Palabras de asunción del novel Presidente del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, Javier Salsamendi:
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Foto: La República
viernes, 9 de julio de 2010
Para Javier Salsamendi es un honor estar al frente del INAU
Palabras de asunción del novel Presidente del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, Javier Salsamendi:
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Foto: La República
"INAU: Protección de la infancia y reorganización de estructura serán pilares de gestión"
Clipping: Sociedad Uruguaya
"El novel presidente del INAU, Javier Salsamendi, expresó su orgullo de poder estar al frente del Instituto y delineó como ejes de su labor profundizar el trabajo en primera infancia, adolescentes y menores privados de libertad. Apuntó también a la atención de situaciones de maltrato infantil y el sistema de adopción. Asimismo planteó una revisión del organigrama funcional y posibilidades de mejora salarial para funcionarios.
"El novel presidente del INAU, Javier Salsamendi, expresó su orgullo de poder estar al frente del Instituto y delineó como ejes de su labor profundizar el trabajo en primera infancia, adolescentes y menores privados de libertad. Apuntó también a la atención de situaciones de maltrato infantil y el sistema de adopción. Asimismo planteó una revisión del organigrama funcional y posibilidades de mejora salarial para funcionarios.
Asumieron las nuevas autoridades del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU). El acto contó con la participación del prosecretario de la Presidencia, Diego Cánepa; la ministra de Desarrollo Social, Ana Vignoli; la presidenta saliente del INAU, Nora Castro; el entrante presidente de la institución, Javier Salsamendi; los flamantes directores Jorge Ferrando (quien continúa en el cargo) y Dardo Rodríguez (Partido Independiente), así como diversas autoridades nacionales y representantes de organizaciones sociales.
Lineamientos de gestión
Javier Salsamendi expresó el orgullo y la satisfacción que para él representa el hecho de liderar esta institución, pese a ser consciente de que se trata de una labor difícil. Asimismo, ratificó la permanencia de varias autoridades del INAU, lo cual fue recepcionado con aplausos del público presente, muchos de ellos trabajadores de la institución.
Se refirió al principio de autoridad y a los derechos de niños, niñas y adolescentes, tema de debate a nivel social y sobre el que se debe profundizar.
Por otra parte, Salsamendi sostuvo la necesidad de modificar el organigrama de la institución. “Es imprescindible cambiar algunos aspectos de la gestión, apelando a la supervisión global de los proyectos, construyendo equipos de trabajo, para obtener una evaluación basada en el compromiso con metas y resultados”, dijo..
Enumeró sus prioridades de gestión, apostando a una política descentralizada, territorializada y –necesariamente- de coordinación interinstitucional, para ponerse a tiro del desarrollo en materia de política social que se viene haciendo desde el Gobierno.
En primer lugar, una apuesta a la primera infancia (cero a tres años. Más allá de los rubros, se procura pasar de 46.000 a 90.000 niños atendidos en este quinquenio, con sus familias incluidas. Esto supone por ejemplo una buena alimentación, promoviendo cambios de hábitos, porque si se profundiza la tarea desde antes del nacimiento del niño, en el futuro tendremos mejores ciudadanos, auguró el jerarca.
El desarrollo en primera infancia no es un sólo plan sino varios que deben ir concatenados. Se procura generar una comisión interinstitucional coordinada por el INAU, pero que trascienda cada uno de los planes, para tener una mirada estratégica en la materia.
La segunda prioridad son los adolescentes. Las autoridades aspiran a que todas las políticas apunten a la inclusión en el sistema educativo.
También, se procura avanzar en temas de violencia, abuso y maltrato. El INAU cuenta con la coordinación del SIPIAV, pero es necesario avanzar más en el tema. Asimismo, reclamó la atención de la prostitución infantil y adolescente.
En materia de adolescentes infractores, Salsamendi dijo que conoció un documento de la Comisión Multipartidaria en materia de Seguridad que se encuentra a consideración de los partidos políticos para resolver su contenido.
Independientemente de la discusión de la ubicación de un Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil tanto en privación de libertad como de medidas alternativas, entiende que lo fundamental es definir el sistema que tendrá el país de aquí a 30 años, dijo, para dejar de vivir de improvisaciones.
El Jerarca dijo apostar a un debate, más allá de lo político-partidario. Existe un consenso de los cuatro partidos, vinculado a que debe alcanzarse una solución determinada.
Por otra parte, Salsamendi anunció que se buscarán posibilidades para aumento de sueldos para los funcionarios los que según dijo, perciben salarios muy bajos, y resulta un impedimento para poder competir con otras instituciones. Esta situación genera que el personal calificado se vaya a otro lugar donde le pagan mejor, señaló.
La apuesta es coordinar más y mejor para utilizar en forma adecuada y racionalmente los recursos que cada uno tiene.
El presidente de INAU aspira a construir políticas de Estado en la materia. Y en ese esfuerzo pretende solicitar entrevistas a cada una de las direcciones de los partidos políticos a fin de presentar los proyectos que se alienta n, procurando generar acuerdos.
También se solicitará el apoyo del PIT-CNT, de las Cámaras Empresariales y otras instituciones sociales para constituir una especie de “patronato” –aunque hizo la salvedad de que ésta denominación no sería la más adecuada- a los efectos de apoyar el egreso de los menores, su inserción en el mundo del trabajo yí generar así un “acompañamiento”.
Salsamendi señaló también la temática de la adopción. Existe una Ley que obliga a partir de octubre, a no tener ningún niño de cero a tres años, por más de 45 días, en ningún programa del INAU. En los casos de tres a siete años no pueden superarse los 90 días. Salsamendi calificó esto como una verdadera “revolución” para el sistema.
Finalmente, hizo referencia a una necesaria descentralización de la institución por lo que se apelará a una modificación jurídica de la Ley Orgánica.
Balance y perspectivas de futuro
El director Jorge Ferrando agradeció la confianza del Presidente de la República y del nuevo presidente de INAU que decidieron su continuidad en el cargo.
Indicó que entre 2005 y 2007 Uruguay aportó una importante cantidad de recursos para mejorar cualitativamente la situación de la infancia y la adolescencia, porque no hay democracia duradera si no se promueven los derechos y se abren oportunidades para una vida mejor.
Enumeró una serie de logros de los últimos años. Dijo que se aumentó notoriamente la cobertura de atención pasando de 47.000 niños, niñas y adolescentes en 2004 a casi 70.000 en la actualidad. El mayor desarrollo estuvo en la primera infancia con cerca de 350 centros como parte del Plan CAIF principalmente, seguido del desarrollo de Clubes de Niños (cerca de 150), los Centros Juveniles (más de 70), volcando recursos financieros que mejoraran la calidad de atención.
Existen cerca de 4.000 niños, niñas y adolescentes a cargo del INAU que viven en hogares de la Institución o están a cargo de cuidadoras. Mejoró significativamente la alimentación y el estado edilicio de los hogares. Se desarrollaron nuevos programas de atención de situaciones de violencia, maltrato, de apoyo a las familias en situaciones de crisis, de combate del trabajo infantil y adolescente, la explotación sexual, situaciones de calle, la atención de adicciones.
Se promovió la participación de niños, niñas y adolescentes en diversos programas. Uruguay se encuentra entre los tres primeros países de América Latina en crear un Consejo Asesor y Consultivo de Adolescentes en relación directa con el Directorio.
El presupuesto global tuvo un incremento del 70% y fue cerca del 800% en inversiones. Se renovó cerca del 25% del personal y se presupuestó un número importante de personas contratadas.
También reconoció que existieron trabas y momentos de conflicto. Faltó mucho por hacer y se cometieron errores. Pese a todo lo hecho no se logró cambiar sustancialmente el sistema de atención de adolescentes privados de libertad, lo que consideró uno de los grandes desafíos del período.
