allanada con la gente esclavizada y la alambrada electrificada, las 30 granjas de la empresa donde el Ministerio de Trabajo constató fehacientemente trabajo infantill en Nuestra Huella, los más de cuarenta testimonios de víctimas de la empresa, las filmaciones de las persecuciones y los intentos de sobornos a los denunciantes, los datos precisos de los reclutadores, nada, absolutamente nada fue suficiente para que la Jueza Graciela Cione (Garantias en lo Penal de Campana) y Adrián Charbay (Federal II de Zárate y Campana) se dispusieran a impartir un mínimo de justicia en las causas que tramitan por reducción a la servidumbre y trabajo infantil y trata laboral y trafico de personas respectivamente. Quizás el hecho de que la presidente de la empresa, Alejandra Lopez Camelo, sea prima hermana del intendente de Pilar , Humberto Zúccaro, cuñada del Secretario General de UATRE local Jorge Herrrera y que el ex intendente de Pilar, Sergio Bivort sea el abogado de la firma expliquen un poco acerca del manto de impunidad que rodea la empresa.

Desde el 2008 los costureros y cartoneros de la Alameda y el MTE vienen denunciando, juntando pruebas y movilizándose contra la esclavitud y el trabajo infantil en Nuestra Huella. Esta mañana, cuando no sabíamos que horas antes Ezequiel había muerto, más de doscientos compañeros marcharon a los dos juzgados penales de Campana exigiendo justicia por Ezequiel y por la salud y la vida de los más de 200 niños que viven y trabajan en las granjas de esa empresa y nos juramentamos volver en los próximos días.

La empresa no conforme con haber asesinado a Ezequiel, con haber envenenado a decenas de chicos y adultos, ahora se dispone a hacer desaparecer las evidencias y pretende trasladar rápidamente el cuerpo de Ezequiel y quizás cremarlo, fuera del alcance de cualquier pericia judicial que los comprometa y ponga en evidencia su responsabilidad por Ezequiel y por todos los niños y adulltos que manipullan venenos agrotóxicos en sus granjas. La Alameda y el MTE ahora más que nunca redoblará su esfuerzo reclamando justicia y convoca a todos los ciudadanos y periodistas honestos que repudian la esclavitud y el trabajo infantil a que se sumen a nuestro grito para romper el cerco de impunidad que rodea a Nuestra Huella.

Gustavo Vera (La Alameda) 1561584835

Juan Grabois (MTE) 1563843877

FUENTE: AGENCIA WALSH

Desde la Asamblea Permanente por los Derechos de la Niñez Gral.Pico La Pampa nos solidarizamos con la familia y adherimos a las iniciativas tomadas por los compañeros del MTE Y La Alameda.

EL HAMBRE ES UN CRIMEN

NI UN PIBE MENOS"

Ver en: Con Ternura Venceremos

"Haití sin cámaras"

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Por: Ramón Lobo

"En menos de un mes se cumple un año del terremoto que destruyó Puerto Príncipe, una ciudad asolada desde mucho antes por la miseria, la corrupción y el abandono. Llegó la ayuda en aluvión después del 12 de enero y se hizo lo que se pudo, mucho y mal, con descoordinación e ineficacia. Quien debía coordinar no coordinó. Esta vez la ONU tenía una excusa: la mayoría de los mandos de su misión en Haití falleció en el derrumbe del hotel Montana, su sede. No es fácil decidir prioridades cuando todo es prioritario, cuando apenas quedan infraestructuras ni Estado en pie, si es que alguna vez lo hubo más allá de los matones de Papa Doc y los corruptos e iluminados que le siguieron.

Se prepara el aniversario con actos de memoria y rezos. Algunas radios y televisiones extranjeras realizarán entrevistas y reportajes. TVE dedicó esta semana un tercio de 59 segundos a Haití, aunque de madrugada, a la hora de haitiana: muy off-off prime time.

Los medios de comunicación, que saltamos rápido de una noticia a otra como en el juego del tejo (rayuela), aguantamos cinco semanas consecutivas informando de Haití, un récord si se compara con las inundaciones de Pakistán. Mientras hubo foco en el Caribe, hubo donantes y ayuda masiva con cientos de ONG sobre el terreno, algunas de gran profesionalidad y eficacia; otras, con menos fortuna.

