Clipping: "Organizaciones de la sociedad civil de la Ciudad de México y de Juárez solicitaron "con carácter de urgente" la intervención de la Organización de las Naciones Unidas, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para analizar y deslindar responsabilidades en lo que llamaron los "juvenicidios" en el país, especialmente en esa frontera. En conferencia de prensa, citada de urgencia, Nashieli Ramírez, directora de Ririki Intervención Social, advirtió que tan sólo en Ciudad Juárez se han registrado cerca de 139 asesinatos de niñas, niños y adolescentes de 2006 a la fecha, cuando inició la llamada lucha contra el narcotráfico, es decir, más de 35 muertes de menores de edad por año.
En tanto, precisó, a nivel nacional la cifra asciende a más de mil 200 víctimas de las 28 mil reportadas por la autoridad federal, por lo que Juárez concentra más del 11 por ciento de los homicidios contra infantes de todo el país.
Aunado a ello, Ramírez recordó que durante el gobierno de Vicente Fox Quezada, la Secretaría de Educación Pública destacó que el 20 por ciento del alumnado de secundaria era susceptible o estaba captado por el crimen organizado. Además, el 70 por ciento de las deserciones escolares se debían a esta situación social.
En este marco, las organizaciones se instalaron como una "mesa permanente contra la violencia hacia niñas, niños, adolescentes y jóvenes, en exigencia de un alto a los infanticidios y juvenicidios en México y la conformación de una Defensoría autónoma al servicio de las víctimas de la guerra contra el crimen organizado".
Desde dicha plataforma, adelantaron los representantes de los organismos sociales, "exigiremos a los responsables de la seguridad que cumplan con lo más elemental, garantizando nuestro irrenunciable derecho a la vida, resguardar la vida de niñas, niños, adolescentes y jóvenes".
El posicionamiento de las asociaciones de la sociedad civil se dio luego de los hechos ocurridos en Ciudad Juárez y Tijuana, en donde 27 niños y jóvenes fueron asesinados por comandos armados.
En videoconferencia desde Juárez, Julián Contreras, integrante del Frente Plural Ciudadano, cuestionó a las autoridades federales por el mensaje que han querido imponer en torno a los asesinatos ocurridos en todo el país "que incrusta en la población la idea de que no hay nada de qué preocuparse porque quienes mueren son criminales".
En este sentido, Nashieli Ramírez reiteró que los jóvenes mexicanos están siendo estigmatizados por la sociedad y por las autoridades.
"Como adultos no estamos cumpliendo con nuestra función de proporcionarles autonomía. Allí no se pueden hacer fiestas porque te matan", aseguró.
Por su parte, Clara Jusidman, representante de Incide Social, advirtió que Ciudad Juárez "se está vaciando de actividad económica y social, pues cerca de 230 mil personas han huido de la urbe".
Con la consigna "No más muertes violentas de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. No en Juárez, no en Monterrey, no en Tijuana, no en Tampico, no en el Distrito Federal... NO en México", la propuesta realizada por las organizaciones de la sociedad civil se centra en un "replanteamiento de fondo en estrategias de seguridad", de acuerdo con Lourdes Almada, de la Red por la Infancia en Juárez.
En tanto, la Red Mesa de Mujeres, en voz de Imelda Marrufo, recordó que hay cuentas pendientes, asesinatos de niñas, jóvenes, obreras, periodistas, "gente que no tenía por qué perder su derecho a la vida".
Ante el escenario de violencia sistemática contra niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el país, se explicó, organizaciones de la sociedad civil, radicadas en la Ciudad de México y en Ciudad Juárez, "denunciamos la catástrofe humana en la que están sumidas la totalidad de las ciudades de la frontera norte del país, en especial Ciudad Juárez".
"En ese contexto mantenemos nuestra denuncia permanente a lo que hoy podemos denominar una política de muerte en nuestro país, en donde reclamamos nuestro derecho al Estado. Reiteramos nuestro compromiso en defensa de la vida y nos unimos a la pena y la exigencia de justicia de los familiares y amigos de los 14 adolescentes y jóvenes víctimas mortales en Horizontes del Sur en Ciudad Juárez y las catorce víctimas del Albergue El Camino en Tijuana", puntualizaron.
Por ello, propusieron integrar un cuerpo de abogados litigantes en materia penal y criminalística para la defensa de los derechos de las víctimas, acompañadas siempre de sicólogos y médicos que fortalezcan la toma de decisiones de las mismas y de los familiares de ellas, asimismo, se den los recursos necesarios para que familiares de las víctimas y sus representaciones legales, sean coadyuvantes en la investigación.
Aunado a lo anterior, se propuso la creación de un Cuerpo Jurídico que implemente técnicamente diversas Convenciones Internacionales para la defensa de los Derechos Humanos de las víctimas, como el Pacto de San José; Convención de Belem Do Pará; Convención de la CEDAW, Convención sobre los Derechos del niño, Convención Americana de los Derechos Humanos, Convención de Palermo; la Convención de Mérida entre otras.
Finalmente, se solicitó "con carácter de urgente la intervención, en el ámbito de sus atribuciones de UNICEF, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Comité de Expertas de la CEDAW. En particular, la necesidad de promover visitas "in loco", para lo que hace al tema de juvenicidios y muerte y orfandad de niños y niñas."
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Extraído de: CRIN
