lunes, 28 de febrero de 2011

"La impunidad hipoteca el futuro"

Clipping:

Por Hernán Patiño Mayer, e

x embajador argentino en Uruguay.


"La fuente última de los derechos humanos no se encuentra en la mera voluntad de los seres humanos, en la realidad del Estado o en los poderes públicos, sino en el hombre mismo y en Dios su Creador. Estos derechos son ‘universales e inviolables y no pueden renunciarse por ningún concepto’.” (Pontificio Consejo Justicia y Paz. Año 2005)


En La Nación del miércoles 8 del corriente, el ex presidente uruguayo Julio María Sanguinetti, ante quien tuve el honor de representar a mi gobierno durante dos de los más de diez años en que serví como embajador en el Uruguay, nos expone una versión de la historia reciente de su país bajo el sugestivo título de “Los peligros de falsificar el pasado”. No quiero aquí cuestionar esa interpretación. Ya lo han hecho con más autoridad muchos compatriotas suyos. Quiero exclusivamente referirme a un párrafo de su nota que, por su carácter taxativo, reclama una réplica. Dice Sanguinetti: “Demasiados desafíos nos acucian como para seguir revolviendo cenizas. Un pueblo que no sabe perdonar se arriesga a repetir su pasado. Como entidad nacional, lo ha sabido hacer Uruguay, que incluso ha ratificado con su voto, por dos veces, la amnistía a los militares”. Desgraciada la metáfora con la que lo inicia. No se trata, Dr. Sanguinetti, de “revolver cenizas”, sino de hallar las de aquellos asesinados sin tumba, clausurando así el atropello criminal que se sigue perpetrando al violar una de las más ancestrales (exclusiva) conductas del género humano, cual es la de enterrar y honrar a sus propios muertos. Ningún desafío del futuro puede dejar impaga esta deuda con el pasado, salvo que se legalice la impunidad. Me ha tocado participar en Montevideo por lo menos en diez oportunidades de la dolorosa recordación de “La Noche de los Cristales Rotos” (Kristallnacht). Casi siempre se hallaba presente el ex presidente. Nunca le escuché, ni tampoco leí, una recomendación suya dirigida a la comunidad judía proponiendo no “revolver las cenizas” y mucho menos la afirmación temeraria de que “un pueblo que no sabe perdonar se arriesga a repetir su pasado”. Pero vayamos al perdón. Como bien lo sabe el presidente Sanguinetti, el concepto del perdón es hijo del cristianismo. Hasta entonces la venganza en lo individual y la muerte o la esclavitud en lo colectivo eran las consecuencias de las ofensas o de las derrotas militares. Pero el perdón para los cristianos no es un acto gratuito y mucho menos puede ser impuesto por voluntades extrañas a las propias víctimas. El 15 de mayo de 1999, el entonces obispo de Morón, Justo Laguna, decía que el perdón supone “el arrepentimiento claro y expreso, el arrepentimiento desde luego interior, pero también exterior. Todo el que comete un delito está absolutamente obligado a arrepentirse de lo que ha hecho”. Ni en la Argentina, menos en el Uruguay, los responsables del terrorismo de Estado han manifestado arrepentimiento alguno por las atrocidades cometidas. Peor aún, dos meses atrás, asistimos estupefactos a la repugnante reivindicación de ese terrorismo, que Videla y Menéndez hicieron ante el tribunal que en Córdoba los condenó a cadena perpetua. En Uruguay, sólo días atrás, un militar detenido hizo declaraciones públicas reivindicando los secuestros, las torturas y las desapariciones y un numeroso grupo de oficiales retirados lanzó frases amenazantes ante las investigaciones que tramita la Justicia. Sería interesante que el Dr. Sanguinetti nos explicara cómo se puede perdonar a quienes hacen gala de tanto nihilismo y contumacia. Cómo perdonar a quienes reivindican el horror y amenazan con repetirlo. Conviene agregar que para que el perdón sea factible la doctrina cristiana exige dos requisitos más: la reparación del daño causado en toda su extensión posible (restitutio in integrum) y el firme compromiso de no repetir la ofensa.

Finalmente, con respecto a la ley de amnistía que según Sanguinetti ha permitido a los uruguayos superar el pasado, dada su ratificación en dos plebiscitos (el último con un 48 por ciento de votos en contra) cae el ex presidente en un grave error conceptual. Los derechos humanos y sus violaciones no son objeto, ni responden, ni se subordinan a la voluntad de mayorías circunstanciales por muchas que sean las veces que ésta se manifieste. El bien jurídico protegido es la dignidad suprema del hombre y su derecho inalienable a la justicia cuando ésta es avasallada. No hay ley que merezca llamarse tal si ampara su violación o deja sin castigo a sus responsables. En este sentido, me permito recomendarle la lectura completa del magnífico trabajo publicado por La Nación en su edición del 31 de agosto de 2005, firmado por el ex juez de la Corte Suprema de Justicia Argentina Gustavo Bossert, que en uno de sus párrafos textualmente dice: “Los crímenes que a lo largo de la historia se han cometido usando el aparato estatal (son)... crímenes de lesa humanidad, que no pueden beneficiarse ni de la prescripción ni del perdón ni aun bajo amnistías encubiertas, y deben, en cambio, permitir a las víctimas y dar lugar, entonces, a un juicio justo”.