Los presidentes y primeros ministros vociferaron su generosidad como si pisaran el parqué de Wall Street. "Dono 15 millones: pues yo, 20 más". Los prometedores de caridad se citaron en marzo en Nueva York para disputarse los titulares. Una vez logrados, la ayuda prometida se estancó; la crisis mundial, otras las desgracias y prioridades, otros reclamos para conseguir o no perder votos. Algunos como la Francia de Nicolas Sarkozy hicieron juegos financieros malabares: condonación de una deuda que no iba a cobrar a cargo de las ayudas. Un buen negocio contable.

El Banco Interamericano de Desarrollo evaluó los daños del terremoto en una amplia horquilla, entre 5.300 millones y 9.800 millones de euros. En la cumbre de donantes de Nueva York se aprobaron 3.950 millones de euros a entregar en 18 meses. Han llegado poco más de mil. La Comisión Interina de Reconstrucción de Haití, presidida por Bill Clinton, ha solicitado esta semana el adelanto urgente del 50% de los fondos comprometidos en el primer semestre de 2011.

La pobreza tiene premuras que el dinero no entiende.

Paula Farias, presidenta de Médicos Sin Fronteras (MSF) en España, asegura que las noticias del brote de cólera -que ha matado a cerca de 3.000 personas y afecta a más de 100.000- tuvieron dos picos de interés informativo. Cuando se detectaron los primeros casos y cuando se superaron los mil muertos. Los picos duraron una semana. Un informe de MSF arranca con un titular demoledor: los Gobiernos redujeron la ayuda humanitaria en 2009, un año en el que ninguna emergencia fue mediática.

Si no hay medios, no hay donantes, no hay movilización. Es una cadena. España recaudó 100 millones de euros tras el terremoto; se ha desembolsado el 50%, según el presidente de la Coordinadora de ONG de Desarrollo, Eduardo Sánchez Jacob.

No hay muertos bajo las ruinas ni olores fétidos ni escombros más allá del perímetro donde estaba el edificio, pero parece que el terremoto fue ayer, asegura una voluntaria de MSF, la organización que lidera la lucha contra el cólera junto a los médicos cubanos. Farias asegura que en el caso de cólera no hay un problema de fondos sino de infraestructuras. Se han destinado 11 millones de euros, un 1% del total que ha llegado. La ONU ha aceptado una investigación independiente sobre el origen del brote, que podría estar en los cascos azules nepalíes.

El problema de Haití es que no existe una contraparte eficaz. No hay Gobierno y el poco que aparece es corrupto e ineficaz. Las elecciones presidenciales celebradas el 28 de noviembre no aportan una salida. Se denuncia el fraude en las papeletas cuando el fraude mayor es la miseria.Se negocian soluciones para una segunda vuelta, que podría incluir tres candidatos. Democracia a la carta.

Más del 80% de los haitianos con preparación viven en el extranjero. Los que pudieron huir, huyeron.

Un millón trescientas mil personas sigue viviendo en tiendas en campamentos improvisados 11 meses después de perder sus hogares. Problemas legales sobre la propiedad de la tierra y una cierta incapacidad general no logran resolver esta bomba de relojería. El brote de cólera ha respetado de momento estos campamentos, pero son vulnerables a cualquier enfermedad, incluida la de la desesperación.

La solución, como el de muchos países pobres del Tercer Mundo, es la educación sostiene José Antonio Guardiola, director de En Portada de TVE y que acaba de regresar de Haití. Que la comunidad internacional establezca un compromiso serio y constante durante 25 años.

Una de las lecturas que se desprenden de los papeles de Wikileaks es la existencia de un doble lenguaje, uno para los medios de comunicación y los votantes y otro para gestionar la realidad entre bambalinas, de forma reservada, secreta.

Se hace una política sin personas. El objeto es salir en las imágenes, colocar el mensaje cocinado, estar. Sucede en el periodismo también. Sin personas en el centro de las ayudas, en el centro de los reportajes, como el niño guitarrista Florvie Dieuveson, Haití es invisible."

Fuente: EL PAÍS.COM