HAITÍ: "Los esfuerzos de reconstrucción tras el terremoto están fallando a las mujeres y niñas"

Clipping: CRIN

"[PUERTO PRÍNCIPE, 30 de agosto de 2011] - Las mujeres y niñas en Haití enfrentan problemas para acceder a los servicios de salud necesarios para prevenir muertes prematuras de madres y niños, dijo Human Rights Watch en un informe publicado hoy. Graves deficiencias en el acceso a los servicios de salud están perjudicando a mujeres y niñas vulnerables, que siguen desplazadas después del terremoto del 12 de enero de 2010. Los problemas se agravan debido a servicios de asistencia que carecen de mecanismos eficaces de seguimiento y para denunciar deficiencias en los mismos.

El informe de 78 páginas, “‘Nobody Remembers Us’:Failure to Protect Women’s and Girls’ Right to Health and Security in Post-Earthquake Haiti” (“‘Nadie se acuerda de nosotras’: El fracaso a la hora de proteger los derechos de las mujeres y las niñas a la salud y la seguridad en el Haití post-terremoto”), documenta la falta de acceso a la atención materna y reproductiva en Haití después del sismo, incluso a pesar de la disponibilidad sin precedentes de servicios gratuitos de atención médica. El informe también describe cómo el hambre ha llevado a las mujeres a intercambiar sexo por alimentos y cómo las malas condiciones de los campos de refugiados exacerban el impacto de la violencia sexual debido a las dificultades para recibir atención después de una violación. El informe se centra en cómo los esfuerzos de reconstrucción han fallado a la hora de responder adecuadamente a las necesidades y los derechos de las mujeres y las niñas, especialmente sus derechos a la salud y la seguridad. Las autoridades haitianas y los donantes deberían tomar medidas concretas para mejorar el acceso a los servicios y proteger los derechos humanos de las mujeres y las niñas, señaló Human Rights Watch.

“Más de un año y medio después del terremoto, algunas mujeres y niñas paren a sus hijos sin atención médica, en los pisos con lodo de tiendas de campaña, o intercambian sexo por alimentos sin ningún tipo de protección contra el embarazo no deseado”, dijo Kenneth Roth, director ejecutivo de Human Rights Watch. “A pesar de los avances logrados por los servicios gratuitos de atención médica, el gobierno y los donantes internacionales no han abordado las graves deficiencias en el acceso a los servicios de salud ni las condiciones que pueden conducir a muertes maternales e infantiles”.

Más de 300.000 mujeres y niñas viven actualmente en campamentos para personas desplazadas. Human Rights Watch entrevistó a más de 100 mujeres y niñas entre 14 y 42 años en 15 campamentos de desplazados que estaban embarazadas o que habían parido durante el periodo posterior al terremoto.

Algunas describieron cómo parieron sus bebés en tiendas de campaña, en la calle o en callejones de camino al hospital, y, en un caso, en la esquina de la calle después de que un hospital le negara el ingreso por no poder pagar una cesárea. Antes del terremoto, Haití tenía la mayor tasa de mortalidad materna en el hemisferio occidental, con 630 muertes por cada 100.000 nacidos vivos. La tasa después del terremoto no se conoce, y hay una falta de seguimiento efectivo de las muertes maternas e infantiles en los campamentos.

“Acabo de parir en el suelo... No recibí medicamentos para el dolor durante el parto”, dijo una mujer a Human Rights Watch.

El terremoto de enero de 2010 se saldó con aproximadamente 222.000 muertos, 300.000 heridos y el desplazamiento de entre 1.3 millones y 1.6 millones de personas. Alrededor de 300.000 viviendas y gran parte de la infraestructura del país sufrieron daños o fueron destruidas, incluyendo el 60 por ciento de los hospitales en las zonas afectadas.

Los donantes prometieron US$5.300 millones en ayuda dentro del marco del plan de reconstrucción post-terremoto que esbozó el gobierno, en el que US$258 millones estarían dedicados a la atención sanitaria. Aunque sólo se han gastado US$118.4 millones en cuidados de salud, otros US$130.6 millones han sido destinados para este propósito y están cerca de ser desembolsados.

Las organizaciones benéficas han trabajado duro para ofrecer atención médica, pero muchas mujeres y niñas no han podido recibirla, debido a la falta de información, deficiente infraestructura de transporte y los costos difíciles de pagar de servicios que no son cubiertos por la atención médica gratuita. Como resultado, los derechos fundamentales de las mujeres a la salud y la seguridad se ven amenazados, concluyó Human Rights Watch.

Además, la falta de coordinación e intercambio de datos por parte de los donantes y las organizaciones no gubernamentales (ONG) que proveen los servicios de salud han hecho que a los observadores de derechos humanos y al propio gobierno les resulte difícil evaluar el progreso.

Muchas mujeres y niñas de escasos recursos económicos no pueden permitirse el transporte a las instalaciones donde se ofrece atención médica gratuita, descubrió Human Rights Watch. Algunas dejan de buscar ayuda si no pueden pagar las pruebas que se les pide, como una ecografía, o porque piensan, erróneamente, que no pueden regresar al hospital sin los resultados de las pruebas.