Ferrando reconoció la labor de las anteriores autoridades y de los equipos de trabajo que lideraron.
También apeló a revertir la realidad de maltrato que en su mayoría hombres realizan a sus familias, lo definió como una “batalla cultural” que debe ganarse día a día, basándose en el respeto mutuo, la autonomía y el afecto.
INAU cuenta con una Hoja de Ruta
El director Dardo Rodríguez, por su parte, se congratuló de la participación de los partidos de oposición en este tipo de instituciones. Esta decisión generó en el país un nuevo clima, aseguró.
Definió al INAU como una institución donde la sociedad deposita buena parte de sus fracasos, donde se procura restablecer los derechos vulnerados.
Aseguró que el desafío institucional está orientado no solo a actuar cuando los derechos son vulnerados sino también la tarea de actuar antes en forma preventiva.
El país cuenta con un gran instrumento como es la Estrategia Nacional de Infancia, fruto del aporte de todos los sectores de la sociedad, con el fin de revertir las vergonzosas condiciones en que viven niños y niñas.
Se cuenta con un plan específico para este quinquenio que procura mejoras sustanciales de estas condiciones. Es una hoja de ruta que orienta y compromete al accionar conjunto con otras organizaciones del Estado y la sociedad civil., señaló Rodríguez.
El papel del Estado
La ministra de Desarrollo Social Ana Vignoli indicó que este acto es trascendente en su gestión, ya que se transfiere la responsabilidad a un equipo de trabajo, en una institución de capital importancia para el país y de gran sensibilidad para la sociedad.
Destacó la figura de Salsamendi quien ya trabajaba en temas de protección a la infancia, incluso fue funcionario de la institución y desempeñó tareas desde su papel legislativo.
Esta institución tiene dos grandes líneas de trabajo: la asistencia y la prevención, dijo la Ministra al tiempo que expresó su confianza en la tarea que podrá desarrollar el nuevo directorio.
Para el Estado –que tiene la responsabilidad establecida por la Constitución- no es fácil cubrir la ausencia de la familia, ya que es en el seno de la familia donde se dan los primeros vínculos del ser humano con el mundo, concluyó Vignoli."
Fuente: Sociedad Uruguaya
jueves, 17 de junio de 2010
En el mundial de Sudáfrica 2010: GOL peruano por la educación
Clipping: Save the Children en Perú
"Lanzan 1 Gol por la Educación en el marco de la Campaña Peruana por el Derecho a la Educación"
"Reconocidas figuras del deporte, la actuación y el periodismo nacional participaron en un video en el que muestran su apoyo a la campaña.
Los futbolistas Jefferson Farfán, Leao Butron, la campeona de tabla, Sofia Mulanovich, los actores Mónica Sánchez y Christian Thorsen, así como el periodista Raúl Vargas, son algunas de las personas que se han sumado a “1GOL por la Educación” iniciativa que quiere comprometer a los líderes mundiales junto a futbolistas y personas aficionadas de todo el mundo, a que unan esfuerzos para lograr un impulso definitivo en la consecución de la “Educación para todos y todas”. La presentación del video se realiza en el marco del lanzamiento de la campaña “Una infancia sana, protegida, educada y feliz si cambia al país” de la Campaña Peruana por el Derecho a la Educación.
"Lanzan 1 Gol por la Educación en el marco de la Campaña Peruana por el Derecho a la Educación"
"Reconocidas figuras del deporte, la actuación y el periodismo nacional participaron en un video en el que muestran su apoyo a la campaña.
Los futbolistas Jefferson Farfán, Leao Butron, la campeona de tabla, Sofia Mulanovich, los actores Mónica Sánchez y Christian Thorsen, así como el periodista Raúl Vargas, son algunas de las personas que se han sumado a “1GOL por la Educación” iniciativa que quiere comprometer a los líderes mundiales junto a futbolistas y personas aficionadas de todo el mundo, a que unan esfuerzos para lograr un impulso definitivo en la consecución de la “Educación para todos y todas”. La presentación del video se realiza en el marco del lanzamiento de la campaña “Una infancia sana, protegida, educada y feliz si cambia al país” de la Campaña Peruana por el Derecho a la Educación.
Así, a propósito de la Copa del Mundo Sudáfrica 2010, que se inicia el 11 de junio, la Campaña Peruana por el Derecho a la Educación (CPDE) miembro activo de la Campaña Mundial por la Educación (CME) y la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) presentó oficialmente la versión peruana del video “1 GOL por la Educación” que cuenta con la participación de estas y otras destacadas personalidades.
La Campaña Peruana por el Derecho a la Educación esta conformada por un total de 30 organizaciones de la sociedad civil presentes en 16 departamentos del Perú, entre ellas Ayuda en Acción, Save The Children, Plan Internacional, CESIP, Foro Educativo, Fundación Stromme, entre otras, que desde hace siete años realiza actividades en demanda de calidad, equidad, inclusión y mayor y mejor inversión en la educación nacional. Junto a más de 120 países, es miembro activo de la CME y de la CLADE, que reúne a 18 países de la región.
Por nuestra infancia
En este contexto, la CPDE lanza su propia campaña 2010 por el derecho a una atención integral de la primera infancia, llamada “Una infancia sana, protegida, educada y feliz, sí cambia al país”. La campaña obedece a una necesidad reconocida en las políticas gubernamentales y regionales, que han priorizado la atención a población de 0 a 5 años, con particular atención a la población rural.
Más de 2 millones 300 mil niños y niñas menores de cinco años en el país no reciben la atención debida en salud, nutrición y educación. Tan solo el 10% de la población de 0 a 2 años se beneficia con algún tipo de atención en salud y nutrición y más del 50% de los niños y niñas de 3 a 5 años no tiene la oportunidad de acceder a un centro de educación inicial.
La situación es especialmente grave en áreas rurales con población indígena. Si bien los índices de desnutrición han disminuido a nivel nacional y se registra un 18,3% en el 2009, en Huancavelica un 43% de su población sigue sufriendo de desnutrición.
“Una infancia sana, protegida, educada y feliz, sí cambia al país” desarrollará dos líneas de acción: la sensibilización sobre la importancia de la atención integral a la niños y niñas de 0 a 5 años en salud, nutrición y educación, y el monitoreo de tres indicadores de mejora en esta atención: el derecho a la identidad – lo que implica que no haya niño o niña menor de 5 años que no cuente con un documento de identidad; el incremento de inversión de los gobiernos locales en programas que beneficien a la niñez de 0 a 5 años; y la mejora de la infraestructura de los diferentes establecimientos estatales que ofrecen algún tipo de atención a los niños de Wawa Wasi, PRONOEI y Centros de Educación Inicial."
Vídeo de la campaña 1 gol por la educación
Fuente: Save the Children en Perú
Perú: en la lucha por los derechos humanos de niñas y niños
Clipping: Save the Children en Perú -
"La protección de la infancia es una tarea compartida"
"La necesidad del trabajo articulado entre el Estado y la Sociedad Civil para promover el respeto de los derechos de los niños y niñas fue una de las conclusiones de la Mesa de Diálogo organizada por Save the Children.
En el marco del Encuentro de organizaciones socias y amigas de Save the Children en Perú, Mayda Ramos, adjunta para la niñez y la adolescencia de la Defensoría del Pueblo, manifestó la importancia del trabajo conjunto entre el Estado y las organizaciones de la sociedad civil para lograr el pleno respeto de los derechos de los niños y niñas.
Como parte de su presentación en la mesa de diálogo “Protección de la infancia: Desde la CDN hacia la práctica cotidiana en el hogar, la escuela, la comunidad y el país”, Ramos resaltó el apoyo brindado por las diversas organizaciones y la cooperación internacional al trabajo de la Defensoría del Pueblo de salvaguardar los derechos de todos los ciudadanos y de la comunidad.
