Clipping: La Nación - Paraguayviernes, 10 de junio de 2011
"Representante paraguaya es electa miembro de la CIDH"
Clipping: La Nación - Paraguaymiércoles, 8 de junio de 2011
Comunicado de Prensa ARGENTINA
Ante el temor de que 30 personas puedan perder sus hogares en una batalla por la propiedad de la tierra en el noroeste del país, Amnistía Internacional ha afirmado hoy que las autoridades argentinas no deben desalojar a las familias indígenas de sus hogares.
El 30 de mayo, un juez de San Miguel de Tucumán denegó la petición formulada por miembros de la Comunidad India Quilmes para que se anulara la orden de desalojar de sus hogares a cuatro familias del pueblo de Colalao del Valle, en la provincia de Tucumán.
Las familias, 10 de cuyos miembros son menores de edad, viven en un terreno del pueblo de cuatro hectáreas que también reclama como suyo una empresa local, Comunidad Aráoz Hermanos.
“La comunidad tiene problemas desde siempre, desde hace muchos años”, afirma Francisco “Pancho” Solano Chaile, cacique de la Comunidad India Quilmes.
“[Las autoridades] nos han desalojado un montón de veces. Llevamos tiempo organizándonos, ocupando tierras ancestrales. [...] hay intereses de afuera, de afuera del país, que no son lugareños. En el pasado no había tanto apoyo de los políticos a los terceros. Nosotros nos encontramos encerrados.”
Los representantes letrados de la comunidad presentaron el 1 de junio una denuncia formal contra el juez, acusándolo de “falta de cumplimiento de los deberes a su cargo” y adoptar una resolución arbitraria a favor de la empresa.
Los miembros de la comunidad ya habían sido desalojados a la fuerza de esas tierras en septiembre de 2009 y enero de 2010, pero en ambas ocasiones volvieron a ocupar sus hogares a los pocos días de manera pacífica.
Estallaron enfrentamientos cuando un grupo de agentes de policía y un juez local intentaron llevar a cabo otro desalojo el 29 de abril de 2011, con el resultado de varios miembros de la comunidad y agentes de policía heridos.
Dos leyes nacionales prohíben actualmente el desalojo forzoso de comunidades indígenas en Argentina hasta noviembre de 2013, cuando está previsto que el gobierno federal concluya su estudio nacional para definir los territorios indígenas. Pese a ello, varias comunidades indígenas están en peligro de desalojo forzoso en la provincia de Tucumán, y se han perpetrado homicidios y ataques contra líderes comunitarios por defender las tierras que sus comunidades reclaman como suyas.
“¿Qué sentido tiene promulgar legislación nacional que protege los derechos de los pueblos indígenas si las autoridades no van a acatarla?”, manifestó Guadalupe Marengo, directora adjunta del Programa de Amnistía Internacional para América.
“Los pueblos indígenas ya han sufrido bastante en Argentina y el resto de la región americana, ya es hora de poner fin a los abusos contra ellos.”
Más información:
Argentina: Familias indígenas en peligro de desalojo forzoso (acción urgente, 2 de junio de 2011)
Argentina: Comunidad indígena bajo amenaza de desalojo ilegal (acción urgente, 16 de octubre de 2009)"
martes, 7 de junio de 2011
Comunicado de Prensa CIDH: "EXPERTOS Y EXPERTAS COINCIDEN EN QUE SEGURIDAD CIUDADANA ES UN TEMA DE DERECHOS HUMANOS"
"San Salvador, 7 de junio de 2011 - Expertos y expertas de la región coincidieron en que la seguridad ciudadana es un tema de derechos humanos y en la necesidad de incorporar un enfoque de género a las políticas públicas de seguridad, en sus presentaciones en el Foro "Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos", que tuvo lugar en San Salvador en vísperas de la 41a Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
"Los derechos humanos deben ser entendidos como referentes que guíen la acción de las autoridades y de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y como verdaderos indicadores del desempeño del Estado", dijo María Clara Martín, jefe de la sección de las Américas, División de Operaciones en el Terreno y Cooperación Técnica de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).
Los y las participantes señalaron que deben implementarse políticas públicas que enfoquen el fenómeno de la seguridad como un asunto no solamente penal y policial, sino que debe ofrecer una respuesta integral, enfocada en la prevención de la violencia y de la delincuencia y en las causas subyacentes de las altas tasas de violencia y criminalidad.