“Con casi US$260 millones destinados a los cuidados de salud, ninguna mujer debería parir en la calle”, señaló Roth. “Las mujeres y las niñas tienen derecho a atención médica indispensable, incluso en circunstancias adversas”.

La extrema vulnerabilidad y la pobreza han orillado a algunas mujeres en los campamentos a entablar relaciones con hombres por el bien de su seguridad económica, o a mantener relaciones sexuales por transacciones o por supervivencia, tales como el intercambio de sexo por comida, aseguró Human Rights Watch. Este comercio sexual se lleva a cabo sin ningún tipo de acceso adecuado a anticonceptivos ni otros servicios de salud reproductiva, lo cual incrementa la vulnerabilidad a largo plazo de las mujeres y las niñas a embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual.

La vulnerabilidad de las mujeres y niñas haitianas a la violación era una preocupación incluso antes del terremoto. Se trata de una problema aún mayor en los campos de desplazados, donde algunos grupos de mujeres han reportado una incidencia especialmente alta de violaciones y violencia sexual.

La anticoncepción de emergencia y la atención medica necesaria después de una violación están disponibles en algunos centros de salud, pero muchas víctimas de violación no tienen acceso a esta atención por las mismas razones por las que las mujeres y las niñas tienen dificultades para acceder a otros servicios de salud: la falta de información básica sobre lo que está disponible y dónde, así como dificultades para pagar el transporte para llegar a los servicios. Algunas mujeres y niñas explicaron a Human Rights Watch que tenían demasiado miedo, vergüenza o estaban demasiado traumatizadas por la violación como para buscar ayuda en el plazo necesario para que la anticoncepción de emergencia fuese eficaz.

El gobierno debe mejorar los servicios de protección contra la violencia para las mujeres y niñas, y garantizar que tengan información y acceso a la atención médica necesaria posterior a una violación, dijo Human Rights Watch.

“La atención a los derechos humanos debería ser una parte esencial del plan de reconstrucción de Haití”, dijo Roth. “El gobierno, los donantes y las ONG deberían trabajar juntos para proporcionar a las mujeres y las niñas los servicios, la protección y el respeto que necesitan, e implementar el sistema de supervisión necesario para asegurar que esto suceda”.

TESTIMONIOS SELECCIONADOS

Mona

Mona se trasladó a un campamento en Delmas 33, a las afueras de Puerto-Príncipe, con su esposo y sus hijos, después de que el terremoto destruyera su casa. “Parí en el suelo… No recibí medicamentos para el dolor durante el parto”, dijo. Finalmente, tres días después vio a un médico, que le dio tres pastillas para el dolor.

Gheslaine

Gheslaine es una madre soltera de tres niños que lo perdió todo en el terremoto. Parió recientemente, pero no tiene cómo alimentar a sus dos hijos y a su recién nacido:

La gente intenta sobrevivir como sea. Las mujeres mantienen relaciones sexuales con hombres para poder alimentar a sus hijos. Eso pasa mucho. Mi hija tiene 12 años y no tiene amigos en los campos, porque incluso las niñas son presionadas a tener relaciones sexuales para obtener cosas. Yo no trabajo. No tengo padres que me puedan ayudar. Muchas veces, las mujeres quedan embarazadas y no tienen a nadie que cuide de ellas. Así, por US$0.60 ó US$1.25, tienen relaciones sexuales, sólo por eso. Por desgracia, a veces las mujeres quedan embarazadas, pero si tuviéramos acceso a medidas de planificación familiar, nos protegeríamos.... No es bueno prostituirse, pero, ¿qué puedes hacer? Tenemos que comer.

Florence

Florence tiene apenas 15 años, tiene cinco meses de embarazo y no tiene padres. Vivía con una familia para la que hacía las tareas domésticas. Después del terremoto, ella y la familia se trasladaron a un campamento en Mais Gaté. Su empleador la violó y luego la amenazó y le dijo que no le contara a nadie lo que había pasado. Ella quedó embarazada, y alguien en el campo la llevó a una visita prenatal. Florence suspendió la atención médica porque no podía pagar las pruebas complementarias.

Fui una vez al médico y éste me dio una receta. No tenía dinero para la prueba de sangre y el análisis de heces. El médico me dijo que volviera, pero me aconsejó que trajera los resultados del examen.... No tengo padre ni madre, vivo con una “tía (su empleadora)”, pero ella no se ocupa de mí ahora. Ahora vivo en el campo con otra persona, después de que fui violada.

Yvonne

Yvonne, de 30 años, de un campamento en Croix-des-Bouquets, pensó que no podía parir en el mismo lugar que visitó para la atención prenatal. Allí le dieron instrucciones para que se hiciera una ecografía, pero como no la podía pagar, no se atrevió a volver para hacerse más exámenes médicos ni para parir.

Fui a varios hospitales diferentes antes de dar a luz para los chequeos [porque] ... cuando me pidieron que me hiciera una ecografía, no tenía dinero para pagarla, y por eso me cambié de hospital.... Nadie me dijo que iba a tener un parto difícil... [pero] cuando inició mi trabajo de parto sentí muchos dolores. Llegué al hospital a las 9, a las 10 no había parido, y a las 11 me hicieron una cesárea."