Del mismo modo, señaló que la Defensoría recibe muchas denuncias sobre maltrato, violencia sexual, castigo en las escuelas, explotación laboral y trata de personas. Por ello, se están estableciendo lineamientos de atención y acción frente a estos casos.
Informó también que uno de los ejes sobre los que trabaja la Adjuntía para la niñez y la adolescencia es el de la protección, dentro del cual tratan los temas de castigo físico y humillante, violencia sexual, trata y explotación laboral, reclutamiento por parte de grupos armados y violencia juvenil.
En cuanto al castigo físico, Ramos manifestó el compromiso de la Defensoría del Pueblo de construir un marco conceptual en el que se plantee que el castigo físico y humillante es violencia, y por lo tanto debe ser incluido como una forma de maltrato infantil.
Asimismo, aseguró que durante el año 2010 han participado de intervenciones para combatir la explotación sexual y laboral infantil, siendo el caso más emblemático el de 22 adolescentes rescatadas durante un operativo en Madre de Dios. Además reveló que durante el presente año se han presentado 11 casos de niños reclutados por parte de las fuerzas armadas, realidad preocupante y que requiere inmediata atención.
Alejandro Cussianovich, quién también formó parte de la mesa de diálogo organizada por Save the Children en Perú, trató el tema de la protección visto como un imperativo ético. “Los niños y niñas son patrimonio de la humanidad. Es por ello que es necesario promover sus potencialidades y no solo acogerlos ante una amenaza a su derecho a ser protegidos”.
Para Cussianovich, la protección hacia los niños y niñas debe ser vista como una herramienta para salvaguardar lo valioso y no para actuar en la emergencia. “Lo que realmente interesa es defender a los niños como sujetos de derechos con potencialidades y habilidades”.
Por su parte, Teresa Carpio, Directora de País de Save the Children, resaltó la importancia del Estudio de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra los Niños, informe que pone en evidencia formas de castigo físico y humillante que afectan a los niños y niñas, pero que muchas veces se mantienen ocultas tanto en el ámbito familiar, escolar y de la comunidad.
El Estudio reveló que el 98% de los niños y niñas que participaron en la investigación sufren de castigo físico. “Esta alarmante cifra es consecuencia de la aceptación social de este tipo de violencia contra la niñez, porque no se reconoce en el niño a un ser humano, sino a un proyecto sobre el cual hay que ejercer poder con el fin de formarlo” señaló Carpio.
Finalmente expuso las diversas iniciativas que Save the Children está llevando a cabo a nivel internacional, entre las que destacan la Iniciativa por la protección de la niñez, que busca establecer medidas y estructuras para prevenir la violencia, así como el fortalecimiento de los distintos actores involucrados para asegurar la protección integral de los niños y niñas."
Fuente: Save the Children en Perú
"La protección de la infancia es una tarea compartida"
"La necesidad del trabajo articulado entre el Estado y la Sociedad Civil para promover el respeto de los derechos de los niños y niñas fue una de las conclusiones de la Mesa de Diálogo organizada por Save the Children.
En el marco del Encuentro de organizaciones socias y amigas de Save the Children en Perú, Mayda Ramos, adjunta para la niñez y la adolescencia de la Defensoría del Pueblo, manifestó la importancia del trabajo conjunto entre el Estado y las organizaciones de la sociedad civil para lograr el pleno respeto de los derechos de los niños y niñas.
Como parte de su presentación en la mesa de diálogo “Protección de la infancia: Desde la CDN hacia la práctica cotidiana en el hogar, la escuela, la comunidad y el país”, Ramos resaltó el apoyo brindado por las diversas organizaciones y la cooperación internacional al trabajo de la Defensoría del Pueblo de salvaguardar los derechos de todos los ciudadanos y de la comunidad.
Del mismo modo, señaló que la Defensoría recibe muchas denuncias sobre maltrato, violencia sexual, castigo en las escuelas, explotación laboral y trata de personas. Por ello, se están estableciendo lineamientos de atención y acción frente a estos casos.
Informó también que uno de los ejes sobre los que trabaja la Adjuntía para la niñez y la adolescencia es el de la protección, dentro del cual tratan los temas de castigo físico y humillante, violencia sexual, trata y explotación laboral, reclutamiento por parte de grupos armados y violencia juvenil.
En cuanto al castigo físico, Ramos manifestó el compromiso de la Defensoría del Pueblo de construir un marco conceptual en el que se plantee que el castigo físico y humillante es violencia, y por lo tanto debe ser incluido como una forma de maltrato infantil.
Asimismo, aseguró que durante el año 2010 han participado de intervenciones para combatir la explotación sexual y laboral infantil, siendo el caso más emblemático el de 22 adolescentes rescatadas durante un operativo en Madre de Dios. Además reveló que durante el presente año se han presentado 11 casos de niños reclutados por parte de las fuerzas armadas, realidad preocupante y que requiere inmediata atención.
Alejandro Cussianovich, quién también formó parte de la mesa de diálogo organizada por Save the Children en Perú, trató el tema de la protección visto como un imperativo ético. “Los niños y niñas son patrimonio de la humanidad. Es por ello que es necesario promover sus potencialidades y no solo acogerlos ante una amenaza a su derecho a ser protegidos”.
Para Cussianovich, la protección hacia los niños y niñas debe ser vista como una herramienta para salvaguardar lo valioso y no para actuar en la emergencia. “Lo que realmente interesa es defender a los niños como sujetos de derechos con potencialidades y habilidades”.
Por su parte, Teresa Carpio, Directora de País de Save the Children, resaltó la importancia del Estudio de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra los Niños, informe que pone en evidencia formas de castigo físico y humillante que afectan a los niños y niñas, pero que muchas veces se mantienen ocultas tanto en el ámbito familiar, escolar y de la comunidad.
El Estudio reveló que el 98% de los niños y niñas que participaron en la investigación sufren de castigo físico. “Esta alarmante cifra es consecuencia de la aceptación social de este tipo de violencia contra la niñez, porque no se reconoce en el niño a un ser humano, sino a un proyecto sobre el cual hay que ejercer poder con el fin de formarlo” señaló Carpio.
Finalmente expuso las diversas iniciativas que Save the Children está llevando a cabo a nivel internacional, entre las que destacan la Iniciativa por la protección de la niñez, que busca establecer medidas y estructuras para prevenir la violencia, así como el fortalecimiento de los distintos actores involucrados para asegurar la protección integral de los niños y niñas."
Fuente: Save the Children en Perú
martes, 8 de junio de 2010
Uruguay: INAU y la "NEW" Colonia Berro
Clipping: 180.com.uy
"INAU estudia cómo descongestionar Colonia Berro
El Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU) realizará un acuerdo con el Ministerio del Interior para conseguir entre 150 y 200 nuevas plazas para el sistema de privación de libertad de adolescentes. El futuro presidente del organismo, Javier Salsamendi, confirmó a No Toquen Nada que las nuevas plazas serán las de mayor seguridad dentro del sistema y que la Colonia Berro cambiará su perfil.
Por: Redacción 180
- http://www.espectador.com/1v4_contenido.php?id=182843&sts=1
* "El futuro presidente del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU), Javier Salsamendi se manifestó partidario de separar el sistema de responsabilidad penal juvenil (menores infractores) de la órbita de este organismo. El planteo es compartido por el Presidente".
- http://www.larepublica.com.uy/politica/412882-se-creara-instituto-especializado-en-minoridad-infractora-fuera-de-inau
"INAU estudia cómo descongestionar Colonia Berro
El Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU) realizará un acuerdo con el Ministerio del Interior para conseguir entre 150 y 200 nuevas plazas para el sistema de privación de libertad de adolescentes. El futuro presidente del organismo, Javier Salsamendi, confirmó a No Toquen Nada que las nuevas plazas serán las de mayor seguridad dentro del sistema y que la Colonia Berro cambiará su perfil.
