Uruguay deberá dejar sin efecto la ley de Caducidad

Clipping: la diaria

"Inapelable

Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció, a raíz del caso Gelman, que la Ley de Caducidad es ilegítima y que debe dejar de bloquear el acceso a la verdad y la justicia.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) entiende que la Ley de Caducidad “carece de efecto jurídico” al impedir la investigación y sanción de las “graves violaciones” de derechos humanos y que, por lo tanto, “no puede seguir representando un obstáculo” en nuestra jurisprudencia. Asimismo sentenció que el hecho de que la norma “haya sido aprobada en un régimen democrático y ratificada o respaldada por la ciudadanía en dos ocasiones no le concede, automáticamente ni por sí sola, legitimidad ante el Derecho Internacional”. El fallo tiene carácter obligatorio para el Estado uruguayo.

La Corte IDH responsabilizó al Estado por la desaparición forzada de María Claudia García Iruretagoyena; por la supresión y sustitución de identidad de Macarena Gelman; por la violación de los derechos a la integridad personal y a la protección de la familia en perjuicio de Juan Gelman; por la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial; y por la falta de investigación efectiva, de juzgamiento y sanción.

“La Corte determina, en vista de los hechos probados y de conformidad con las violaciones declaradas, que el Estado debe investigar los hechos, identificar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables de la desaparición forzada de María Claudia, la de Macarena Gelman, esta última como consecuencia de la sustracción, supresión y sustitución de su identidad, así como de los hechos conexos”, mandata el texto del fallo emitido ayer a última hora.

El organismo internacional falló que el Estado “ha incumplido la obligación de adecuar su derecho interno a la Convención Americana sobre Derechos Humanos [...] como consecuencia de la interpretación y aplicación que le ha dado a la Ley de Caducidad”. Para eso, continúa el escrito, “el Estado deberá asegurar” que la Ley de Caducidad “no vuelva a representar un obstáculo para la investigación de los hechos materia del presente caso ni para la identificación y, si procede, sanción de los responsables de los mismos y de otras graves violaciones de derechos humanos similares acontecidas en Uruguay”.

“En consecuencia, el Estado debe disponer que ninguna otra norma análoga, como prescripción, irretroactividad de la ley penal, cosa juzgada [...] o cualquier excluyente similar de responsabilidad, sea aplicada y que las autoridades se abstengan de realizar actos que impliquen la obstrucción del proceso investigativo”, sentenció.

La demanda contra Uruguay fue presentada por Juan y Macarena (cuya identidad fue restituida en 2000) en 2006 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) luego de que fueran archivadas dos denuncias penales para investigar la desaparición en 1976 de María Claudia. En 2009 y tras varias advertencias al Estado uruguayo, la CIDH elevó una denuncia ante la Corte IDH. Las audiencias ante la Corte se concretaron el 15 y 16 de noviembre en Quito.

El pronunciamiento de la Corte IDH con respecto a las consultas populares de 1989 y 2009 está basado en la sentencia de inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia para el caso de Nibia Sabalsagaray y cita: “El límite de la decisión de la mayoría reside, esencialmente, en la tutela de los derechos fundamentales”. En ese sentido, el fallo dice que la participación de la ciudadanía con respecto a la Ley de Caducidad es considerado “como hecho atribuible al Estado y generador, por tanto, de la responsabilidad internacional de aquél”.

Reparaciones

En su sentencia, la Corte consideró que tanto María Claudia García como Macarena y Juan Gelman son partes lesionadas y merecen una reparación. La primera medida en este sentido dispuesta por el Tribunal es la obligación para el Estado uruguayo de “investigar los hechos e identificar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables y adecuar la legislación interna para estos efectos”. Para cumplir con esta disposición la Corte ordena al Estado la realización de una investigación “completa, imparcial, efectiva y pronta de los hechos con el objeto de establecer y sancionar la responsabilidad intelectual y material de todas las personas que participaron” en ellos. Lo mandata además a determinar el paradero de María Claudia.

En términos simbólicos, obliga al Estado a realizar en el plazo máximo de un año un acto público de reconocimiento de su responsabilidad en el caso y de desagravio a las víctimas y sus familiares, en el que deberán estar presentes las propias víctimas y deberá ser conducido por “altas autoridades nacionales”. La Corte ordena asimismo al Estado que incluya la participación de un representante de las víctimas en la comisión interministerial que proyecta crear para investigar el paradero de los desaparecidos.

Establece además que el Estado deberá adoptar en el plazo de dos años “las medidas pertinentes para garantizar el acceso técnico y sistematizado a información acerca de las graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante la dictadura que reposa en archivos estatales”.

En términos económicos, se dispone una reparación de 300.000 dólares por lucro cesante, teniendo en cuenta los ingresos que María Claudia podría haber percibido en vida. También se dispone una reparación por daños inmateriales de 100.000 dólares a favor de María Claudia y de 80.000 dólares para Macarena. A esta última se le reconoce además una compensación de 5.000 dólares por concepto de gastos destinados a investigar el paradero de su madre. Este último monto Macarena decidió donarlo a Aldeas Infantiles. Juan Gelman, en tanto, manifestó su decisión de ser excluido de este tipo de reparaciones."