Al contrario de lo que expresa el ex presidente, si un pueblo perdonara sin que sus victimarios reconocieran sus delitos, se arrepintieran públicamente de ellos, buscaran repararlos y asumieran el compromiso de no repetirlos, lo que haría, aunque circunstancialmente lo ignore, es hipotecar su futuro en garantía de un pasado que no ha sido capaz de resolver a través de la verdad y la justicia."


Fuente: http://www.facebook.com/note.php?note_id=169757819738181&id=100001269131776

jueves, 10 de febrero de 2011

Uruguay: "El alto precio". Un tema para nada menor.

Clipping: la diaria

"Para Milton Romani, en la izquierda hay una “visión angelical” de la seguridad ciudadana."

"El director de la Junta Nacional de Drogas, Milton Romani, piensa que la izquierda no debería “refugiarse siempre” en las “causas últimas” de la violencia y el delito, y que para enfrentar esos problemas no basta con políticas sociales. Romani dijo que es un “mal negocio” que la gente se arme y que la clase política se equivoca cuando focaliza el debate en los menores infractores. También cuestionó a los medios de comunicación por su manejo de la información policial: “Es una estupidez lo que hacen los canales de televisión, lo único que hacen es promover el delito”.

-El sociólogo Rafael Paternain piensa que hay una nueva hegemonía conservadora en el abordaje de los temas de seguridad. ¿Qué opina?

-Aprecio mucho el trabajo de Paternain, pero me parece una conclusión que todavía resulta muy temeraria. Más que una hegemonía conservadora hay una ausencia política muy importante y también de la academia, con excepciones como la de Paternain.

Si uno busca hoy investigaciones en las ciencias sociales sobre seguridad ciudadana o sobre la institución policial, encuentra poco y nada, algo parecido a lo que pasaba con el tema Fuerzas Armadas hace unos años, hasta que Julián González y otra gente se pusieron a estudiarlo. La academia y el sistema político no han enfocado seriamente la seguridad como un problema político y eso evidentemente deja vacíos que pueden llegar a ser ocupados por esas corrientes conservadoras, que reproducen el sentido común primario e intentan hacer política con esto.

-¿Que sucede actualmente en la izquierda?

-La izquierda tiene prejuicios con la aplicación de la ley y no sabe cómo resolver esa cuestión. La ley está para ser aplicada, pero el sesgo nuestro tiene que ser que sea pareja para todos. No sirve refugiarse siempre en las causas últimas de la violencia y el delito, eso puede ser un discurso explicativo, pero después hay problemas que hay que solucionar. En la izquierda tenemos una visión angelical sobre la seguridad y pensamos que con políticas sociales y generación de empleo ya basta. Ésas son condiciones necesarias pero no suficientes, hay problemas concretos de diversos tipos de actividades delictivas que hay que encararlos con sus especificidades. Tenemos que abrir el abanico de los problemas que tenemos, no centrar la discusión en un único tema.

-¿Hoy ese tema sería la minoridad infractora?

-Uno de los errores más graves que está cometiendo el sistema político es pensar que el único problema que existe es el de los menores en conflicto con la ley. Claro que hay que darle soluciones, pero tenemos otros problemas, como las violencias ciudadanas, en el deporte y a nivel doméstico. El crimen organizado de más alto nivel no está en otro lugar del planeta, lo tenemos acá y con fuertes vínculos con los señores de cuello duro. El problema es que hemos entrado en una cultura de la banalidad del delito en la que si te ofrecen un negocio lo agarrás por más que sepas que es medio trucho. Si te ofrecen algo robado lo comprás y si te ofrecen entrar en una vaquita de 40 mil dólares para un cargamento de cocaína capaz que lo agarrás, por más que seas un empresario exitoso del deporte. Y si se puede lavar dinero haciendo transacciones en el fútbol también entrás. Nos seguimos manejando con valores puros y duros del capitalismo más salvaje, y todo sirve para hacer un mango.

Muchos piden a gritos que les cortemos la cabeza a los pibes chorros, pero cuando están involucrados abogados o escribanos dicen que no hay que tocarlos porque es un estilo de vida. Eso no me sirve. En una verdadera cultura de seguridad ciudadana hay que arrancarle la cabeza a cualquiera que se lo merezca, y caiga quien caiga.

-¿La reacción corporativa en defensa del abogado Carlos Curbelo Tammaro es un síntoma de esta situación?

-Es algo sumamente significativo y paradójico. Porque si se trata de aumentar las penas o bajar la edad de la imputabalidad hay gente que está dispuesta a violar derechos elementales de los niños, pero cuando procesamos a un abogado que hizo negocios con un narcotraficante [José Luis Suárez] y le facilitó el lavado, surgieron voces de que se estaban avasallando las garantías de un abogado en la relación con su cliente o que la figura del colaborador también lesionaría, según ellos, determinados derechos y garantías. ¿El daño que ocasiona el pequeño arrebato y la rapiña es más importante que el deterioro moral y económico que produce un narcotraficante? ¿O el costo que implica que un alto oficial de las Fuerzas Armadas cometa delitos de crimen organizado en la Armada? No pido que minimecemos nada, pero sí que seamos justos.