Por: Redacción 180
Salsamendi dijo también que se está avanzando en un proyecto de emergencia para el sistema de privación de libertad de menores y en otro para concretar la separación jurídica del Semeji tema de Ejecución de Medidas a Jóvenes en Infracción) y el INAU.
Salsamendi confirmó que las conversaciones con el Ministerio del Interior para conseguir nuevas plazas están avanzadas y explicó algunos de los objetivos que se buscan con esta medida. “Serían las de mayor seguridad pero eso también implica una gestión al interior de la privación de libertad en sí. O sea, no estamos pensando simplemente en un lugar de mayor seguridad y nada más. Pero es notorio que debemos mejorar los mecanismos de seguridad y, a su vez, esto nos permitiría en principio descongestionar la Colonia Berro y destinar todo su espacio que es muy importante a un proyecto educativo y productivo en mejores condiciones que las que se están generando hoy”, explicó.
El futuro presidente del INAU también se refirió a los objetivos que se persiguen con la idea de separar jurídicamente a ese organismo y su unidad especializada en privación de libertad, el Semeji. “El resto del INAU podrá especializarse en los temas que tiene que especializarse. Para poner un ejemplo muy simple, supongamos que en algún momento el directorio del INAU está discutiendo con todas las autoridades del plan CAIF, que es fundamental, y recibe una llamada que le dice que hay un problema grave en Berro. Lo más probable es que se termine, lamentablemente, la reunión de planificación sobre qué hacemos con buena parte de los niños y niñas, los más pobres de todos, y tengamos que salir corriendo para ver qué hacemos con Berro”.
En el documento de acuerdo interpatidario sobre seguridad ya está planteada la creación de un Instituto Nacional de Rehabilitación con una rama específica para adolescentes y un Instituto de Responsabilización de los Adolescentes en Conflicto con la ley. Ambos van en el sentido de darle mayor autonomía y especificidad al trabajo en ese terreno y quitarle peso al INAU."
Fuente: 180.com.uy
Más información:
* Observaciones de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y Comité de Derechos del Niño- Uruguay sobre condiciones de detención (2010).- http://www.espectador.com/1v4_contenido.php?id=182843&sts=1
* "El futuro presidente del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU), Javier Salsamendi se manifestó partidario de separar el sistema de responsabilidad penal juvenil (menores infractores) de la órbita de este organismo. El planteo es compartido por el Presidente".
- http://www.larepublica.com.uy/politica/412882-se-creara-instituto-especializado-en-minoridad-infractora-fuera-de-inau
martes, 1 de junio de 2010
"La infancia perdida de Gaza"
Por Guillermo Alvarado
"Gaza es una pestaña de tierra atrapada entre el mar Mediterráneo, Israel y Egipto, donde en apenas 360 kilómetros cuadrados un millón y medio de palestinos, la mitad de ellos niños y adolescentes, viven un infierno de terror, sufrimientos y muerte.
En las últimas horas el nombre de esta zona restalla donde quiera por la condena casi universal al brutal ataque perpetrado por el ejército israelí contra una caravana que pretendía llegar por vía marítima con una carga humanitaria para aliviar la situación de las víctimas de un riguroso bloqueo.
Como se sabe, los valientes soldados sionistas sintieron su vida amenazada por los desarmados caravanistas, eso dijo en Tel Aviv el Primer Ministro Benjamín Netanyahu, y descargaron su fuego contra ellos dejando cerca de una veintena de muertos, 30 heridos y varios detenidos.
La reacción fue enérgica para rechazar el desproporcionado uso de la fuerza contra civiles, con la excepción del Consejo de Seguridad de la ONU que necesitó 12 horas de discusiones para condenar el crimen, pero no al criminal, y la Casa Blanca que, si bien lamentó los fallecidos, apenas consideró el hecho como un “incidente”.
Pero, ¿cuál es la raíz de esta masacre, absurda e injustificada?
Recordemos que la Franja de Gaza forma parte del Estado Palestino, aunque geográficamente está separado del resto de ese territorio. En 1948 fue ocupada por Egipto y en 1967, durante la llamada “guerra de los seis días” los sionistas se apoderaron de ella, situación que permaneció así hasta los Acuerdos de Oslo, en 1994, cuando el 80 por ciento de ese suelo fue entregado a la Autoridad Nacional Palestina.
Desde 2007 cuando el movimiento Hamas obtuvo el poder en la Franja, se agudizaron los violentos ataques judíos, que llegaron hasta los sanguinarios bombardeos de finales de 2008 y principios de 2009 que causaron más de 1 400 muertos, la mitad civiles y una cuarta parte de ellos, niños.
Hoy día la situación es dramática tras 18 meses de bloqueo, en particular para la infancia. Una entrevista a una niña palestina llamada Yasmín, realizada y publicada por UNICEF, revela los sufrimientos a que son sometidos: no pueden jugar, porque en la calle sus vidas corren peligro, no pueden ir a la escuela, muchos vieron morir a sus hermanos, padres o amigos, no tienen alimentos o medicinas y ya casi no les quedan esperanzas.
"Queremos vivir, somos seres humanos y queremos vivir", aseguró Yasmín .
Además de lo cotidiano, sufren el constante acoso de los soldados sionistas. Más de un centenar de menores palestinos denunciaron haber sido víctimas de agresiones sexuales, golpizas y amenazas luego de ser detenidos por ser, presuntamente, terroristas.
Para responder a esta afrenta humana, se organizó la caravana atacada por el ejército israelí que demostró, asimismo, que el cerco contra Gaza es también marítimo, a pesar de que las aguas del Mediterráneo han sido declaradas como neutrales.
En un Día Internacional de la Infancia viene muy bien aquel poema de Mario Benedetti que comienza así: “cuando éramos niños/ los viejos tenían como treinta/ un charco era un océano/ la muerte lisa y llana, no existía”.
Pensando en los niños palestinos de Gaza, hoy un poquito más huérfanos que ayer, nos viene a la mente, no exento de amargura e impotencia, aquel otro pensamiento del mismo autor latinoamericano, que una vez nos recordó que la infancia no siempre es un paraíso perdido, a veces, puede ser un desgraciado infierno.
Fuentes: RHC, AIN, GRANMA, TRABAJADORES, JUVENTUD REBELDE, PL, REUTER, EFE, IPS, ANSA, AFP, XINHUA, TASS, DPA, AP."
"Gaza es una pestaña de tierra atrapada entre el mar Mediterráneo, Israel y Egipto, donde en apenas 360 kilómetros cuadrados un millón y medio de palestinos, la mitad de ellos niños y adolescentes, viven un infierno de terror, sufrimientos y muerte.
En las últimas horas el nombre de esta zona restalla donde quiera por la condena casi universal al brutal ataque perpetrado por el ejército israelí contra una caravana que pretendía llegar por vía marítima con una carga humanitaria para aliviar la situación de las víctimas de un riguroso bloqueo.
Como se sabe, los valientes soldados sionistas sintieron su vida amenazada por los desarmados caravanistas, eso dijo en Tel Aviv el Primer Ministro Benjamín Netanyahu, y descargaron su fuego contra ellos dejando cerca de una veintena de muertos, 30 heridos y varios detenidos.
La reacción fue enérgica para rechazar el desproporcionado uso de la fuerza contra civiles, con la excepción del Consejo de Seguridad de la ONU que necesitó 12 horas de discusiones para condenar el crimen, pero no al criminal, y la Casa Blanca que, si bien lamentó los fallecidos, apenas consideró el hecho como un “incidente”.
Pero, ¿cuál es la raíz de esta masacre, absurda e injustificada?