Información adicional:

• HAITÍ: A un año del terremoto en Haití, 380.000 niños viven hacinados en campamentos (7 de enero de 2011)
• HAITÍ: Aumenta la violencia contra las mujeres [Amnistía Internacional, Enero 2011]
• HAITÍ: La infancia en Haití un mes después [UNICEF, Marzo 2010]
• Más información sobre los derechos del niño en Haití

FUENTE: CRIN

Chile: Por una educación gratuita y de calidad

Clipping: Infobae.com

"A diferencia de la postura que adoptaron los universitarios, accedieron a negociar en el Congreso para intentar poner fin a las protestas. Pusieron como condición que se atiendan sus reclamos

Los estudiantes secundarios reunidos en la ciudad norteña de Copiapó resolvieron aceptar hoy la mesa de diálogo ofrecida por el Congreso, con el fin de intentar terminar con las movilizaciones que se extienden desde hace tres meses por una educación pública de calidad y gratuita.

Los jóvenes, que estuvieron todo el día reunidos en la ciudad norteña de Copiapó, resolvieron aceptar la mesa de diálogo ofrecida por el Congreso para buscar una salida al conflicto, que ya lleva tres meses. Se trata de una determinación contraria de la acogida los estudiantes universitarios que esta madrugada descartaron sentarse con los congresistas.

El vocero de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (Cones), Fredy Fuentes, advirtió sin embargo que aunque aceptaron el diálogo con el Congreso, lo harán bajo sus propios términos y no sobre la base de la propuesta hecha por el gobierno para la reforma educativa. "Sí estamos dispuestos al diálogo con el Parlamento, pero obviamente teniendo garantías de que las cosas que se van a discutir es en base a nuestras demandas y no a las propuestas del gobierno, que nosotros hemos rechazado hasta el momento", explicó.

El pasado 1 de agosto, el gobierno de Sebastián Piñera propuso 21 medidas a los estudiantes y a los dirigentes del Colegio de Profesores para intentar detener las movilizaciones, las que fueron rechazadas por el estudiantado.

Fuentes recalcó que las movilizaciones planificadas para los próximos días se mantendrán, entre ellas el paro nacional anunciado para el próximo jueves.

Los estudiantes chilenos iniciaron las movilizaciones a mediados de mayo para exigir que el gobierno central vuelva a administrar la educación primaria y secundaria, que se prohíba a las instituciones privadas lucrarse con la educación y que se garantice en la Constitución el derecho a una educación pública, gratuita y de calidad."

Fuente: EFE

+ info: elmostrador.país; The New York Times; Movilización estudiantil en Chile de 2011

Argentina: "Testigos en peligro"

Clipping: Página 12

¿Por qué los niños y niñas testigos y víctimas de la violencia ejercida contra sus madres siguen a cargo de aquel que la ejerció? Sentencias que no quedan firmes, demoras en los juicios e interpretaciones débiles de la legislación vigente ponen en riesgo a niños y niñas que han sido testigos de la violencia sexista y que terminan siendo rehenes de la patria potestad.

Por Elisabet Contrera

Mirtha vive para sus nietos/as. “Después de todo lo que pasaron, están conmigo, tienen contención”, cuenta aliviada. Leonilda no puede ver a los suyos. Están lejos, a cargo del padre quien, según denuncia, es el asesino de su hija. Mirtha también estuvo separada de sus nietos. Una Justicia perezosa liberó al femicida bajo fianza. “No podía dormir. Tenía miedo de que matara a los chicos y luego se suicidara”, recuerda. Leonilda está aterrada. “Tengo miedo que tome represalias contra ellos”, confiesa. Pero el terror no la paraliza, sino que la mantiene alerta y en pie para seguir reclamando la guarda de sus nietos/as y justicia por la muerte de su hija.

Ambas perdieron a sus hijas en muertes violentas. En el primer caso, María Burgos (42) fue asesinada por su ex marido. En el segundo, Liliana Garabedian (37) fue encontrada sin vida en un campo del departamento de Capeyán, en la provincia de Catamarca. Un mes antes, había decidido terminar la relación con su marido entre amenazas, golpes y denuncias. Ambas historias suman como víctimas a los/las hijos/as en común que fueron testigos de la violencia ejercida contra sus madres y que estuvieron, en el primer caso, o aún están, como en el segundo, a cargo de los supuestos homicidas.

¿Por qué los niños y niñas testigos y víctimas de la violencia ejercida contra sus madres siguen a cargo de aquél que la ejerció? ¿Por qué José Arce acusado de ser autor intelectual del asesinato de su esposa Rosana Galiano puede esperar en libertad el inicio del juicio y cuidar a sus hijos? ¿Qué mensaje se le da a la sociedad si los supuestos asesinos de esas mujeres se pueden amparar en su derecho de patria potestad para seguir impunes? ¿Es beneficioso para una criatura que su protección y crianza esté a cargo del (supuesto) homicida de su madre?

¿Qué dice la legislación? Según el artículo 12 del Código Penal, una persona que es condenada a reclusión o prisión por más de 3 años pierde automáticamente la patria potestad sobre sus hijos. Queda en suspenso hasta que cumple con su condena. Ya en libertad, recupera ese derecho. El Código Civil también se refiere al tema. En el artículo 307, sobre causales para pedir la suspensión de la patria potestad, dispone la quita de ese derecho cuando se “pone en peligro la seguridad, la salud física o psíquica o la moralidad del hijo, mediante malos tratamientos, ejemplos perniciosos, inconducta notoria o delincuencia”.