-¿Qué opina de la tenencia de armas?

-Es un mal negocio que la gente se arme. Va en contra del ciudadano e incrementa los niveles de violencia. No se puede desplegar el criterio liberal e individualista de que cada uno se arme; el encargado de la seguridad tiene que ser el Estado. Pongo un ejemplo, el problema en la frontera de México y Estados Unidos no es sólo la cocaína, sino que los narcotraficantes se proveen de armas en el mercado estadounidense. La tipificación del delito de tráfico de armas es un debe que tiene Uruguay, y es un error garrafal pensar que la ley de la selva nos puede llevar a buen puerto.

-En un artículo de Cuadernos de compañero, del PVP, cuestionaba la irresponsabilidad de algunos medios. ¿Es partidario de regular los contenidos?

-No me atrevería a tanto, las medidas punitivas nunca llegan a buen puerto. Trabajé mucho en prevención del suicidio y hay un mito construido por la propia prensa de que no se puede informar sobre suicidios; pero no hay ninguna norma que lo establezca. No deja de ser una autorregulación llamativa. Hoy los informativos presentan noticias de carácter violento que no cumplen ninguna función social y que estimulan la violencia. He visto noticias que prácticamente son un manual de uso de la pasta base.

No se entiende la fisura que hay respecto a una población muy importante, y que aumentar las penas o bajar la edad de imputabilidad no provocará allí ningún efecto disuasivo. Esos pibes que vienen de cuatro generaciones de exclusión tienen otros códigos. En Cerro Norte, a los gurises que aparecen en la televisión vinculados a delitos los festejan en el barrio. Es una estupidez lo que hacen los canales de televisión, lo único que hacen es promover el delito y que los gurises salgan a robar como quien anda buscando cámara."

Lucas Silva

Fuente: ladiaria.com

miércoles, 9 de febrero de 2011

"Adolescencia, ciudadanía, justicia y seguridad"

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Por Norberto Liwski *

"Una vez más, y como una conducta espasmódica detrás de un acto criminal producido por un adolescente, este sector de la sociedad ha sido colocado en el centro de un debate mediático que, salvo en honrosas excepciones, como la manifestada por la Dra. Adriana Puiggrós, han propiciado un reduccionismo de análisis que aleja a la ciudadanía de una perspectiva integral y democrática en la relación con la Justicia penal juvenil. Es necesario recuperar, dentro de la diversidad de enfoques, el mayor respeto por la adolescencia en general y particularmente por quienes atravesando un ciclo de crecimiento expresado en el continuo despojo de derechos se encuentran en condiciones socialmente desfavorables y expuestos al conflicto con la ley penal. El respeto que se requiere no significa ignorar las complejas realidades, sino evitar las distorsiones de la misma que tienen el deliberado propósito de generar falsas interpretaciones y promover la estigmatización de estos jóvenes.

La incidencia política basada en datos y construida bajo la perspectiva de los derechos humanos constituye una de las garantías sobre las cuales resulta viable, no sólo un correcto diagnóstico del complejo escenario social sino contribuir al desarrollo de políticas públicas y debates parlamentarios que proyecten a la sociedad en una elevada reflexión democrática e incorporen la palabra de los propios adolescentes y jóvenes como un recurso indispensable.

Se menciona con enorme frecuencia y con excesiva frivolidad la Convención sobre los Derechos del Niño para, desde ella, fundar posiciones que resultan muchas veces contradictorias con las disposiciones y principios del referido tratado de derechos humanos incorporado a la Constitución nacional. Precisamente el Organo de Tratado previsto por la propia Convención para dar seguimiento y monitoreo a la aplicación de la misma, es decir el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, debe ser parte activa en este debate nacional en ajuste a sus propias observaciones y recomendaciones. En tal sentido, cabe recordar que el examen al tercer informe del Estado argentino efectuado en el pasado mes de mayo de 2010 constituye un dato de referencia insalvable en la implementación de las políticas y legislaciones de niñez y adolescencia.

Por consecuencia, resulta de utilidad tener presente el capítulo destinado a la administración de Justicia penal juvenil y en las cuales recomienda, entre otras medidas, derogar la ley 22.378 –sancionada por la última dictadura militar– y aprobar una ley compatible con la Convención insistiendo en el respeto del niño a ser escuchado en los procesos judiciales y a promover políticas de sanciones alternativas a la privación de la libertad y medidas de reintegración social.

El mismo Comité en su Comentario General del 10 de febrero de 2007 “Los Derechos del Niño en la Justicia de Menores”, al referirse a la edad mínima penal, reconoce dentro de los 193 Estados parte la existencia de un amplio margen de edades mínimas respecto de la responsabilidad penal y plantea un “encomiable máximo de 14 a 16 años...”. Al mismo tiempo y en ese mismo documento se exhorta a los Estados a mantener una política de elevación de la edad mínima y en ningún caso se recomienda su reducción.