Recordemos que la Franja de Gaza forma parte del Estado Palestino, aunque geográficamente está separado del resto de ese territorio. En 1948 fue ocupada por Egipto y en 1967, durante la llamada “guerra de los seis días” los sionistas se apoderaron de ella, situación que permaneció así hasta los Acuerdos de Oslo, en 1994, cuando el 80 por ciento de ese suelo fue entregado a la Autoridad Nacional Palestina.
Desde 2007 cuando el movimiento Hamas obtuvo el poder en la Franja, se agudizaron los violentos ataques judíos, que llegaron hasta los sanguinarios bombardeos de finales de 2008 y principios de 2009 que causaron más de 1 400 muertos, la mitad civiles y una cuarta parte de ellos, niños.
Hoy día la situación es dramática tras 18 meses de bloqueo, en particular para la infancia. Una entrevista a una niña palestina llamada Yasmín, realizada y publicada por UNICEF, revela los sufrimientos a que son sometidos: no pueden jugar, porque en la calle sus vidas corren peligro, no pueden ir a la escuela, muchos vieron morir a sus hermanos, padres o amigos, no tienen alimentos o medicinas y ya casi no les quedan esperanzas.
"Queremos vivir, somos seres humanos y queremos vivir", aseguró Yasmín .
Además de lo cotidiano, sufren el constante acoso de los soldados sionistas. Más de un centenar de menores palestinos denunciaron haber sido víctimas de agresiones sexuales, golpizas y amenazas luego de ser detenidos por ser, presuntamente, terroristas.
Para responder a esta afrenta humana, se organizó la caravana atacada por el ejército israelí que demostró, asimismo, que el cerco contra Gaza es también marítimo, a pesar de que las aguas del Mediterráneo han sido declaradas como neutrales.
En un Día Internacional de la Infancia viene muy bien aquel poema de Mario Benedetti que comienza así: “cuando éramos niños/ los viejos tenían como treinta/ un charco era un océano/ la muerte lisa y llana, no existía”.
Pensando en los niños palestinos de Gaza, hoy un poquito más huérfanos que ayer, nos viene a la mente, no exento de amargura e impotencia, aquel otro pensamiento del mismo autor latinoamericano, que una vez nos recordó que la infancia no siempre es un paraíso perdido, a veces, puede ser un desgraciado infierno.
Fuentes: RHC, AIN, GRANMA, TRABAJADORES, JUVENTUD REBELDE, PL, REUTER, EFE, IPS, ANSA, AFP, XINHUA, TASS, DPA, AP."
Fuente: http://www.facebook.com/?ref=home#!/note.php?note_id=399372541775&id=1505076466&ref=mf
jueves, 20 de mayo de 2010
Hoy marchamos en silencio.
Marcha del Silencio: jueves 20 de mayo, a las 19 hrs.
Punto de encuentro: Rivera y Jackson - Montevideo.
Por Verdad, Memoria, Justicia y Nunca Más!!
Fuente: http://www.youtube.com/watch?v=aCYQMpIbxkQ&feature=related
Punto de encuentro: Rivera y Jackson - Montevideo.
Por Verdad, Memoria, Justicia y Nunca Más!!
Fuente: http://www.youtube.com/watch?v=aCYQMpIbxkQ&feature=related
martes, 11 de mayo de 2010
Argentina: "PRESENTACIÓN DEL INFORME SOBRE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIDH"
"PALABRAS DEL COMISIONADO PAULO SERGIO PINHEIRO
LANZAMIENTO DEL INFORME SOBRE SEGURIDAD CIUDADANA Y DERECHOS HUMANOS"
Buenos Aires, mayo 2010
"Buenos días,
Es un honor estar con ustedes el día de hoy y una gran satisfacción poder participar en el primer lanzamiento del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos. Este informe no habría sido posible sin el apoyo de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de UNICEF, de la Fundación Open Society y del Gobierno de Italia. Asimismo, fueron fundamentales las contribuciones y los comentarios de las organizaciones de la sociedad civil, las respuestas provistas por los Estados. Quiero hacer una mención especial a Juan Faroppa, quien trabajó como consultor en este proyecto, así como a la abogada Verónica Gómez y a Paulo Mesquita, quien ya no se encuentra entre nosotros.
Los actuales índices de violencia y criminalidad en el hemisferio han posicionado a la seguridad ciudadana como una de las principales demandas de la sociedad hacia las autoridades estatales. Esta situación es el resultado de un proceso que lleva ya varias décadas, en el que han coincidido diversos factores de tipo social, económico, cultural e institucional que operaron como posibilitadores para la generación o reproducción de diferentes formas de comportamientos violentos, en relación directa con la agudización de las consecuencias de modalidades delictivas que ponen en riesgo el efectivo ejercicio de algunos derechos humanos.
Las sociedades del hemisferio enfrentan cotidianamente renovados desafíos para la convivencia democrática, caracterizada por la tolerancia, la solidaridad y el respeto por los derechos de todas las personas que la integran. En este escenario interactúan las diferentes formas de violencia, que se presentan en forma de variadas manifestaciones, entre las que se destacan: el crimen organizado; la presencia de un alto número de armas de fuego en manos de particulares; el abuso de sustancias estupefacientes; la violencia contra las mujeres; la violencia contra niños, niñas y adolescentes; la violencia contra la población indígena y población afrodescendiente; los conflictos que involucran a movimientos sociales y comunitarios; y el fenómeno, pocas veces tratado en la profundidad de sus distintas causalidades, de la violencia relacionadas con la delincuencia juvenil.
En esta oportunidad quisiera centrarme en uno de los temas transversales del informe sobre seguridad ciudadana: el impacto de la violencia en los niños, niñas y adolescentes y la importancia de implementar políticas públicas en esta materia que sean adecuadas para atender sus particulares necesidades. Quiero hacer referencia a la seguridad ciudadana en relación a los niños, niñas y adolescentes, no sólo porque es el tema del cual soy relator para la Comisión Interamericana y en el que he concentrado gran parte de mi trabajo a lo largo de los años, sin no principalmente porque es el grupo poblacional más afectado por la violencia y la delincuencia.
Tal como lo refleja el informe que hoy se presenta ante ustedes, entre las víctimas y los victimarios de la violencia y el delito se destacan los niños, niñas y jóvenes de entre 15 y 29 años de edad, con una tasa de homicidios que se eleva a 68.9/100.000. El desglose de las cifras demuestra que para la población joven de ingresos altos, la tasa es de 21.4/100.000, mientras que para la población joven de sectores de ingresos medios y bajos, se eleva a 89.7/100.000. También en este caso la región registra la tasa de violencia más alta del mundo.
Esta situación de mayor vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes frente a la violencia en el hemisferio, obliga a los Estados Miembros a adoptar prácticas y procedimientos especiales para garantizar efectivamente los derechos de este segmento de la población. A partir de la vigencia de la Convención sobre los Derechos del Niño, se reconoce en el plano del derecho internacional que los niños, niñas y adolescentes gozan de todos los derechos consagrados para los seres humanos y que es deber de los Estados promover y garantizar su efectiva protección igualitaria, y reconocer la existencia de protecciones jurídicas y derechos específicos de niños, niñas y adolescentes. No se trata de consagrar en la política pública sobre seguridad ciudadana derechos diferentes para las personas menores de dieciocho años de edad frente al resto de los seres humanos, sino de establecer una protección complementaria para este sector de la población en el ámbito de sus relaciones con el Estado, la sociedad y la familia. Así lo ha sostenido la Corte Interamericana al referirse a las obligaciones de protección especial asumidas por los Estados Miembros.
En la misma dirección, a partir de la doctrina de la protección integral, sustentada en la misma Convención sobre los Derechos del Niño, por interés superior del niño no puede entenderse otra cosa que la efectividad de todos y cada uno de sus derechos humanos. En otros términos: todas la decisiones que en la familia, la sociedad, o el Estado afecten a una persona menor de dieciocho años de edad tendrán que tener en cuenta, objetiva e indefectiblemente, la vigencia efectiva de la integralidad de tales derechos.