En el Panel "Mujeres, Género y Seguridad Ciudadana", la Presidenta de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM), Rocío García Gaytán, afirmó que "un enfoque de seguridad que se base en el ejercicio de los derechos humanos pasa necesariamente por la inclusión de la violencia de género en las políticas, planes y programas de seguridad. La incorporación de una perspectiva de derechos humanos de las mujeres y de igualdad de género en la promoción y la protección de la seguridad - desde un enfoque de seguridad ciudadana - es esencial para asegurar que las mujeres gocen de la seguridad de una manera plena e igualitaria".
Por su parte, en el panel sobre "Jóvenes y Seguridad Ciudadana", el Relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre los Derechos de la Niñez, Paulo Sérgio Pinheiro, destacó la necesidad de incorporar además una perspectiva de protección a los derechos de niños, niñas y adolescentes a las políticas de seguridad. Como ejemplos de buenas prácticas, Pinheiro mencionó los programas dirigidos a trabajar sobre los factores posibilitadores de la violencia y el delito en espacios concretos, como aquéllos que impulsan técnicas de resolución no violenta de conflictos en los centros educativos; programas de desarrollo infantil temprano y de apoyo para las familias con niños, niñas y jóvenes en situaciones de mayor vulnerabilidad ante el delito o la violencia; y el trabajo con personas jóvenes que ya han cometido delitos mediante programas de penas alternativas a la prisión que incluyan la reparación de la víctima y la rehabilitación del victimario.
Los y las participantes del Foro destacaron que las altas tasas de violencia y criminalidad de muchos países de la región menoscaban el Estado de Derecho y han generado una pérdida de credibilidad de la población en el Estado como fuente de seguridad. Esto, a su vez, contribuye a erosionar los avances democráticos de las últimas décadas en la región. En este sentido, señalaron, la implementación de políticas públicas integrales en materia de seguridad ciudadana es fundamental para la vigencia del sistema democrático.
El Foro tuvo lugar el domingo 5 de junio de 2011 en el auditorio de la Casa Presidencial de El Salvador. Fue co-organizado por la CIM, OACNUDH, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) y la CIDH."
miércoles, 1 de junio de 2011
Argentina: "MARCHA CONTRA EL HAMBRE - EL HAMBRE ES UN CRIMEN - NI UN PIBE MENOS"

Fue jueves y 24 de marzo. Y en una avenida Independencia plena de un sol radiante de complicidades, el trencito de los Chicos del Pueblo abrió el aire, cortó en dos la serenidad del feriado e hizo punta de una marcha de mil doscientos metros, doce mil personas y la infancia en ronda que desplegó en la marquesina del cielo la certeza de que el hambre es un crimen. Una consigna que horada cualquier discurso ocasional. Y deja al desnudo todas las cegueras oficiales. De todos los oficialismos.
El jueves y 24 de marzo, a 35 años exactos de la puesta en marcha real y desembozada del genocidio en la Argentina, cerraba el Congreso Nacional de la CTA. Lejos de los gobiernos. Lejos de los partidos. Lejos de los patrones. Con diez mil delegados de todo el país, desde los gélidos pies del sur hasta las áridas sienes de la puna.
El Movimiento Nacional Chicos del Pueblo y los jubilados que siguen marchando los miércoles al Congreso –firmes y en lucha desde los años 90- se asomaron a mirar. Y en el fuego del debate, la coincidencia: los pibes y los viejos son los extremos más crudos de la vulnerabilidad. Y en ellos hay que centrar la lucha. El hambre es un crimen y el 82% móvil para todas las jubilaciones serán las consignas de la marcha que despertará en Misiones –donde la desnutrición golpea brutalmente- y llegará a la Plaza de Mayo el 8 de junio. Día de paro nacional, día de las mil marchas de los jubilados, día en que todos sabrán que la vida no es un sueño azul, es una infancia de penas. Día en que los olvidados se volverán palabra, pan, brazos y dignidad.
No es casual que sea la Mar del Plata de los esbozos otoñales la tierra con lenguas de mar donde los trabajadores deciden ponerse en juego y marchar por los más vulnerables de la vida. Porque esa Mar del Plata dual –la del turismo masivo y la de las carencias- es una fotografía certera de un país donde brotan los alimentos de la tierra y 25 niños mueren diariamente por enfermedades parientes del hambre. Son dos ciudades, son dos países. Uno que brilla y otro que se oculta. Uno que consume y otro que mira atónito con la ñata contra el vidrio cómo se le escabullen de las manos cada uno de sus derechos.