“Estas causales están presentes cuando una madre es asesinada por el padre de los niños, lo cual indicaría que la norma existe”, explica Claudia Hasanbegovic, abogada e investigadora. Sin embargo, lo que está claro para la especialista, no están obvio para los jueces que intervienen en estos casos. Existe una zona gris en la jurisprudencia que deja a niños y niñas huérfanos de madre a merced del padre homicida.

“Según el Código Penal, el padre que asesinó a su esposa pierde la patria potestad cuando la sentencia está firme, pero hay cientos de casos en los cuales se dilatan los juicios, recuperan la libertad y se hacen cargo de los niños/as”, alerta. “Tampoco es habitual que los familiares de la víctima pidan la suspensión de los derechos alegando como causal el “convertir a los hijos en testigos de la violencia contra su madre”.

“Las investigaciones sobre violencia doméstica señalan el grave daño psicológico que sufren los hijos en dichas situaciones. Además están presentes en más del 70 por ciento de los ataques sobre su madre. Aunque la violencia no vaya dirigida a las hijas e hijos les causa sufrimiento, perjuicios en su salud, bienestar y desarrollo. Un padre que ejerce violencia contra la madre de sus hijos/as no los está cuidando, está dañándolos”, sostiene la especialista.

CONVIVIENDO CON EL ASESINO DE MAMA

María Burgos fue asesinada el 14 de junio de 2007. La mató su ex marido Carlos Ocaranza. Era tucumana, tenía 42 años y cuatro hijos con él. Se quiso separar, pero él se lo impidió. El le pegaba y ella lo denunció. Ella quiso liberarse y él la mató a golpes. Ocaranza, ex policía, fue detenido inmediatamente por el homicidio. Ese día cambió la vida de Mirtha Gutiérrez, la mamá de María. No sólo tuvo que luchar para pedir justicia por su hija, sino para recuperar a sus nietos, que quedaron a cargo de los abuelos paternos. “No me los dejaban ver, hasta que pedí régimen de visitas”, señala.

La situación empeoró cuando el homicida cumplió dos años de prisión sin condena y fue liberado bajo fianza. “Los chicos la pasaron muy mal. Vivían todos juntos en la casa de los abuelos paternos”, recuerda. “Les pegaba, los maltrataba. El que peor lo pasó fue Abel que siempre defendió a la madre de los golpes del padre. Una vez él intentó pegarle con una maza y Abel le frenó la mano”, cuenta. Además, el nieto mayor fue testigo en el juicio contra el asesino de María.

El maltrato terminó en octubre del año pasado cuando la Justicia dictó la reclusión perpetua contra Ocaranza. “Fue un año horrible. Tenía terror de que los mate y luego se matara él”, revela. “Además, siempre andaba dando vueltas por el barrio. Nunca me amenazó, pero andaba por acá, pasaba por la puerta”, recuerda.

Pero el alivio por la condena duró poco tiempo. A los pocos días se suicidó su nieto Abel. “Quería que su padre cambiara, le quería dar otra oportunidad. Pero algo pasó y se fue con su mamá”, cuenta entre lágrimas. “Era tan bueno, especial, todo el mundo lo quería”, resalta. ¿Recibió asistencia psicológica tras la muerte de su mamá?, preguntó Las/12. “Fue a la psicóloga por tres años, se lo veía bien. Se había anotado para ir a la gendarmería”, explica.

Mirtha está por conseguir la guarda legal de sus dos nietos más chicos, Mauricio (9) y Sebastián (16). “Sebastián está con sus abuelos paternos, se siente responsables por ellos. Quedaron destruidos con la sentencia contra su hijo”, cuenta. En tanto, Natalia (19) sigue viviendo con su tía. “La gente tiene que tomar conciencia. Hay que dar charlas a varones y mujeres, desde chiquitos, que vayan creciendo y aprendiendo que la violencia es inaceptable”, remarca.

NIÑOS PRISIONEROS

Leonilda Carrizo no puede ver a sus nietos, de 3 y 8 años. Uno de los problemas es la distancia. Ella vive en Buenos Aires y los chicos, en Catamarca. El otro es que el padre se lo impide. Casi no los ve desde que apareció muerta su hija y madre de los niños, Liliana Garabedian. Su cuerpo desnudo apareció el 8 de diciembre pasado. Fue hallado en un campo del departamento catamarqueño de Capeyán.

Según la autopsia, se murió por inanición, es decir, por no ingerir agua ni alimentos, pero la madre no cree ni una palabra. Las irregularidades de la investigación y los hechos ocurridos con anterioridad a su muerte la llevan a pensar que el responsable es su marido, Alejandro Barros.