Tal como ha sido reflejado en la jurisprudencia del sistema interamericano de derechos humanos, el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, implica que el desarrollo de éste y el pleno ejercicio de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño”. Es por ello que la política pública sobre seguridad ciudadana debe tener presente que el interés superior del niño, la niña y el adolescente ya no es el concepto subjetivo e impreciso sometido a la discrecionalidad de los adultos, sino un indicador preciso de la forma como se garantiza el goce efectivo de los derechos las personas que tienen menos de dieciocho años de edad.
Es por eso que en este informe se busca explorar las buenas prácticas y experiencias exitosas que permitan redireccionar las políticas públicas en materia de seguridad con una perspectiva de derechos humanos y que tenga en cuenta las especiales características de grupos en situación de vulnerabilidad como los son los niños, niñas y adolescentes. Dentro de las experiencias de prevención de la inseguridad y la violencia que quisiera destacar, se encuentran, entre otros, los programas dirigidos a trabajar sobre los factores posibilitadores de la violencia y el delito en espacios concretos, como es el caso de los que impulsan técnicas de resolución no violenta de conflictos en los centros educativos; programas de desarrollo infantil temprano y de apoyo para las familias con niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situaciones de mayor vulnerabilidad ante el delito o la violencia. Por su parte, desde el punto de vista de la prevención terciaria, debe hacerse expresa mención al trabajo con personas jóvenes que ya han cometido delitos, mediante programas de penas alternativas a la prisión, que hagan efectiva la responsabilidad del victimario, en dirección de la debida compensación, mediante la reparación a la víctima o el trabajo comunitario, de los daños generados por su comportamiento ilícito.
En su informe, la Comisión reconoce que la relación entre las fuerzas policiales y el sector de la población constituido por niños, niñas y adolescentes, históricamente ha sido compleja, y se ha desarrollado en medio de marcadas dificultades para una adecuada comunicación. En el contexto que se verifica en varios países de la región, donde el crecimiento de los niveles de violencia y criminalidad ha llevado al reclamo de acciones de mayor represión por parte de amplios sectores de la sociedad, esa relación se torna aún más difícil.
En mi calidad de Experto Independiente de Naciones Unidas para el Estudio de la Violencia contra los Niños reporté que la violencia en la comunidad afecta a los grupos de niños marginados. La violencia de la policía contra los niños de la calle —desde hostigamiento verbal a palizas y violación y otros actos de violencia sexual, torturas y “desapariciones”— es un tema común en los análisis de estudios y consultas. Niños de todas las regiones han comunicado actos de violencia cruel y gratuita de la policía por delitos menores.
Es por eso que la efectividad de las medidas de protección especial para niños, niñas y adolescentes, llevadas al plano de la actuación policial, tiene que ver con un marco jurídico adecuado a los estándares internacionales y al funcionamiento de unidades especialmente formadas para intervenir en situaciones que involucran a personas menores de dieciocho años de edad, en tanto víctimas como victimarios de hechos violentos o criminales. Sin perjuicio de esto, es necesario que todo el personal policial reciba una formación básica adecuada sobre la forma de actuar en este tipo de situaciones, y que también incorpore protocolos de intervención, criterios de derivación y facilidades para el trabajo en red con otras instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil. Esto va en consonancia con lo expresado por la Corte en la Opinión Consultiva OC‐17/02, sobre “Condición jurídica y derechos del niño” al concluir que "el Estado debe valerse de instituciones que dispongan de personal adecuado, instalaciones suficientes, medios idóneos y experiencia probada en este género de tareas".
Del mismo modo, los Estados tienen la obligación de generar mecanismos eficaces para prevenir y sancionar los hechos de violencia que tienen como víctimas a niños, niñas y adolescentes, tanto en el ámbito doméstico, como en el sistema educativo y en otros ámbitos de la vida social donde este tipo de amenaza puede producirse. La Comisión ha hecho referencia anteriormente a esta obligación de los Estados Miembros, recomendando la adopción “de programas de vigilancia estricta sobre la situación de los niños (...) las medidas necesarias para garantizar los derechos de los menores, especialmente los que son víctimas de la violencia doméstica”.
La actual situación que atraviesan varios países de las Américas, a partir de la frecuencia con que pueden verificarse hechos de violencia y la tendencia al crecimiento de las cifras sobre tasas globales de delitos, lleva también al incremento de las intervenciones respecto a niños, niñas y adolescentes de las instituciones que integran el sistema de seguridad ciudadana. En consecuencia, el informe observa que se ha producido un crecimiento sostenido en la región del número de personas menores de dieciocho años de edad detenidos por la policía y/o privados de libertad por disposición de las autoridades judiciales. Al analizar situaciones específicas, la Comisión se ha pronunciado manifestando que siempre “(...) el arresto de una persona sospechada de haber cometido un delito debe llevarse a cabo en cumplimiento de la legislación interna y del derecho internacional; esto es, bajo una orden y supervisión judiciales, y por un tiempo limitado. Sin embargo, en la práctica estos requisitos no se cumplen en muchos casos, inclusive en casos que involucran a menores (...)”. La Comisión también expresó que los responsables de la mayoría de los arrestos arbitrarios y/o ilegales son miembros de las fuerzas policiales, a la vez que señaló su preocupación por la inexistencia, en países de la región, de “(...) un registro centralizado de arrestos y detenciones, que permita realizar un seguimiento efectivo de los detenidos; y porque hay casos de obstrucción de la justicia a través de la alteración de partes policiales”, en especial en caso de personas menores de dieciocho años de edad.
Tratándose de un sector de la población que debe ser objeto de medidas de protección especial, mediante su informe sobre seguridad ciudadana la Comisión recuerda a los Estados Miembros los estándares internacionales que deben orientar las medidas de privación de libertad de niños, niñas y adolescentes. Al respecto, la Corte Interamericana ha señalado que " (...) en el caso de privación de libertad de niños, la regla de la prisión preventiva se debe aplicar con mayor rigurosidad, ya que la norma debe ser la aplicación de medidas sustitutorias de la prisión preventiva”. A la vez, la Corte ha especificado que, en consecuencia, dicha privación de libertad (...) “debe ser excepcional y por el periodo más breve posible de detención o prisión”.
Esta función estatal de garantía reviste particular importancia cuando los privados de la libertad son niños o niñas y los Estados deben tomar las medidas necesarias para asegurar que permanezcan separados de las personas adultas que se encuentran en la misma situación, en establecimientos adecuados y bajo la responsabilidad de personal con formación especializada. A los efectos de hacer efectivo el cumplimiento de esta obligación, la Corte ha señalado que los Estados Miembros deben (...) contemplar, entre otros aspectos, estrategias, acciones apropiadas y la asignación de los recursos que resulten indispensables para que los niños privados de libertad se encuentren separados de los adultos; para que los niños procesados estén separados de los condenados; así como para la creación de programas de educación, médicos y psicológicos integrales para todos los niños privados de libertad.
Quiero hacer referencia a algunas de las recomendaciones del informe que creo que resultan especialmente relevantes para la conexión entre la seguridad ciudadana y la situación de los niños, niñas y adolescentes. Entre ellas, el asegurar los estándares especiales de protección que requieren aquellas personas o grupos de personas en especial situación de vulnerabilidad frente a la violencia y el delito, como los niños, niñas y adolescentes; las mujeres; la población indígena y afrodescendiente y las personas migrantes y sus familias, sin perjuicio que las obligaciones de protección y garantía de los derechos humanos comprometidos en la política sobre seguridad ciudadana asumidas por los Estados Miembros incluyen a todas las personas bajo su jurisdicción.