Las voces de los niños multiplicaban por los micrófonos la denuncia del hambre que devora cargándole el tinte de la alegría y la ingenuidad. Un par de murgas movían los pies con la energía de saltimbanquis imparables. “El hambre es un crimen”, denunciaban los chalecos azules del Movimiento. Y “ni un pibe menos” remarcaban las banderas.
Ya es un hecho. Los almanaques empiezan su cuenta regresiva y no habrá quien los detenga. En menos de dos meses las columnas partirán desde el Noroeste de una geografía que viene devorando impiadosamente a sus niños. Se marchará para ponerle freno al hambre. Para alzar los murallones que los cobijen amorosamente de los marioneteros de la destrucción y dibujar un camino futuro de azúcar y pan.
El hambre es un crimen. Con ternura venceremos.
Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo
P/D: CONFIRMAMOS BIEN LA HORA EN ESTOS DíAS..."
viernes, 20 de mayo de 2011
"Brasil pode ser 30º país a proibir castigos físicos, diz ONU"
Clipping: Agência Câmara de NotíciasA representante da ONU destacou que, caso aprove a lei, o Brasil será o 30º país a ter essa legislação no mundo, e o quarto na América Latina. Costa Rica, Venezuela e Uruguai já têm leis que proíbem os castigos corporais em crianças.
Segundo Marta Pais, o Brasil abriu portas, na América Latina, ao aprovar uma legislação que protege a criança e o adolescente – o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8069/90). “A proibição dos castigos físicos pode reafirmar e consolidar a liderança brasileira nessa área”, disse. Para ela, essa medida ajudará a legitimar a intervenção do Poder Público em situações em que a criança é vítima de maus tratos.
Ela disse ainda que afirmou que um estudo recente do Unicef em diversos países do hemisfério sul apontou que pelo menos 80% das crianças sofrem todos os anos alguma forma de violência, física ou psicológica. Por outro lado, cerca de 90% dos pais acreditam que a violência não seja necessária para garantir uma boa educação. "Os dados mostram que ainda há muita violência, mas que há uma porta aberta para que possamos ajudar os pais a encontrar novas formas de conviver com seus filhos."
Democracia
Já Pinheiro disse que a aprovação do projeto será sinal de consolidação da democracia. Ele ressaltou que a medida é especialmente importante por se tratar da América Latina, porque vários países enfrentaram o autoritarismo por muitas décadas, e as crianças continuam a ser tratadas de forma autoritária. “O grande teste para a democracia é como o Estado trata seus grupos mais vulneráveis”, afirmou.
O professor lembrou que a corte da OEA decidiu que a violência contra a criança é uma violação e um desrespeito aos direitos humanos. Conforme o professor, um relatório da Comissão Interamericana aponta que é dever dos Estados proibirem essa violência, inclusive elaborando leis com esse objetivo.
Pinheiro defendeu o projeto elaborado pelo Poder Executivo brasileiro (PL 7672/10). “Muitas emendas ao projeto podem desfigurar a proposta, que já é muita boa”, opinou.
Segundo ele, na América Latina, 50% dos adultos defendem castigos corporais para crianças. Para o professor, a criança não pode ter nível de proteção menor do que o adulto e até do que animais."
"La votación sobre la ley de amnistía de Uruguay, una oportunidad perdida de hacer justicia"
"La votación sobre la ley de amnistía de Uruguay, una oportunidad perdida de hacer justicia
Al no anular una controvertida ley que bloquea el procesamiento de los miembros de las fuerzas de seguridad acusados de violaciones de derechos humanos, Uruguay ha perdido una oportunidad histórica de hacer justicia para las víctimas de los abusos contra dichos derechos cometidos durante el gobierno militar. Así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional.
Los políticos uruguayos no consiguieron hoy llegar a un acuerdo para anular la vigencia de la Ley de Caducidad de 1986, un paso que Amnistía Internacional, los activistas uruguayos de derechos humanos y las familias de las víctimas han pedido reiteradamente.
“Habría supuesto un paso gigantesco para las víctimas de los atroces abusos contra los derechos humanos cometidos durante la dictadura militar de Uruguay en las décadas de 1970 y 1980”, ha manifestado Guadalupe Marengo, directora adjunta del Programa para América de Amnistía Internacional.
“Uruguay tiene la obligación moral y legal de otorgar justicia a quienes sufrieron tortura y otros abusos, no de proteger a sus torturadores frente a la investigación y el procesamiento.”