Ella pierde contacto diario con su hija en diciembre de 2009 cuando junto a su marido e hijos se mudan a Catamarca, donde vive la familia de Barros. “Se fueron por el trabajo de él. Necesitaban estar más cerca de Córdoba. Vende neumáticos”, señala Leonidas. Liliana se quedó sola, sin trabajo ni amigos. Un mes antes de su muerte, Leonilda tomó conciencia del infierno que vivía su hija. “Yo fui un par de semanas para ver a mis nietos, pero cuando vi que estaba todo mal, me quedé un tiempo más. Ella se quería separar, ya se lo había dicho, pero él no quería. Una tarde llegué y él le estaba dando una paliza. Obviamente, fuimos hacer la denuncia policial.”

Barros abandonó la casa, pero según el testimonio de Leonidas, no cesaron las amenazas y golpes. “Empezó a amenazarla con que le iba a quitar los chicos, entró a la casa y se llevó todos los muebles”, cuenta. “Mi hija estaba desesperada. Tampoco le pasaba plata para la comida de los chicos”, revela. Todo estalló cuando desaparecieron sus hijos. Se los había llevado su padre a la casa de la hermana. “Liliana los va a buscar y termina detenida 16 horas por averiguación de antecedentes. Una detención totalmente ilegal”, denuncia Carolina Chiappetta, abogada de la víctima.

Luego, fue trasladada a un hospital local donde la atendió una psicóloga. Es lo último que se sabe de ella. Pasaron tres días de angustia, de búsqueda. “Aparece muerta en un descampado, desnuda. Dicen que estuvo vagando, pero en las plantas de los pies no tiene lastimaduras. Tiene marcas en el muslo que da la impresión de que la arrastraron y los peritos dicen que fue una quemadura del sol. Tampoco le hicieron los hisopados para ver si fue abusada o si la habían drogado”, enumera la letrada.

“Traté de mantener la discreción, pero ya no puedo más. Tengo miedo de que tome represalias contra los chicos”, confiesa Leonidas. “No sabemos quién cuida a los chicos. El viaja toda la semana por el trabajo. Nos dijeron que está con un tío paterno”, cuenta, desorientada. En estos meses, de dolor y lucha, sólo los pudo ver el 31 de mayo pasado por una hora. “La nena no se quería ir y me preguntaba dónde estaba su mamá. Hoy son prisioneros de la familia que los dejó huérfanos”, alerta.

EN EL CONGRESO

En abril pasado se realizó una jornada pública para debatir sobre la patria potestad de los femicidas. Uno de los puntos planteados fue avanzar en un proyecto de reforma del Código Penal que establezca la pérdida automática de la patria potestad en los casos de homicidas con sentencia firme.

“Los procesados por el mismo delito también perderían el derecho mientras dure el proceso”, explica Fabiana Tuñez, de la Casa del Encuentro, una de las organizaciones que impulsa la reforma. “Hay que evitar casos como los de Arce y Zambrano”, sostiene. “En 2010, mataron a 260 mujeres pero también destruyeron a 260 familias”, remarca.

En esa línea, el diputado nacional Gustavo Ferrari presentó una iniciativa que modifica la Ley de Protección de Violencia contra las Mujeres. Propone que al artículo 26, sobre medidas urgentes a disposición de los jueces, se sume la posibilidad de “ordenar al presunto agresor abstenerse de interferir, de cualquier forma, en el ejercicio de la guarda, crianza y educación de los/as hijos/ as, e incluso podrá suspender el ejercicio de la patria potestad”.

“Entendemos que esta medida tiende a prevenir una situación de hecho de importancia, dado que el juez ante la evidencia de una situación de riesgo para el menor podrá suspender preventivamente durante el plazo que considere conveniente el ejercicio de la patria potestad, y así no permitir que los hijos queden bajo la tutela de un padre que ha sido imputado por un hecho de violencia doméstica, y más aún que este último no pueda alegar dicha patria potestad para oponerse a una medida de prisión preventiva o cierta medida de seguridad que se pueda establecer”, explica el legislador.

La idea es avanzar en el mismo camino que en España, donde el gobierno está impulsando un proyecto para modificar el Código Civil para evitar que los condenados por violencia machista mantengan la patria potestad de sus hijos. Según el balance del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género español, entre julio de 2005 y junio de 2010 se han ordenado suspender la guardia y custodia de los hijos en 11.052 casos de violencia machista y en 544 han suspendido directamente la patria potestad.

Fuente: Página 12

Encuentro en Perú sobre la participación de ONG e implementación de los Sistemas Promoción y Protección de Derechos de los Niños en América Latina

Clipping: Save the Children

"En la ciudad de Lima, se llevó a cabo la apertura del Encuentro Regional “La participación de las ONG en la implementación de los Sistemas Nacionales de Promoción y Protección de Derechos del Niño (SNPPDDNN) en la región de América Latina”.

Este encuentro, que se realizará del 20 al 22 de julio, tiene como objetivo sistematizar las acciones llevadas a cabo por las ONG para el fortalecimiento de los SNPPDDNN en América Latina. Para lograr ello, Save the Children Suecia y REDLAMYC -que han sido las organizaciones impulsoras de esta propuesta- han reunido a los representantes de importantes ONG de la región y expertos en el tema como Alejandro Cussianovich, con la finalidad de reflexionar con ellos, y recoger sus conocimientos y lecciones aprendidas sobre este relevante tema.