Por otro lado, al examinar algunas variables de la adolescencia en la provincia de Buenos Aires –mencionada en las recomendaciones del Comité– podemos constatar los siguientes datos suministrados por la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia relativa al primer semestre del año 2010 en la que se establece que la participación de niños y adolescentes en las investigaciones penales preparatorias (IPP) representa el 4,3 por ciento y respecto del delito de homicidios el 1 por ciento del total de la provincia de Buenos Aires.

Desde otro ángulo de análisis, y en lo que se refiere a la inseguridad adolescente en la misma jurisdicción, se puede observar que los índices de mortalidad adolescentes por causas externas, es decir causas violentas, representan el segmento etario de mayor incidencia. Así el Ministerio de Salud de la provincia informa que las defunciones de adolescentes por homicidio significaron al año 2009 el 10,6 por ciento del total de muertes por homicidios, a las cuales se les deben agregar otras causas como suicidios, en un alarmante progreso, accidentes de transporte u otras muertes violentas cuyo origen se encuentra en estado de investigación judicial.

El debate democrático y libre de especulaciones que desvían la atención de los problemas de la adolescencia en su real dimensión requiere de un mayor rigor de análisis que permita alcanzar la elaboración de una política pública y una legislación que deje en el pasado la rémora de la dictadura y que armonice con la realidad efectiva, con los compromisos internacionales asumidos por el país y con un profundo esfuerzo colectivo para ensanchar la cultura de la integración social y la no discriminación.

* Vicepresidente del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas. Mandato 2003-2007."

Fuente: Página/12

martes, 8 de febrero de 2011

Ay, Uruguay: el mito de ser los mejores....

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"Informe revela serios problemas en enseñanza Secundaria

Siete de cada 10 uruguayos no terminan el liceo

Un informe del Instituto Nacional de Estadística (INE) basado en la encuesta de hogares revela que Uruguay tiene la peor tasa de aprobación liceal del Mercosur. Entre las cifras que se difunden se indica que el 75% de los uruguayos mayores de 15 años no terminó la enseñanza secundaria, informó El Observador.

Otro de los datos que se maneja es que el 48% de los uruguayos tampoco logró terminar los primeros tres años de liceo o enseñanza básica.

Una de las conclusiones del estudio es que Uruguay está posicionado en el peor lugar del Mercosur detrás de Paraguay, que tiene al 63,6% de sus ciudadanos sin haber terminado el liceo, según la encuesta ampliada de hogares de 2009.

Argentina es el país mejor ubicado en la región tomando ese indicador con el 51,7% de los mayores de 15 años sin terminar el bachillerato. En Brasil, es el 61,4% el porcentaje de habitantes que tampoco lo logró."

Fuente: Observa.com

Uruguay: explotación sexual infantil, práctica habitual en la frontera con Brasil

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"Uruguay realizó un diagnóstico sobre la explotación sexual infantil en la frontera con Brasil y diseña estrategias de atención. El trabajo permitió identificar como habitual la explotación sexual por parte de familiares de adolescentes de entre 14 y 17 años, fundamentalmente del sexo femenino. De todas formas, no se descarta la existencia de una red en algunos casos.

EN MUCHOS CASOS LOS FAMILIARES SON LOS PROMOTORES; EXISTE MIEDO A DENUNCIAR



“En las cuatro ciudades fronterizas con Brasil se constató la presencia de la explotación sexual infantil. Si bien existen algunas posibles redes, no es lo más frecuente, lo habitual es la explotación por parte de los familiares", expresó a Ultimas Noticias Sergio Pereyra, coordinador del proyecto por parte del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (Inau).

Dicha conclusión se desprende de un estudio exploratorio sobre la temática que desarrolló la Facultad de Psicología de la Udelar, a pedido del Inau, en el marco del proyecto "Estrategia regional de lucha contra la trata y el tráfico de niñas, niños y adolescentes para fines de explotación sexual en Mercosur".

Las ciudades bifronterizas involucradas son: Chuy uruguayo y brasileño, Río Branco con Yaguarón; Rivera y Santana de Libramento; Bella Unión y Barra do Quarí, Uruguay analizó las nacionales y Brasil se encuentra en proceso de diagnóstico.

El diagnóstico fue realizado en base a entrevistas semiestructuradas a personas calificadas que trabajan en asuntos de niñez y adolescencia en distintas áreas: salud, educación, seguridad y minoridad.

Se realizaron unas 30 entrevistas por ciudad y en todos los casos se constató el ocultamiento del tema. Incluso, en la ciudad de Rivera algunos entrevistados manifestaron que "el trabajo infantil, la venta callejera y el trabajo doméstico, también aparecen como una modalidad encubierta para facilitar la explotación sexual". Al mismo tiempo Pereyra destacó que existe una "gran desinformación con respecto a las leyes entre los actores comunitarios y falta de recursos".

El estudio fue llevado a cabo en 2010 con el objetivo de conocer el estado de situación en cuatro ciudades fronteras, así como los recursos para abordar esta problemática, y el grado de defensa de los derechos de los niños/as y adolescentes.

El proyecto es financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a un costo total de U$S 1.150.000, a Uruguay le corresponden U$S 200.000. El Inau cubrirá los gastos de sueldos del equipo de coordinación del proyecto así como los viáticos.