Amnistía Internacional mantiene que, en la práctica, la Ley de Caducidad constituye una amnistía global que, durante muchos años, ha protegido a los presuntos autores de abusos contra los derechos humanos, y constituye también un incumplimiento de las obligaciones contraídas por Uruguay en virtud del derecho internacional.
La ley fue propuesta por el gobierno elegido democráticamente de Julio María Sanguinetti y aprobada por el Congreso uruguayo en diciembre de 1986.
En virtud de esta ley, el presidente de Uruguay tenía la facultad final de decidir qué denuncias de abusos contra los derechos humanos podían investigarse.
La dictadura militar uruguaya duró de 1973 a 1985 y, en su momento culminante, se calcula que había recluidos 7.000 presos políticos, la gran mayoría de los cuales afirmaban haber sido torturados.
Las consultas populares realizadas en 1989 y 2009 mantuvieron vigente la Ley de Caducidad, pero el alcance de esta ley ha sido cuestionado por recientes resoluciones judiciales.
La Corte Suprema de Uruguay ha concluido en varias ocasiones que la Ley de Caducidad era inconstitucional porque violaba disposiciones de la Constitución, y también las obligaciones internacionales contraídas por Uruguay.
El 24 de marzo de 2011, la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió que Uruguay era responsable de la desaparición, en 1976, de María Claudia García, nuera del poeta argentino Juan Gelman, y de ocultar la identidad de la hija de María Claudia, Macarena Gelman.
“A la población de Uruguay se le ha escurrido entre los dedos la oportunidad de pasar una página muy difícil mediante la eliminación de una norma que, en la práctica, y en contra del principio de igualdad ante la ley, pone por encima del sistema judicial a los responsables de violaciones de derechos humanos”, ha manifestado Guadalupe Marengo."
Fuente: Amnistía Internacional - Uruguay
miércoles, 18 de mayo de 2011
"`Infancia sin violencia`, un proyecto para Perú y Ecuador con apoyo de España"
Lima, 17 may (EFE).- La organización "Save the Children" lanzó hoy en la capital peruana un proyecto binacional para fortalecer la lucha contra la violencia infantil que beneficiará a 50.000 niños en Perú y a otros 60.000 en Ecuador.
Financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), que aporta 1,7 millones de euros (2,4 millones de dólares al cambio de hoy) para cada país, el proyecto ha sido bautizado con el nombre de "Infancia sin violencia".
Mientras la parte peruana del proyecto se centrará en fortalecer las instituciones del Estado y la sociedad civil en ocho regiones, la ecuatoriana, que será lanzada en otra ceremonia en junio, pondrá el foco en la problemática de los niños y adolescentes en las fronteras con Colombia y Perú.
La aplicación en cada país pretende, según explicó en rueda de prensa la directora de Save the Children en Perú, Teresa Carpio, los mismos objetivos, como mejorar la situación de la infancia, pero adaptados a las circunstancias particulares de cada territorio.
En Perú se centra en mejorar la actuación del Estado porque aunque el país cuenta con una buena legislación, ésta no se aplica, declaró Carpio.
"Perú es, según las estadísticas, el país de Latinoamérica con más tolerancia con las violaciones de niños", según la directora de la organización no gubernamental, quien mencionó que 900 niños sufrieron abusos sexuales el primer trimestre de 2011.
Sin embargo, destacó Carpio, prácticamente no hay sentencias por este tipo de casos ya que, en su opinión, el sistema judicial peruano "no está preparado para enfrentar este tema".
El proyecto "Infancia sin violencia" trata de paliar esta situación fortaleciendo las instituciones, pero también informando a niños y familias de los canales de atención y los servicios de protección a los que pueden acceder.
Como parte de este objetivo, el proyecto incluye el lanzamiento en la región de Cuzco, sierra andina sureste de Perú, de un teléfono de atención en quechua, un ejemplo, según Carpio, del matiz intercultural e "inclusivo" de la iniciativa.
La parte ecuatoriana, por su parte, se centrará en los problemas que generan en la infancia conflictos como los desplazamientos de refugiados que se registran en las fronteras norte y sur de ese país.
La coordinadora de Movilidad Humana de Save the Children en Ecuador, María Espinosa, declaró a Efe que estos conflictos migratorios generan "otro tipo de violencia" hacia la infancia.
"En la frontera con Colombia tenemos temas de conflictos armados y todas las secuelas que aún son activas. Vemos casos de violación de derechos humanos muy directas, homicidios, desapariciones forzadas, ejercicio sistemático de violencia que generan también repercusiones sobre niños y niñas", dijo Espinosa.