Al respecto, Hans Lind, Director para la región de América Latina y el Caribe de Save the Children Suecia, comentó lo siguiente durante la apertura de dicho evento: “Junto con Redlamyc hemos decidido que vamos a sistematizar estas experiencias sobre los Sistemas Nacionales de Protección en los países de la región. Este taller, no solo nos ayudará a rescatar lo aprendido sino a planificar acciones futuras sobre este tema”.

“Vamos a recoger aquellos esfuerzos que se han hecho desde la sociedad civil organizada y analizar en qué medida los códigos creados han sido implementados por los Estados” afirmó Jorge Freyre, coordinador de la Redlamyc, durante su intervención.

Sobre la importancia que tendrá el trabajo a realizar durante este encuentro, Rosa María Ortiz, electa Comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, menciona: “La posibilidad de reflexionar sobre los Sistemas Nacionales de Promoción y Protección es muy importante. Pero más importante es asegurar que ese sistema que se instaló, sirva”.

Cabe mencionar que los resultados a los que se lleguen a través de este estudio, serán dados a conocer en un lanzamiento regional que se llevará a cabo en los próximos meses."

Fuente: Save the Children

Uruguay: "La OEA dice que no es posible que se tenga `a seres humanos en cloacas`"

Clipping: El País

"Inspección de cárceles. El relator Rodrigo Escobar Gil afirmó que la situación penitenciaria es "muy grave" y que son "horrorosas" las condiciones de internación de los menores en hogares del INAU"

Por Eduardo Barreneche

" "Hay una situación muy grave" en las cárceles uruguayas donde ocurren "violaciones sistemáticas de derechos humanos", y sus "infraestructuras son obsoletas e inadecuadas", fueron las principales conclusiones de un enviado de la OEA.

"Cualquier ciudadano internado en el Comcar tiene necesariamente que enfermarse. No es posible que se tenga a seres humanos en cloacas expuestos a las aguas servidas, a una situación de humedad y a la intemperie. El problema es estructural", dijo el relator especial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre los derechos humanos de las personas presas, Rodrigo Escobar Gil.

Advirtió que las condiciones edilicias, sanitarias y de higiene de los módulos 1, 2 y 4 del Comcar "son absolutamente inadecuadas" para el alojamiento de seres humanos. Esos recintos, agregó, "son espacios oscuros, húmedos e insalubres en los que las aguas negras salen de los desagües a los pisos de los pasillos y de las celdas por lo que son permanentes los olores nauseabundos".

A juicio del comisionado de la OEA, el Estado uruguayo deberá realojar a los internos de esos módulos "en espacios más adecuados" pues "es tal el grado de degradación de estas estructuras que cualquier mejora edilicia resultaría inefectiva".

Señaló que en el Comcar hay un hacinamiento del 200%. "La sola reclusión de personas en condiciones de esta naturaleza constituye claramente una forma de trato cruel, inhumano y degradante, violatoria del derecho a la integridad personal", sostuvo.

Esta es la tercera relatoría de organismos internacionales de derechos humanos que arriban al país para visitar penales. El 22 de marzo de 2009, el relator sobre derechos humanos, torturas y cárceles de las Naciones Unidas, Manfred Nowak, realizó un lapidario informe sobre las establecimientos penales uruguayas cuestiondo su superpoblación y violaciones de los derechos humanos.

Nowak dijo que las condiciones de alojamiento de "las latas" (módulos de acero) del Penal Libertad "son las peores del mundo".

Al regresar en marzo de 2009 de su viaje por China y Chile y preocupado por su prestigio en el exterior, el entones presidente Tabaré Vázquez dio un ultimátum a la ex ministra del Interior, Daisy Tourné para que elaborara un plan de descongestionamiento del sistema penitenciario con la mayor celeridad posible. La postergación de ese plan fue una de las causas de la remoción de Tourné.

Dos meses más tarde, el 6 de mayo de 2009, arribó a Uruguay el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, Florentín Meléndez. En su informe cuestionó el hacinamiento y las malas condiciones del Comcar.

USO IRRACIONAL. Escobar Gil y su asistente, Andrés Pizarro, realizaron una visita oficial a Uruguay que comenzó el lunes 4 y finalizó ayer. En ese ínterin, mantuvieron reuniones con los ministros Eduardo Bonomi (Interior) y Luis Almagro (Relaciones Exteriores) y se entrevistaron con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Leslie Van Rompaey, y el comisionado parlamentario Álvaro Garcé.

Ambos recorrieron las cárceles de Libertad, Comcar, Punta de Rieles, Cabildo (mujeres) y los hogares Ituzaingó, Sarandí y SER de la Colonia Berro del INAU.

Escobar Gil dijo que "tomó nota" del incremento de la inversión pública en cárceles, la creación de 4.000 nuevas plazas en distintos centros penitenciarios, la prestación de servicios de salud de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) en algunos centros y que se extenderá a otros. También destacó el cierre de "las latas" del penal de Libertad y la apertura de Punta de Rieles. Sin embargo, la relatoría de la OEA manifestó su preocupación por el "uso generalizado" de la prisión preventiva por períodos de tiempo que, muchas veces, exceden los plazos razonables.

"Hay mafias en las cárceles"

E.B.

-¿Por qué compara algunos módulos del Comcar con una cloaca?