EDADES

Si bien la explotación sexual de niños se ve desde los 9 años hasta los 17, el promedio ronda entre los 14 y 17 años. "Predominan las mujeres, aunque existe un porcentaje menor de hombres. En Melo es donde existen más hombres en comparación con el resto de las tres ciudades", se indica.

Las zonas de prostitución infantil más frecuentes están asociadas a lugares públicos como las líneas fronterizas, donde existe concentración de trabajadores que están de paso o con tareas zafrales, "pero también ocurre en los barrios, con los comerciantes o adultos mayores, por eso, en vez de ocultar el tema se debe denunciar", dijo Pereyra. Para tal fin se puede llamar, además de a la seccional del barrio, a la Línea Azul: 0800 50 50.

Estas prácticas de prostitución también son habituales en las zonas de free shops, como sucede en el Chuy o Rivera. Algunos entrevistados definen a esta última como "la reina de la ilegalidad". Asimismo, se detectó otra práctica como el de propietarios rurales uruguayos y brasileños que realizan fiestas privadas en sus establecimientos e invitan a jovencitas. Para Pereyra lo peor es que se "tiende a ocultar por miedo o no se visualiza como un problema o ilegalidad; incluso las chicas suelen negar la situación, pero es real".

Los clientes suelen ser brasileños o uruguayos solos -en general adultos mayores-, hacendados y personas que se encuentran de paso por su trabajo como transportistas por la caña de azúcar en Bella Unión o el arroz. La estrategia consiste en ponerse en contacto con las madres o padrastros que ofician de intermediarios, que en muchos casos tienen antecedentes familiares de abuso y explotación por parte de la madre. Entonces se perciben como una actividad natural. "En general, no sienten que puedan hacer otra cosa por su historia familiar. Es mejor hacer eso, peor es ser nada, y les permite sustentarse", añadió el experto.

SIN DISTINCIÓN DE CLASE

La situación económica aparece entre las principales causas de la explotación sexual, pero no es la única. También inciden la falta de un referente adulto, el consumo de drogas, la escasez de políticas públicas que promueven otro tipo de actividades para ocupar el tiempo libre, así como la violencia intrafamiliar. No son solos los pobres, también se ve en jóvenes de familias bastante pudientes la comercialización del cuerpo.

Uno de los entrevistados planteó que "a veces para preservar un determinado estatus los adolescentes practican sexo por dinero, para adquirir una prenda de determinado valor porque quieren identificarse con determinado grupo… capaz que tiene que ver con ese consumismo que tenemos nosotros". Algunas chicas lo justificaban así: "Gurisas que te decían: 'Bueno pero si te acostás, es por algo, si sabés que los tipos no quieren nada con vos, se acuestan contigo y luego se van, por lo menos les sacás algo'. Estamos hablando de clase media y clase alta", distinguieron algunos entrevistados.

DENUNCIAS Y ESTRATEGIAS


La realización del diagnóstico llevó a una toma de conciencia y estado de alerta mayor, provocando la denuncia de tres casos de comercialización sexual, dos de ellos en Bella Unión y otro en la ciudad de Artigas. En los tres casos se trató de menores de edad entre 13 y 15 años, aún la Justicia investiga. "En uno de los casos se logró impedir que siguiera la situación, ya que se trataba de una niña que asistía a una casa de un adulto mayor y existía la sospecha de que allí existía la explotación", explicó a Ultimas Noticias Sergio Pereyra, coordinador del proyecto "Estrategia regional de lucha contra la trata y el tráfico de niñas, niños y adolescentes para fines de explotación sexual en Mercosur". El programa continuará este año con el diseño de un protocolo de intervención, la capacitación al personal del Inau y las asociaciones civiles. Por último el proyecto prevé la instalación de comités locales para la atención y tratamiento de los niños/as, adolescentes y sus familias a cada margen de la frontera, dado que surgió del diagnóstico como una carencia.

TESTIMONIOS DESDE LA FRONTERA

El trabajo de 223 páginas incluye testimonios de operadores y personas vinculadas a la problemática en todas las fronteras del país con Brasil. Algunos de ellos revelan con crudeza una realidad que se niega pero existe.

- Están quienes sostienen que el fenómeno responde al ámbito familiar como estrategia de sobrevivencia: “Tuvimos un caso de una familia que prestaba a la hija por el alquiler y la luz de la casa”.

- “Una vendedora de un local observaba que todos los días paraba un taxi, levantaba un gurí de esos que están en situación de calle a la misma hora, se lo llevaba y a la hora lo devolvía”, como una modalidad encubierta de explotación.

- “Acá hay una persona específica que le dicen el ... que tiene su casa, que toma a las gurisas y se las vende a los brasileros, que se van a la carpa con ellos y él cobra un porcentaje”.

- “Yo creo que está relacionado con el tema de adicciones, mi hija adolescente me cuenta que por consumir, una amiga se subió a un auto. Comenta que ve homosexuales que le dan a chiquilines de 13 o 14 años $ 100 y se suben”.