De un modo más específico, el informe recomienda también medidas como la capacitación del personal policial para atender en forma eficaz y eficiente a personas que integran grupos especialmente vulnerables de la sociedad, entre ellos los niños, niñas y adolescentes y; adoptar medidas de prevención y control de la violencia, en especial respecto de aquellas personas en especial situación de vulnerabilidad frente a amenazas a su integridad personal, como los niños, niñas y adolescentes y las mujeres, tanto en el ámbito privado; en la sociedad; o con respecto a las intervenciones de agentes del Estado.
Quiero concluir mi intervención invitando a todos los aquí presentes, a los Estados y a la sociedad civil, a apropiarse del contenido del informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos, difundirlo y utilizarlo como una herramienta para mejorar las políticas públicas en esta materia, lo que potencialmente tendrá un impacto positivo en la calidad de vida de los habitantes de las Américas.
Muchas gracias."
"Buenos Aires, 11 de mayo de 2010
"PRESENTACIÓN DEL INFORME SOBRE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIDH"
Lugar: Congreso de la Nación – Riobamba 25 – Ciudad de Buenos Aires.
Horario: 10:30 hs. a 13:30hs.
Salón Auditorio del Anexo de la Cámara de Diputados
Presentación del Informe sobre Seguridad Ciudadana de la CIDH
Panelistas: Paulo Sérgio Pinheiro (CIDH, comisionado); Santiago Canton (CIDH, secretario ejecutivo); Marcela Baldata (diputada nacional); Gastón Chillier (CELS, director ejecutivo)"
Fuente: http://www.facebook.com/?ref=home#!/note.php?note_id=390116134278&id=613756631&ref=mf
LANZAMIENTO DEL INFORME SOBRE SEGURIDAD CIUDADANA Y DERECHOS HUMANOS"
Buenos Aires, mayo 2010
"Buenos días,
Es un honor estar con ustedes el día de hoy y una gran satisfacción poder participar en el primer lanzamiento del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos. Este informe no habría sido posible sin el apoyo de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de UNICEF, de la Fundación Open Society y del Gobierno de Italia. Asimismo, fueron fundamentales las contribuciones y los comentarios de las organizaciones de la sociedad civil, las respuestas provistas por los Estados. Quiero hacer una mención especial a Juan Faroppa, quien trabajó como consultor en este proyecto, así como a la abogada Verónica Gómez y a Paulo Mesquita, quien ya no se encuentra entre nosotros.
Los actuales índices de violencia y criminalidad en el hemisferio han posicionado a la seguridad ciudadana como una de las principales demandas de la sociedad hacia las autoridades estatales. Esta situación es el resultado de un proceso que lleva ya varias décadas, en el que han coincidido diversos factores de tipo social, económico, cultural e institucional que operaron como posibilitadores para la generación o reproducción de diferentes formas de comportamientos violentos, en relación directa con la agudización de las consecuencias de modalidades delictivas que ponen en riesgo el efectivo ejercicio de algunos derechos humanos.
Las sociedades del hemisferio enfrentan cotidianamente renovados desafíos para la convivencia democrática, caracterizada por la tolerancia, la solidaridad y el respeto por los derechos de todas las personas que la integran. En este escenario interactúan las diferentes formas de violencia, que se presentan en forma de variadas manifestaciones, entre las que se destacan: el crimen organizado; la presencia de un alto número de armas de fuego en manos de particulares; el abuso de sustancias estupefacientes; la violencia contra las mujeres; la violencia contra niños, niñas y adolescentes; la violencia contra la población indígena y población afrodescendiente; los conflictos que involucran a movimientos sociales y comunitarios; y el fenómeno, pocas veces tratado en la profundidad de sus distintas causalidades, de la violencia relacionadas con la delincuencia juvenil.
En esta oportunidad quisiera centrarme en uno de los temas transversales del informe sobre seguridad ciudadana: el impacto de la violencia en los niños, niñas y adolescentes y la importancia de implementar políticas públicas en esta materia que sean adecuadas para atender sus particulares necesidades. Quiero hacer referencia a la seguridad ciudadana en relación a los niños, niñas y adolescentes, no sólo porque es el tema del cual soy relator para la Comisión Interamericana y en el que he concentrado gran parte de mi trabajo a lo largo de los años, sin no principalmente porque es el grupo poblacional más afectado por la violencia y la delincuencia.
Tal como lo refleja el informe que hoy se presenta ante ustedes, entre las víctimas y los victimarios de la violencia y el delito se destacan los niños, niñas y jóvenes de entre 15 y 29 años de edad, con una tasa de homicidios que se eleva a 68.9/100.000. El desglose de las cifras demuestra que para la población joven de ingresos altos, la tasa es de 21.4/100.000, mientras que para la población joven de sectores de ingresos medios y bajos, se eleva a 89.7/100.000. También en este caso la región registra la tasa de violencia más alta del mundo.
Esta situación de mayor vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes frente a la violencia en el hemisferio, obliga a los Estados Miembros a adoptar prácticas y procedimientos especiales para garantizar efectivamente los derechos de este segmento de la población. A partir de la vigencia de la Convención sobre los Derechos del Niño, se reconoce en el plano del derecho internacional que los niños, niñas y adolescentes gozan de todos los derechos consagrados para los seres humanos y que es deber de los Estados promover y garantizar su efectiva protección igualitaria, y reconocer la existencia de protecciones jurídicas y derechos específicos de niños, niñas y adolescentes. No se trata de consagrar en la política pública sobre seguridad ciudadana derechos diferentes para las personas menores de dieciocho años de edad frente al resto de los seres humanos, sino de establecer una protección complementaria para este sector de la población en el ámbito de sus relaciones con el Estado, la sociedad y la familia. Así lo ha sostenido la Corte Interamericana al referirse a las obligaciones de protección especial asumidas por los Estados Miembros.
En la misma dirección, a partir de la doctrina de la protección integral, sustentada en la misma Convención sobre los Derechos del Niño, por interés superior del niño no puede entenderse otra cosa que la efectividad de todos y cada uno de sus derechos humanos. En otros términos: todas la decisiones que en la familia, la sociedad, o el Estado afecten a una persona menor de dieciocho años de edad tendrán que tener en cuenta, objetiva e indefectiblemente, la vigencia efectiva de la integralidad de tales derechos.
Tal como ha sido reflejado en la jurisprudencia del sistema interamericano de derechos humanos, el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, implica que el desarrollo de éste y el pleno ejercicio de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño”. Es por ello que la política pública sobre seguridad ciudadana debe tener presente que el interés superior del niño, la niña y el adolescente ya no es el concepto subjetivo e impreciso sometido a la discrecionalidad de los adultos, sino un indicador preciso de la forma como se garantiza el goce efectivo de los derechos las personas que tienen menos de dieciocho años de edad.
Es por eso que en este informe se busca explorar las buenas prácticas y experiencias exitosas que permitan redireccionar las políticas públicas en materia de seguridad con una perspectiva de derechos humanos y que tenga en cuenta las especiales características de grupos en situación de vulnerabilidad como los son los niños, niñas y adolescentes. Dentro de las experiencias de prevención de la inseguridad y la violencia que quisiera destacar, se encuentran, entre otros, los programas dirigidos a trabajar sobre los factores posibilitadores de la violencia y el delito en espacios concretos, como es el caso de los que impulsan técnicas de resolución no violenta de conflictos en los centros educativos; programas de desarrollo infantil temprano y de apoyo para las familias con niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situaciones de mayor vulnerabilidad ante el delito o la violencia. Por su parte, desde el punto de vista de la prevención terciaria, debe hacerse expresa mención al trabajo con personas jóvenes que ya han cometido delitos, mediante programas de penas alternativas a la prisión, que hagan efectiva la responsabilidad del victimario, en dirección de la debida compensación, mediante la reparación a la víctima o el trabajo comunitario, de los daños generados por su comportamiento ilícito.