-La situación de algunos edificios del Comcar es muy grave. Se trata de instalaciones físicas que no son muy apropiadas y que no se les hace mantenimiento a sus sistemas eléctricos, hidráulicos y sanitarios.

-¿Qué vio usted en el penal de Libertad durante su visita?

-En Libertad también hay muchas deficiencias. Lo más grave es la falta de trabajo y de educación de los internos. Con una población de aproximadamente 1.200 reclusos, solo tienen la posibilidad de trabajar 90 internos.

-El comisionado Álvaro Garcé relató que uno de los principales problemas del penal de Libertad es la elevada violencia existente entre presos.

-Pude ver problemas graves como el elevado consumo de drogas en el interior de los centros carcelarios, lo cual implica que existan organizaciones y mafias que ejercen cierto control sobre el establecimiento.

-¿La existencia de mafias ocurre solo en el penal de Libertad o también operan dentro del Comcar?

-Es un problema de los dos lados.

-En un informe que realizó ayer ante directores de cárceles, usted planteó la existencia de extorsiones en los penales. ¿A qué se refería?

-La existencia de mafias o de organizaciones delictivas en el interior de las cárceles generalmente se organizan no solamente para la venta de drogas y estupefacientes sino también para la práctica de extorsiones. Generalmente extorsionan a las familias de los adictos que se ven obligados a consumir la droga dentro de los penales.

-¿Qué opinión tiene de la Colonia Berro del INAU?

-De tres hogares que visité, en dos las condiciones de internación son horrorosas. A los niños se los somete todo el tiempo a encerramiento. A uno se le abre la puerta a las cuatro de la tarde y están durmiendo porque no le dan una alternativa distinta. No tienen la posibilidad de estudiar, trabajar o hacer deportes. Están todo el tiempo encerrados sin posibilidad de ver el sol. Son condiciones infrahumanas. Las celdas del centro SER no tienen condiciones higiénicas. Los menores tienen que hacer sus necesidades en un balde que permanece ahí hasta que les abran las puertas. También carecen de sábanas y toallas.

-¿Cuál es su visión sobre la decisión del gobierno de que militares controlen los ingresos de las cárceles?

-Los manuales de buenas prácticas recomiendan que el Ejército no esté presente o no realice requisas. Lo recomendable es que sea personal civil que haga las inspecciones."

Fuente: El país digital

"CIDH recomienda que reclusión sea el último recurso para menores infractores"

Clipping: Agencia EFE

"Un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre justicia juvenil recomendó a los Gobiernos de América Latina y el Caribe que las penas de prisión para menores infractores de la ley "sean aplicadas únicamente como último recurso y por el menor tiempo posible".

El relator de derechos de la niñez de la CIDH, Paulo Sergio Pinheiro, presentó estas recomendaciones en Lima en compañía del representante en Perú del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), Paul Martin, y la directora en Perú de la organización "Save the Children", Teresa Carpio.

Pinheiro lamentó que, en la realidad, "la primera medida" para sancionar a los infractores menores de 18 años es precisamente "ponerlos en instituciones cerradas", donde se les priva de sus familias y su comunidad impidiendo su reintegración en la sociedad.

Sin embargo, el experto brasileño criticó que "los hijos de las élites nunca van a la cárcel" y esa discriminación es un tema que "debería perturbar la percepción de la democracia".

Pinheiro añadió que hay señales de "alarma" en los sistemas judiciales de la región como, por ejemplo, la supresión o disminución de las garantías procesales, la disminución de la edad para ser procesados, y el incremento de las penas.

Otra de las recomendaciones del informe es incorporar los estándares y principios del derecho internacional al marco jurídico interno y a los sistemas de justicia juvenil.

Asimismo, poner tribunales juveniles especializados en todo el territorio, adoptar medidas para combatir la impunidad y proporcionar una reparación integral a los niños víctimas de la violencia y las violaciones de los derechos humanos.

El representante en Perú de Unicef, Paul Martin, opinó que las respuestas más comunes en la región latinoamericana (entre ellas el encierro) son las menos efectivas porque representan una violación de la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas.

En tal sentido, Martin indicó que, para Perú, este momento de cambio de Gobierno es el ideal para "levantar estos temas sobre cómo construir un sistema judicial acorde" con las normas internacionales.

En Perú hay 4.391 menores de edad atendidos por centros juveniles, en reclusión completa o parcial, para castigar las infracciones judiciales, la mayoría de los cuales han sido sentenciados por robo, hurto o violación sexual.

El secretario del grupo de trabajo especial de sectores sociales altamente vulnerables del Poder Judicial, Óscar Ayzanoa, pidió que la edad mínima procesal permanezca en 14 años en el Perú y reclamó que haya operadores de justicia especializados en la problemática juvenil.

Asimismo, Ayzanoa solicitó que se provea una atención especial a los jóvenes con problemas psicológicos y se atienda los derechos de las víctimas de estos infractores. EFE"

Ver en: La W Radio

"Uruguaya asumió la presidencia del Consejo de DDHH de la ONU"

Clipping: El Observador

La embajadora de Uruguay en Ginebra, Laura Dupuy Lasserre, ocupará cargo por un año.