- Otro entrevistado plantea que “hay gente que comenta que acá en Rivera hay un red pero no hay información. Incluso hay chiquilinas que dicen que ellas ‘van a la casa de un viejo’, que les ‘da dinero’ y cuando uno trata de ahondar en el tema no te dan información”."

Argentina: denuncian "ineficacia de las autoridades para luchar contra el hambre"

Clipping: CRIN

"El gobernador de Salta, el peronista José Manuel Urtubey, reconoció esta semana en un programa televisivo que en 2010 murieron en su provincia cinco niños víctimas de la malnutrición. En lo que va de año se ha confirmado ya un caso y otros dos están siendo investigados por el mismo motivo: hambre o alimentación deficiente. "La desnutrición infantil es un drama latente en la provincia de Salta", admitió Urtubey, aunque explicó que las condiciones han mejorado en relación con los datos de hace tres años, "cuando morían más de 30 niños al año".

Las primeras denuncias de muerte de niños por hambre este año fueron realizadas por una ONG y por los medios de comunicación que recogieron el relato de médicos y familiares. La muerte de Leandro, un bebé de 18 meses, y de Rocío, una niña de tres años, procedentes de la zona denominada Tartagal, fue presentada inicialmente como provocada por infecciones. En el último caso, un niño de año y medio llamado Julián, el certificado de defunción ya no dejó lugar a la polémica: "Shock séptico por desnutrición".

La prensa local recogió además testimonios del padre del primer niño fallecido, que explicó con toda crudeza lo ocurrido: "Cuando volví del monte a casa mis hijos me pedían comida, pero yo no tenía. Aquí hay días que comemos y otros que no. El sábado, cuando murió Leandro, no habíamos comido nada", aseguró.

A raíz del escándalo provocado por esa muerte y por la de Rocío, cuyos padres lograron llevarla a un hospital pero fue devuelta a casa por los médicos en cinco ocasiones, las autoridades sanitarias locales empezaron a reaccionar. Según el testimonio de algunos miembros de las comunidades afectadas, aparecieron enfermeros que se llevaron a otros cuatro niños en serio estado de malnutrición para ser internados y supervisar su recuperación.

La provincia de Salta, situada al norte de Argentina, a unos 1.600 kilómetros de Buenos Aires, y que curiosamente está experimentando un gran desarrollo turístico, tiene una importante población aborigen, que es la más afectada por la desnutrición y el abandono. Urtubey aseguró que el Estado "controla" 100.000 niños en esas comunidades, pero el nuevo escándalo demuestra que esa cifra es insuficiente y que deben existir muchos más fuera de todo tipo de mecanismos de ayuda.

La zona más afectada es la llamada Tartagal, con un alto índice de población indígena, de 50 comunidades distintas. Según portavoces de esas comunidades, el problema del hambre se recrudeció con el cierre de los colegios, donde existen comedores públicos (el verano austral comienza en diciembre), y el aumento del precio de los alimentos, que ha hecho que las ayudas sociales de 1.000 pesos mensuales destinadas a otros comedores comunitarios no alcancen para comprar abastecimientos suficientes. El calor y la ingesta de agua en malas condiciones fomentan además las diarreas y vómitos infantiles. Todos ellos son peligros conocidos, que las autoridades debieron prever pero que, una vez más, no han atajado ni controlado a tiempo.

La indignación por la muerte de niños (o de ancianos) víctimas de la malnutrición en el norte de Argentina es recurrente y suele estar impulsada por ONG y algunos grupos médicos, pero no ha conseguido aún que un país que es uno de los gigantes agroalimentarios del mundo, cree una red institucional capaz de erradicar el hambre, especialmente entre las comunidades indígenas.

Información adicional:


Ver en: CRIN
Fuente: El País.com

jueves, 3 de febrero de 2011

"Preocupación frente a riesgo de traumas psicólogicos, lesiones o incluso muerte de los niños y niñas afectados por los disturbios en Egipto"

Clipping: Save the Children

"Tenemos conocimiento de que hay niños y niñas envueltos en las protestas de los últimos días en El Cairo. Según Naciones Unidas, más de 300 personas han muerto, hay miles de heridos y se teme que la cifra siga aumentando.

“La combinación de un ambiente extremadamente tenso, bandos políticos enfrentados y armas en las calles ponen a los niños y niñas en serio peligro”, explica Jane Gibreel, Directora de Save the Children en Egipto. “Queremos lanzar un mensaje a todos los egipcios de que tienen la responsabilidad de proteger a los niños y niñas”.

En ausencia de patrullas de seguridad, las comunidades locales están estableciendo puestos de control para proteger a sus miembros. Hay niños y niñas defendiendo sus barrios de las bandas de delincuentes. Algunos, de corta edad, participan en vigilias nocturnas para evitar saqueos poniendo en extremo riesgo su seguridad.

“Los efectos de que los niños y niñas se vean envueltos en los disturbios podrían ser devastadores en términos de su inmediata seguridad y su salud psicológica”, añade Gibreel. “Cada egipcio debe asegurarse de que los niños se mantengan lo más seguros posibles durante esta oleada de violencia”.

Save the Children está haciendo un llamamiento a todas las partes en Egipto para que aseguren que los niños y niñas están protegidos de los riesgos que suponen los disturbios políticos. En el país, llevamos a cabo proyectos de educación y supervivencia infantil en todo el país."

