Rozanski adelantó a Página/12 que irá acompañado por el juez Sergio Torres, que como él lleva adelante juicios emblemáticos por los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar, entre ellos los abusos sexuales y la violencia de género cometida contra las detenidas-desaparecidas en los centros clandestinos de detención.
La encuesta de ELA fue realizada por la consultora MBC MORI, entre julio y agosto, entre 750 personas, entre varones y mujeres de la ciudad de Buenos Aires y el área Metropolitana. Les preguntaron: “¿Conoce usted en forma personal a alguna persona que haya sufrido algún tipo de violencia en el último año?”. El 19 por ciento, es decir, casi uno de cada cinco, respondió afirmativamente. Luego le preguntaron a qué tipo de violencia se refería: el 71 por ciento dijo “violencia intrafamiliar”, 19 por ciento, “en el ámbito social” y 11 por ciento, en el “ámbito laboral”. A continuación pidieron que especificara cuál de un listado de situaciones reflejaba mejor el caso de violencia familiar al que se referían. Seis de cada 10 señalaron “la violencia en la pareja”. “En 75 por ciento del total de casos señalados por los y las entrevistadas las mujeres son las víctimas y los varones los perpetradores. Los hechos de violencia ocurren principalmente en el ámbito familiar, pero también en el marco de las relaciones con personas conocidas en el trabajo y otros ámbitos”, indicó Gherardi. Entre los que contestaron que conocían a una persona víctima de violencia familiar, el porcentaje se eleva al 79 por ciento entre los que marcan al que el perpetrador es varón y la víctima mujer; y apenas el 4 por ciento dijo que la agresora era una mujer y el maltratado un varón.
El relevamiento encontró que:
n No hubo denuncias en el 42 por ciento de los hechos de violencia porque las víctimas temían represalias o desamparo económico, según indicaron los encuestados.
n La mitad de las mujeres agredidas denunció el hecho, 34 por ciento lo hizo en comisarías y 29 por ciento en comisarías de la mujer. El porcentaje restante recurrió a servicios de justicia y salud y organizaciones de la sociedad civil.
“Las comisarías están cerca de la mayoría de los hogares urbanos, todavía son el espacio más descentralizado con el que cuenta el Estado”, explicó Gherardi, directora ejecutiva de ELA. “Es más difícil el acceso de las mujeres a dependencias judiciales, únicamente la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia funciona 24 horas durante todo el año en la Ciudad de Buenos Aires. Pero sólo un 9 por ciento de las y los encuestados dijo conocerla”, agregó. El estudio encontró que el problema de la violencia persiste en más de 50 por ciento de los casos en que se realizó la denuncia correspondiente. “Este dato confirma que la denuncia no pone fin a la situación de violencia, y que es necesario contar con políticas sociales, laborales y de salud para contribuir a dar una respuesta contundente a este problema”, advirtió la directora ejecutiva de ELA.
Para la ONG especializada, hay avances en el país, aunque dispares en las provincias. “En cambio, la escasez de estadísticas variadas y complementarias es común al gobierno nacional y las administraciones provinciales y municipales. La falta de datos sistematizados impide trazar un recorrido de los casos de violencia de género, es decir que no es posible evaluar las respuestas que brindan las políticas públicas, el sistema de salud y las instituciones de la justicia”, cuestionó.
El 25 de noviembre fue declarado Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer en el Primer Encuentro Feminista de Latinoamérica y del Caribe celebrado en Bogotá (Colombia) en julio de 1981. Se recuerda el crimen de las hermanas Mirabal (Patria, Minerva y María Teresa), tres activistas políticas asesinadas el 25 de noviembre de 1960 por la policía secreta del dictador Rafael Trujillo en la República Dominicana. Sus cadáveres destrozados aparecieron en el fondo de un precipicio. En el año 1999, la ONU dio carácter oficial a esta fecha."
Fuente: Página/12
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