Una uruguaya asumió este lunes la presidencia del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU). La embajadora de Uruguay en Ginebra, Laura Dupuy Lasserre, pasó a ocupar ese cargo por un año, en una ceremonia realizada en esa ciudad.

Dupuy llegó a ese puesto en representación de los países de América Latina y del Caribe (GRULAC). "Deseo agradecer a todos los países la confianza depositada en Uruguay y en mi persona para ocupar tan alto cargo, y en particular agradecer a la región de Latinoamérica y el Caribe por nominarme como su representante en esta mesa, en el sexto ciclo del Consejo de Derechos Humanos", expresó en el acto de asunción del cargo. Además, la embajadora señaló que Uruguay "padeció hasta hace algo más de dos décadas atrás una muy triste dictadura que conculcó derechos y libertades inherentes al ser humano". También destacó que la dictadura afectó directamente a su familia y que su padre fue “preso político y torturado, como tantas otras víctimas, que hoy quiero honrar".

El Consejo de Derechos Humanos de ONU se renueva todos los años y el cargo va rotando de cada uno de los cinco grupos regionales en que se organizan los 47 estados que lo integran. Además, esos 47 estados son elegidos por voto secreto de la Asamblea General de la ONU y todos los años cambia un tercio de ese total."

Fuente: El Observador.com.uy

"Denuncia: 115 millones de niños y niñas realizan trabajos peligrosos en todo el mundo"

Clipping: Save the Children

"A pesar de la disminución del trabajo infantil, que ha tenido lugar a nivel global en los últimos años, según datos la OIT 215 millones de niñas y niños trabajan actualmente en todo el mundo, de los cuales 115 lo hacen en condiciones peligrosas y de explotación, que suponen una grave vulneración de sus derechos.

La pobreza, la discriminación, la falta de políticas sociales y de acceso a una educación adecuada y de calidad son las principales causa y por ello, pedimos a los gobiernos que aumenten esfuerzos para cambiar esta realidad. Son necesarios además sistemas de protección nacionales y una implementación efectiva de legislaciones relativas al trabajo infantil.

Desde Save the Children venimos reiterando la denuncia sobre las ocho formas de explotación infantil:

• Trata infantil
• Explotación sexual con fines comerciales
• Trabajo infantil forzoso por endeudamiento
• Trabajo forzoso en la mina
• Trabajo forzoso en la agricultura
• Niños soldado/combatientes
• Matrimonio infantil forzoso
• Esclavitud doméstica

Como parte integral de nuestro trabajo, llevamos a cabo programas para erradicar la esclavitud infantil -explotación sexual infantil, trata de menores, esclavos domésticos, utilización de niños soldados, etc.- y también para apoyar a los Movimientos de Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores. Estos movimientos están formados por niños y niñas trabajadores organizados contra la explotación y por un trabajo en condiciones dignas que les permita acceder a la escuela y tener tiempo de ocio.
“No todo el trabajo infantil se puede considerar peligroso o explotación infantil. La explotación infantil resulta dañina para la salud del niño o niña, su desarrollo físico o emocional o interfiere con su educación. En sus peores formas los niños y niñas viven separados de sus familias, en condiciones de esclavitud o se ven expuestos a importantes riesgos y enfermedades” explica Yolanda Román. “El trabajo seguro y a tiempo parcial que no afecta a la salud o el desarrollo personal de los niños y niñas ni interfiere con su escolarización posibilitan que muchos niños y niñas puedan acceder a la escuela además de ayudar a sus familias”.

La trata, principal forma de explotación infantil en España

España es un país de tránsito y destino de niños, niñas y adolescentes víctimas de trata con fines de explotación “laboral” – o lo que se conoce como explotación para la comisión de hurtos y mendicidad- y explotación sexual. A pesar de que los perfiles de las víctimas pueden variar en función de las dinámicas de las redes de explotación y de las demandas de los clientes de servicios sexuales, suelen ser menores en torno a los 16 años, de origen comunitario aunque, en menor medida, se han encontrado víctimas menores de edad de origen africano.

“Desde Save the Children nos preocupa que actualmente el sistema de protección a la infancia no está preparado para identificar los casos, ni abordar las necesidades específicas de las víctimas de trata con fines de explotación sexual menores de edad. Estos recursos deberían contar con personal cualificado y ofrecer asistencia de tipo psicológico, jurídico y social –con medidas educativas y de inserción laboral- con el fin de reparar los derechos de las víctimas”, añade Román.

Nueva Convención sobre Trabajo Digno para Trabajadores Domésticos

Desde Save the Children acogemos con agrado la creación de una Nueva Convención sobre Trabajo Digno para Trabajadores Domésticos anunciada por la OIT para los próximos días y que contiene puntos específicos para proteger a los niños y niñas trabajadores domésticos.

“De los 40 millones de niños y adolescentes que realizan trabajo doméstico en el mundo, cerca de 10 millones, la mayoría niñas, permanecen ocultos en las viviendas de sus empleadores. Estos niños y niñas, a veces con apenas 10 años o menos, sufren en muchos casos condiciones de auténtica esclavitud, sometidos a interminables jornadas de trabajo y abusos” explica Yolanda Román, Responsable del Departamento de Advocacy de Save the Children."

Fuente: Save the Children