Amnistía Internacional: Comunicado de prensa | EGIPTO

"El ejército egipcio debe proteger a los manifestantes

Amnistía Internacional ha pedido hoy a las autoridades egipcias que protejan el derecho a la protesta pacífica mientras estallaban los enfrentamientos con grupos organizados de simpatizantes del gobierno que atacaban a los manifestantes en El Cairo y en todo Egipto.

Un equipo de investigación de Amnistía Internacional desplazado a Egipto informó de que la violencia parecía orquestada por las autoridades para sofocar las continuas protestas que reclaman reformas políticas.

“Parece que ahora el ejército está incumpliendo su compromiso de proteger a los manifestantes pacíficos”, ha declarado Hassiba Hadj Sahraoui, directora adjunta del Programa para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.

“El hecho de que se permita que continúen estos actos de violencia ante los ojos del ejército plantea la pregunta de si éste tiene órdenes de no intervenir.”

Esta misma mañana, el ejército conminó a los manifestantes antigubernamentales a que regresaran a su vida cotidiana tras el anuncio el martes del presidente Mubarak de que no se presentaría a la reelección.

Según los informes, el ejército permitió posteriormente que los manifestantes pro Mubarak llegaran hasta la plaza de Tahrir y atacaran a los manifestantes antigubernamentales.

Un miembro del personal de Amnistía Internacional que intentaba llegar a la plaza de Tahrir no pudo hacerlo por la acción de grupos de manifestantes pro Mubarak y vio a varias personas saliendo de la plaza con heridas, aparentemente como consecuencia de los enfrentamientos.

Ya se están produciendo ataques contra manifestantes antigubernamentales en otras ciudades de todo el país. En Mahalla, una zona industrial situada al norte de El Cairo, unos testigos presenciales declararon a los investigadores de Amnistía Internacional sobre el terreno que esta mañana habían visto salir camiones llenos de simpatizantes de Mubarak.

“Parece que gran parte de esta violencia está orquestada por las autoridades egipcias para forzar el fin de las protestas antigubernamentales, recuperar el control y aferrarse al poder ante la exigencia pública sin precedentes de que se vayan”, añadió Hassiba Hadj Sahraoui.

La violencia entre grupos de manifestantes encaja en una práctica familiar de la violencia política en Egipto, orquestada por las autoridades para crear disturbios y dispersar a los manifestantes.

En anteriores años de elecciones, Amnistía Internacional documentó el uso por las autoridades egipcias de matones a sueldo para intimidar a los votantes y dispersar reuniones de sus adversarios políticos.

En los últimos nueve años, los egipcios vienen manifestándose en un número sin precedentes por la reforma política y en materia de derechos humanos.

El martes, cientos de miles de personas se reunieron en lo que los organizadores llamaron “la protesta del millón” para pedir la dimisión del presidente Mubarak y que se pusiera fin a la corrupción, la pobreza y los abusos de la policía.

AMNISTÍA INTERNACIONAL
COMUNICADO DE PRENSA

2 de febrero de 2011
Índice AI: PRE01/040/2011


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28 de enero de 2011 - Las autoridades egipcias deben refrenar a las fuerzas de seguridad"


Fuente: Amnistía Internacional- Uruguay

“En seguridad la participación ciudadana se debe manejar de una forma distinta que en otras políticas sociales”

Clipping:

"Alejandra Lunecke*, coordinadora del Proyecto Consorcio Global para la Transformación del Sector Seguridad, conversó con Plataforma de Ciudades y destacó que el rol de los gobiernos locales es en la prevención, además de que la participación ciudadana debe tener un tratamiento cuidadoso en los temas de seguridad ciudadana. También da las claves de cómo los municipios pueden elaborar mejores estrategias en torno a estos temas.

¿Cómo los gobiernos locales, con sus ventajas y limitaciones, pueden aportar en las políticas de seguridad ciudadana?

Yo parto de la base de que toda política de seguridad ciudadana debe ser una política integral. Debe abordar por un lado las causas profundas que explican la delincuencia, la violencia e incluso el temor al delito y tiene además que haber una buena respuesta en materia de control y persecución criminal. Sin duda también deben haber opciones y oportunidades para quienes han pasado por el sistema penitenciario (sin ello la cárcel no cumple con su rol social).

Si existe un delito, este delito ocurre en un minuto y lugar determinado, porque alguien lo comete, y porque se dan en circunstancias que lo ayudan y por causas que lo explican. Estas causas, que llevan a que alguien cometa un delito o un hecho de violencia, deben ser abordadas a partir de políticas que las prevengan.

El rol de los gobiernos locales tiene relación con el hacerse cargo de aquellas causas o factores que llevan que ese delito o ese hecho de violencia ocurran, es decir, su rol está en la prevención. Los delitos no ocurren en el espacio o en cualquier lado, ocurren en un lugar determinado, en una comuna determinada, bajo circunstancias que lo facilitan. Es el municipio el que tiene la capacidad de conocer de mejor forma lo que ocurre en el territorio y tiene además, la facultad de articular las políticas urbanas y sociales en respuesta a dichas causas o factores que explican la criminalidad (salud, educación, planeamiento urbano, programas específicos de recreación y espacios públicos, desarrollo comunitario, etc). En este sentido, el municipio tiene la capacidad de coordinar y de poner en sinergia esas políticas sociales universales y además, dado el conocimiento acabado del territorio, puede implementar políticas focalizadas de prevención en grupos o sectores de mayor riesgo.