En la frontera sur con Perú, la mayor problemática está ligada a la trata de personas y el tráfico de niños y niñas para la explotación sexual y comercial.
Sin embargo, en ambos casos, según Espinosa, adquiere mucha importancia "la ausencia del Estado en la frontera, lo que hace que la situación de vulnerabilidad aumente".
Por este motivo, la parte ecuatoriana del proyecto trabajará con organizaciones de la sociedad civil y no con instituciones estatales, con el objetivo de que estos actores sociales impulsen el desarrollo del Estado en la zona.
"No queremos que la sociedad civil juegue el rol del Estado pero sí que sepa cómo exigir a éste sus obligaciones", resumió Espinosa."
Fuente: EFE
Brasil: "Seminário sobre Experiências de Legislação Contra Castigos Corporais de Crianças e Adolescentes"
"A abertura do evento vai contar com a presença da rainha da Suécia, Silvia Renate Sommerlath
A Comissão de Direitos Humanos e Minorias e a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, em parceria com a Embaixada da Suécia em Brasília e a organização Save the Children Suécia, realizam, nesta quinta-feira (19), o Seminário sobre Experiências de Legislação Contra Castigos Corporais de Crianças e Adolescentes, no Plenário 1 do Anexo II da Câmara dos Deputados, em Brasília/DF.
Em 2010, o Poder Executivo apresentou o Projeto de Lei 7672/10, que estabelece o direito de a criança e o adolescente serem educados e cuidados sem o uso de qualquer forma de violência, castigo cruel ou humilhante. A proposta está em tramitação na Câmara.
Para contribuir com o debate, o objetivo do Seminário é compartilhar e discutir a experiência da Suécia, país pioneiro no enfrentamento aos castigos corporais há mais de 30 anos, e de países da região, como Costa Rica, Venezuela e Uruguai, que já adotaram leis semelhantes.
A abertura do evento vai contar com a presença da rainha da Suécia, Silvia Renate Sommerlath e Xuxa Meneghel, membro e porta-voz da Rede Não Bata Eduque (RNBE).
Como membro do grupo gestor da Rede e pela missão promover a defesa dos direitos das crianças e adolescentes de todo Brasil, a Fundação Abrinq - Save the Children também estará presente no encontro representada por Denise Cesario, gerente de programas e projetos da organização.
Também foram convidados, entre outras autoridades: a ministra da Secretaria de Direitos Humanos, Maria do Rosário; a representante especial da ONU sobre Violência contra Crianças, Marta Santos Pais; o presidente do Supremo Tribunal Federal, Cezar Peluso; a representante do UNICEF no Brasil, Marie-Pierre Poirier; a secretária-geral da Save the Children Sweden, Elisabeth Dahlin.
Os interessados deverão confirmar presença pelo e-mail: children.brasilia@foreign.ministry.
PROGRAMAÇÃO
Dia: 19 de maio
Local: Câmara dos Deputados, Brasília/DF
9:30 – 10:30 Cerimônia de Abertura
Presença da Rainha Silvia da Suécia
10:30 – 12:30
“Estudos e Marco Legal sobre Castigos Corporais contra Crianças e Adolescentes”
Sr Paulo Sergio Pinheiro, Especialista Independente
Sr Staffan Janson, Professor, University of Karlstad, Suécia
Sra Ulrika Carlsson, Membro do Parlamento Sueco
Sra Margarita Percovich, Senador, Uruguai
Sra Érika Kokay, Deputada Federal do Brasil
Moderador: Deputado Federal Osmar Terra
12:30 – 14:00 Almoço Livre
14:00 – 16:00
“Mobilização no Enfrentamento dos Castigos Corporais contra Crianças e
Adolescentes”
Sra Marta Santos Pais, Representante Especial da ONU sobre Violência contra Crianças
Sr Carlos Trapani, Coordenador do Programa CECODAP, Venezuela
Sra Eva Waltré, Organização para os Direitos das Crianças na Sociedade, Suécia
Sra Milena Grillo, Diretora Executiva Paniamor, Costa Rica
Sra Liliam Sá, Deputada Federal no Brasil
Moderadora: Angélica Goulart, Rede Não Bata Eduque
16:00 – 16:30 Encerramento
Com a Embaixadora Annika Markovic, Sr Hans Lind e Sra Carmen Oliveira
Com informações da Agência Câmara de Notícias"
Fuente: Fundação Abrinq