"Presentación de Vernor Muñoz, relator especial de la ONU sobre el derecho a la educación ante Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Washington, 6 de noviembre 2009
Señor presidente:
Las enormes dificultades que enfrentan las personas con discapacidad para realizar su derecho a la educación, muestran la dolorosa realidad de nuestros sistemas educativos, que aún no logran ofrecer oportunidades para todas las personas.
La estimable representante de la CLADE nos ha presentado a grandes rasgos el panorama latinoamericano, que tampoco se diferencia enormemente de lo que sucede en el resto del mundo.
Ciertamente, la discriminación y la segregación que sufren millones de niños y niñas con discapacidad, siguen siendo las respuestas más frecuentes con que topan estas personas y sus familias, cuando reclaman su derecho a aprender en los sistemas educativos regulares.
La discriminación existe por los prejuicios y estereotipos, pero también porque ni los maestros y maestras, ni las escuelas, ni las políticas educativas, han sido pensados ni están preparados para recibir a estudiantes con discapacidades.
Y la segregación de estas personas en instituciones especiales, es la salida usual ante la inoperancia de los sistemas educativos para albergar a estudiantes con necesidades especiales.
En la base de estas limitaciones, se encuentra una visión utilitarista y patriarcal, que no considera la educación como un derecho humano, sino como un privilegio o como un bien comercial.
Las opiniones más conservadoras estiman que 78 millones de niños y niñas no están en la escuela, y por lo menos 25 millones de ellos tienen una discapacidad.
Lo que es peor, apenas un 5% de los niños con discapacidad logra terminar la educación primaria, la mayoría de los cuales vive en países empobrecidos. En muchos países en desarrollo, esa cifra ni siquiera llega al 1% y dentro de las zonas rurales de algunos países de la región, personalmente he constatado que ningún niño o niña con discapacidad asiste a la escuela.
La privación del derecho a la educación de estas niñas y niños constituye una aberración y pone en evidencia una doble inmoralidad: por un lado significa el incumplimiento de compromisos centrales de los Estados en materia educativa y por otro lado ese incumplimiento acrecienta el abandono de las personas que han sido históricamente discriminadas, alimentando la pobreza, el miedo y la violencia.
Pero además, sobre aquellas personas con discapacidad que han logrado asistir a la escuela, pesan serios condicionamientos que les impiden avanzar en condiciones de igualdad con los demás.
Ciertamente, la falta de consideración de la diversidad como un tema sustantivo del currículum, los estereotipos y la hostilidad existentes respecto de las personas con discapacidad; la falta de atención a las necesidades específicas de la mujer con discapacidad; los conocimientos inadecuados entre los maestros y los administradores; la inaccesibilidad de la educación, en especial el acceso físico a los edificios y el acceso al material didáctico y las restricciones en materia de recursos, tienen un efecto negativo sobre toda la actividad escolar.
Las limitaciones y en muchos casos la ausencia de una educación basada en derechos torna imposible la construcción de modelos inclusivos.
Señores comisionados: la inclusión no es una moda pedagógica. La inclusión es el principal requerimiento para desarrollar una educación basada en el respeto y la vivencia de los derechos humanos.
Es por esta razón que apelo a esta Honorable Comisión a redoblar sus esfuerzos para que los Estados reconozcan y practiquen la educación inclusiva como un componente inherente del derecho a la educación.
La inclusión es la dinámica histórica que hace posible la educación para todos y todas. Y cuando los instrumentos del sistema interamericano y del sistema universal estatuyen el derecho a la educación para TODOS, aunque parezca extraña mi insistencia, debo recalcar que “todos” significa “todos”, pues parece que hasta en las estadísticas de exclusión las personas con discapacidad están excluidas: ¡ni siquiera se contabilizan en los conteos de las personas que se encuentran fuera de la escuela!, porque han sido condenadas a la invisibilidad perpetua; han vivido al margen de las oportunidades, de la posibilidad de hacer amigos, de crecer en libertad y de contribuir con el desarrollo de sus comunidades.
La educación inclusiva requiere de la creación de un ambiente protector que no sólo implique construir espacios físicos seguros, sino además, con profunda urgencia, la novación de usos sociales, creencias y prácticas comunitarias, para que los derechos de estas personas sean respetados en la cotidianeidad.
La lucha contra la discriminación y la exclusión convoca, por lo tanto, a la construcción de este ambiente, en la que ciertamente se requiere la participación sustantiva de las personas con discapacidad.
La igualdad es una exigencia estructural y debe garantizarse en todos los aspectos de la vida y para todas las personas. Las normas de los instrumentos del sistema interamericano, como el artículo 13 del Protocolo de San Salvador, constituyen principios habilitantes de esa exigencia básica a favor de la dignidad humana.
Estimados señores comisionados: el acceso escolar, por sí solo, no representa suficiente garantía para las personas con discapacidad.
Consecuentemente, la necesidad de impulsar la educación de calidad, basada en el aprendizaje y en la vivencia de los derechos humanos, es requisito para desarrollar una resistencia eficiente contra todas las formas de exclusión y discriminación.
Debe considerarse, además, que las dificultades que enfrentan las niñas y las adolescentes son muchas veces agravadas por otros tipos de exclusión relacionados con la procedencia étnica o geográfica.
El concepto de educación inclusiva supone dos procesos íntimamente relacionados: por un lado cuestiona la educación tradicional (patriarcal, utilitarista y segregadora) y por otro lado se refiere a un mecanismo específico que busca asegurar una educación apropiada y pertinente para las personas con discapacidad y para otros grupos discriminados, motivo por el cual aspira a ser un modelo sistémico y sistemático.
Como pueden ustedes ver, la educación inclusiva se basa en la necesidad de enriquecer la experiencia pedagógica con la praxis de la diversidad, motivo por el cual la participación de las personas con discapacidad en los sistemas regulares de enseñanza, constituye también una oportunidad única para todos los actores educativos y por eso también debemos abogar por la incorporación paulatina de maestros y maestras con discapacidades en los sistemas regulares.
Estoy aquí para ofrecerles desarrollar un trabajo conjunto a favor de la inclusión y para recordarles que hay muchos aliados que les acompañan en este histórico reto.
Quiero invitarles a profundizar su trabajo en torno al derecho a la educación, con especial énfasis en la protección de los derechos de las personas con discapacidad. Para este fin, respetuosamente sugiero la posibilidad de que el Comisionado Relator sobre los derechos de la niñez pueda producir un estudio temático que permita determinar con mayor precisión los obstáculos que enfrentan los gobiernos para poner en marcha planes de transición hacia una educación inclusiva en las Américas.
También deseamos recomendar que la Comisión y el Comisionado Relator realicen visitas a países y preparen informes sobre este tema y que también consideren la posibilidad de motivar a los Estados a cumplir con las recomendaciones contenidas en mi informe temático sobre el derecho a la educación de las personas con discapacidad, que presenté al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el año 2007 y por supuesto con sus obligaciones derivadas de la Convención Interamericana sobre discapacidad y de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.
Es indispensable que los Estados desarrollen indicadores que permitan conocer las necesidades de la población con discapacidad; que se armonice la legislación doméstica con la normativa internacional, ratificando las dos convenciones sobre los derechos de las personas con discapacidad (interamericana y naciones unidas); que se profundice en la formación y capacitación docente y que se garantice el financiamiento para avanzar en el desarrollo de la educación inclusiva.
Les agradecemos profundamente la oportunidad que nos han dado al concedernos esta audiencia y quedamos a su entera disposición para responder a las preguntas que deseen plantearnos."
Fuente: Child Rights Information Network