En su informe, la Comisión reconoce que la relación entre las fuerzas policiales y el sector de la población constituido por niños, niñas y adolescentes, históricamente ha sido compleja, y se ha desarrollado en medio de marcadas dificultades para una adecuada comunicación. En el contexto que se verifica en varios países de la región, donde el crecimiento de los niveles de violencia y criminalidad ha llevado al reclamo de acciones de mayor represión por parte de amplios sectores de la sociedad, esa relación se torna aún más difícil.
En mi calidad de Experto Independiente de Naciones Unidas para el Estudio de la Violencia contra los Niños reporté que la violencia en la comunidad afecta a los grupos de niños marginados. La violencia de la policía contra los niños de la calle —desde hostigamiento verbal a palizas y violación y otros actos de violencia sexual, torturas y “desapariciones”— es un tema común en los análisis de estudios y consultas. Niños de todas las regiones han comunicado actos de violencia cruel y gratuita de la policía por delitos menores.
Es por eso que la efectividad de las medidas de protección especial para niños, niñas y adolescentes, llevadas al plano de la actuación policial, tiene que ver con un marco jurídico adecuado a los estándares internacionales y al funcionamiento de unidades especialmente formadas para intervenir en situaciones que involucran a personas menores de dieciocho años de edad, en tanto víctimas como victimarios de hechos violentos o criminales. Sin perjuicio de esto, es necesario que todo el personal policial reciba una formación básica adecuada sobre la forma de actuar en este tipo de situaciones, y que también incorpore protocolos de intervención, criterios de derivación y facilidades para el trabajo en red con otras instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil. Esto va en consonancia con lo expresado por la Corte en la Opinión Consultiva OC‐17/02, sobre “Condición jurídica y derechos del niño” al concluir que "el Estado debe valerse de instituciones que dispongan de personal adecuado, instalaciones suficientes, medios idóneos y experiencia probada en este género de tareas".
Del mismo modo, los Estados tienen la obligación de generar mecanismos eficaces para prevenir y sancionar los hechos de violencia que tienen como víctimas a niños, niñas y adolescentes, tanto en el ámbito doméstico, como en el sistema educativo y en otros ámbitos de la vida social donde este tipo de amenaza puede producirse. La Comisión ha hecho referencia anteriormente a esta obligación de los Estados Miembros, recomendando la adopción “de programas de vigilancia estricta sobre la situación de los niños (...) las medidas necesarias para garantizar los derechos de los menores, especialmente los que son víctimas de la violencia doméstica”.
La actual situación que atraviesan varios países de las Américas, a partir de la frecuencia con que pueden verificarse hechos de violencia y la tendencia al crecimiento de las cifras sobre tasas globales de delitos, lleva también al incremento de las intervenciones respecto a niños, niñas y adolescentes de las instituciones que integran el sistema de seguridad ciudadana. En consecuencia, el informe observa que se ha producido un crecimiento sostenido en la región del número de personas menores de dieciocho años de edad detenidos por la policía y/o privados de libertad por disposición de las autoridades judiciales. Al analizar situaciones específicas, la Comisión se ha pronunciado manifestando que siempre “(...) el arresto de una persona sospechada de haber cometido un delito debe llevarse a cabo en cumplimiento de la legislación interna y del derecho internacional; esto es, bajo una orden y supervisión judiciales, y por un tiempo limitado. Sin embargo, en la práctica estos requisitos no se cumplen en muchos casos, inclusive en casos que involucran a menores (...)”. La Comisión también expresó que los responsables de la mayoría de los arrestos arbitrarios y/o ilegales son miembros de las fuerzas policiales, a la vez que señaló su preocupación por la inexistencia, en países de la región, de “(...) un registro centralizado de arrestos y detenciones, que permita realizar un seguimiento efectivo de los detenidos; y porque hay casos de obstrucción de la justicia a través de la alteración de partes policiales”, en especial en caso de personas menores de dieciocho años de edad.
Tratándose de un sector de la población que debe ser objeto de medidas de protección especial, mediante su informe sobre seguridad ciudadana la Comisión recuerda a los Estados Miembros los estándares internacionales que deben orientar las medidas de privación de libertad de niños, niñas y adolescentes. Al respecto, la Corte Interamericana ha señalado que " (...) en el caso de privación de libertad de niños, la regla de la prisión preventiva se debe aplicar con mayor rigurosidad, ya que la norma debe ser la aplicación de medidas sustitutorias de la prisión preventiva”. A la vez, la Corte ha especificado que, en consecuencia, dicha privación de libertad (...) “debe ser excepcional y por el periodo más breve posible de detención o prisión”.
Esta función estatal de garantía reviste particular importancia cuando los privados de la libertad son niños o niñas y los Estados deben tomar las medidas necesarias para asegurar que permanezcan separados de las personas adultas que se encuentran en la misma situación, en establecimientos adecuados y bajo la responsabilidad de personal con formación especializada. A los efectos de hacer efectivo el cumplimiento de esta obligación, la Corte ha señalado que los Estados Miembros deben (...) contemplar, entre otros aspectos, estrategias, acciones apropiadas y la asignación de los recursos que resulten indispensables para que los niños privados de libertad se encuentren separados de los adultos; para que los niños procesados estén separados de los condenados; así como para la creación de programas de educación, médicos y psicológicos integrales para todos los niños privados de libertad.
Quiero hacer referencia a algunas de las recomendaciones del informe que creo que resultan especialmente relevantes para la conexión entre la seguridad ciudadana y la situación de los niños, niñas y adolescentes. Entre ellas, el asegurar los estándares especiales de protección que requieren aquellas personas o grupos de personas en especial situación de vulnerabilidad frente a la violencia y el delito, como los niños, niñas y adolescentes; las mujeres; la población indígena y afrodescendiente y las personas migrantes y sus familias, sin perjuicio que las obligaciones de protección y garantía de los derechos humanos comprometidos en la política sobre seguridad ciudadana asumidas por los Estados Miembros incluyen a todas las personas bajo su jurisdicción.
De un modo más específico, el informe recomienda también medidas como la capacitación del personal policial para atender en forma eficaz y eficiente a personas que integran grupos especialmente vulnerables de la sociedad, entre ellos los niños, niñas y adolescentes y; adoptar medidas de prevención y control de la violencia, en especial respecto de aquellas personas en especial situación de vulnerabilidad frente a amenazas a su integridad personal, como los niños, niñas y adolescentes y las mujeres, tanto en el ámbito privado; en la sociedad; o con respecto a las intervenciones de agentes del Estado.
Quiero concluir mi intervención invitando a todos los aquí presentes, a los Estados y a la sociedad civil, a apropiarse del contenido del informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos, difundirlo y utilizarlo como una herramienta para mejorar las políticas públicas en esta materia, lo que potencialmente tendrá un impacto positivo en la calidad de vida de los habitantes de las Américas.
Muchas gracias."
"Buenos Aires, 11 de mayo de 2010
"PRESENTACIÓN DEL INFORME SOBRE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIDH"
Lugar: Congreso de la Nación – Riobamba 25 – Ciudad de Buenos Aires.
Horario: 10:30 hs. a 13:30hs.
Salón Auditorio del Anexo de la Cámara de Diputados
Presentación del Informe sobre Seguridad Ciudadana de la CIDH
Panelistas: Paulo Sérgio Pinheiro (CIDH, comisionado); Santiago Canton (CIDH, secretario ejecutivo); Marcela Baldata (diputada nacional); Gastón Chillier (CELS, director ejecutivo)"
Fuente: http://www.facebook.com/?ref=home#!/note.php?note_id=390116134278&id=613756631&ref=mf
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