En conclusión, los gobiernos locales en general pueden hacer diagnósticos más certeros y acabados y más pertinentes respecto a la realidad y por ende pueden determinar mucho mejor dónde hay que intervenir, o dónde hay que aplicar las políticas. Yo te diría que los gobiernos locales tienen el conocimiento del territorio, la coordinación intersectorial, el liderazgo del alcalde y el vínculo con la comunidad, características que lo hacen ser espacio bastante favorable para desarrollar buenas políticas de prevención.

Para que un gobierno local sea exitoso en este ámbito debe idear su propio modelo de gestión y su estrategia, y en esto es fundamental que exista una visión estratégica, es decir que sea claro qué se quiere lograr a nivel de política local de seguridad. Ello permitirá diferenciar bien cuáles son las áreas y grupos de intervención para trabajar.

En resumen, creo que las claves son: enfoque territorial, participación ciudadana bien articulada, norte estratégico, diagnósticos pertinentes y participativos, y políticas más articuladas y depuradas.

¿En qué parte de esta estrategia de prevención es tan clave la participación ciudadana?

Creo que al respecto hay dos puntos que abordar: el primero dice relación con el tema de qué participación ciudadana hablamos en materia de seguridad. En Chile es necesario entender que la participación ciudadana en la prevención del delito no solamente se traduce en involucrar a vecinos a través de una junta vecinal o unidad funcional. Por un lado, estas instituciones vecinales están en crisis de representación lo que hace necesario abrir los espacios políticos a otros vecinos organizados u otras organizaciones sociales. En este sentido, existen instituciones de la sociedad civil como las iglesias, de bomberos, de escuelas, la cámara de comercio local, actores gremiales, corporativos, universidades, que son fundamentales en el diseño e implementación de políticas de seguridad. Allí existen muchos recursos locales con los cuales poder hacer estrategias de prevención social.

En segundo lugar, es necesario tener claro que en seguridad no es a priori positiva la participación ciudadana. En lo personal no creo que el rol de la ciudadanía sea ejercer el rol de guardián y o implementar prácticas de vigilantísimo. Para eso están las policías y la fiscalía que deben hacer labores de inteligencia policial. “La vecindad” no está llamada a “sapear”, con ello sólo se destruyen las confianzas, la solidaridad y el capital social, y en casos más extremos, se pone en riesgo la vida de los mismos vecinos. Con el fomento de estas estrategias sólo empobrecemos a nuestras comunidades.

Además en otro extremo, si uno analiza los linchamientos (tan comunes en Centroamérica), estos constituyen formas de participación comunitaria perfectamente organizada, el problema es que es negativo su objetivo. En este sentido, es necesario que recordemos que hace ya siglos las sociedades entregaron al Estado-nación el legítimo uso de la fuerza y el derecho de la coacción. Lo contrario es volver al estado naturaleza de Hobbes en que cada uno hace justicia por sus propias manos.

Así el concepto de participación ciudadana en este ámbito se tiende a complejizar y es importante tener claro que la participación ciudadana en materia de seguridad se debe manejar de una forma distinta a como se maneja en otras políticas sociales. Creo que el rol de la comunidad en seguridad tiene que ver con la prevención del delito, con la sana convivencia, con la socialización positiva y con el fortalecimiento del capital social. En materia de prevención las estrategias de participación pueden abocarse a iniciativas de prevención primaria (campañas que se hacen cargo de los factores de riesgo orientadas a población en general) y en algunos casos en estrategias de prevención secundaria como por ejemplo, implementación de guarderías comunitarias para niños que quedan solos, resolución pacífica de conflictos, entre otros. En prevención situacional la comunidad es buena aliada para participar en el diseño de los espacios públicos, su apropiación y cuidado de ellos.

Yo siempre lo he dicho, la participación ciudadana en seguridad no es para todos ni con todos, ni en todo, hay que tener mucha claridad en cómo, cuándo, dónde y para qué se invita a la comunidad a participar. Sin duda se les debe involucrar en el diagnóstico de los problemas, pero cuándo hay que hacer las intervenciones hay que tener mucha claridad en qué se le va a involucrar porque sino se puede convertir en una especie de “policiamiento comunitario” a nivel territorial y eso destruye el tejido social.

*Alejandra Lunecke es Licenciada en Historia y Cientista Política, y tiene un Magíster en Desarrollo Urbano y Estudios Territoriales por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha sido investigadora del Centro de Estudios para el Desarrollo (CED); Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile (CESC) y fue coordinadora e investigadora del Programa de Seguridad Urbana de la Universidad Alberto Hurtado. Actualmente trabaja en la FLACSO de Chile y coordina el Proyecto Consorcio Global para la Transformación del Sector Seguridad."

Fuente: plataformaciudades