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"Otro comienzo

“Esta sentencia es paradigmática para Uruguay, ya que implica finalmente quitar todo efecto a una ley sostenida políticamente para obstaculizar el camino de la verdad y la justicia por 25 años. Significa también un triunfo para las víctimas, sus familiares y una gran parte de la sociedad uruguaya que ha buscado incansablemente caminos para impugnar la ley nacida del fruto de un acuerdo político que concedió impunidad a los perpetradores de crímenes horrendos. Significa para Juan y Macarena el inicio de un camino más cierto para conocer la verdad que les ayude a aminorar el dolor”, afirmó Ariela Peralta, representante de Juan y Macarena por intermedio del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil). “Estamos seguros de que Uruguay cumplirá con todos los términos de la sentencia”, añadió la otra abogada, Liliana Tojo."

Lourdes Rodríguez

Fuente: la diaria

Sobre el tema en: CEJIL

Hoy: "Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas"

Clipping: Naciones Unidas

"`En esta primera celebración del nuevo Día Internacional, reconozcamos la indispensable función de la verdad en la defensa de los derechos humanos y comprometámonos a defender el derecho a la verdad en el cumplimiento de nuestra misión mundial en el ámbito de los derechos humanos`.

Mensaje del Secretario General Ban Ki-moon
24 de marzo de 2011

El 21 de diciembre de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 24 de marzo como Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas.

El propósito del Día es el siguiente:

• Promover la memoria de las víctimas de violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos y la importancia del derecho a la verdad y la justicia;
• Rendir tributo a quienes han dedicado su vida a la lucha por promover y proteger los derechos humanos de todos y a quienes la han perdido en ese empeño;
• Reconocer en particular la importante y valiosa labor y los valores de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, de El Salvador, quien se consagró activamente a la promoción y protección de los derechos humanos en su país, labor que fue reconocida internacionalmente a través de sus mensajes, en los que denunció violaciones de los derechos humanos de las poblaciones más vulnerables y su dedicación al servicio de la humanidad, en el contexto de conflictos armados, como humanista consagrado a la defensa de los derechos humanos, la protección de vidas humanas y la promoción de la dignidad del ser humano, sus llamamientos constantes al diálogo y su oposición a toda forma de violencia para evitar el enfrentamiento armado, que en definitiva le costaron la vida el 24 de marzo de 1980.

La Asamblea General de la ONU, en su resolución, invita a todos los Estados Miembros, a las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y a otras organizaciones internacionales, así como a las entidades de la sociedad civil, incluidas las organizaciones no gubernamentales y los particulares, a observar de manera apropiada el Día Internacional."

Fuente: Naciones Unidas

Argentina: Proyecto de inserción social

Clipping: El Litoral.com

• "Alquiler de bicicletas, una posibilidad laboral para jóvenes"

"Cerca de 50 chicos de barrios con altos niveles de violencia fueron capacitados para reparar bicicletas y sillas de ruedas. Las primeras serán alquiladas los sábados en La Redonda; las segundas fueron entregadas al hospital Vera Candioti.

La Redonda será el punto donde se podrán alquilar 20 bicicletas, los sábados por la tarde. Los vehículos fueron acondicionados por cerca de 50 chicos de San Lorenzo, Chalet, Chaqueño y Alto Verde, barrios con altos niveles de violencia. Estos jóvenes aprendieron un oficio y ahora se lanzan con un microemprendimiento propio: alquilar bicicletas.

“Los rodados fueron retirados de las comisarías y la provincia les dio los insumos para repararlas. Pero son los chicos los que tienen que gerenciar el microemprendimiento y hacer que sea rentable”, relató el secretario de Seguridad Comunitaria de la provincia, Enrique Font.

“Cuando la gente de la provincia me comentó cómo era el proyecto, me encantó la idea. Me sentía privilegiado por haber sido elegido porque siempre me interesó la juventud. Ahora estoy en este taller, donde hago lo que me gusta y siento que lo tengo que hacer”, cuenta Marcos, un joven herrero de barrio Chaqueño, que es uno de los capacitadores del taller.

¿Qué es lo que más valora de esta experiencia? “Me apasiona ver que una persona puede cambiar y que yo puedo aportar mi granito de arena en la vida de esa persona”, responde orgulloso.

Cambiar es la palabra que más se escucha en boca de los jóvenes que participan de este proyecto. “Yo viví un montón el cambio. El taller nos hizo salir de la calle y dejar de hacer cosas malas”, explica José Luis, de 22 años y también de barrio Chaqueño.

Brian, con 14 años, es el más chico del grupo. Para él, este espacio le ofrece una posibilidad concreta de aprender. “Mi familia está contenta porque me alejé de la calle”, cuenta con una sonrisa. “Ahora tenemos en qué ocuparnos y en qué pensar. Con el taller podemos salir adelante”, agrega su compañero.

Microemprendimiento

“El año pasado, con ‘Verano Joven’, pudimos sumar a varios chicos a la oferta cultural que había en los barrios. Con los que se fue afianzando el vínculo, se decidió conformar grupos para que trabajaran en microemprendimientos”, detalló Enrique Font.

Así surgió la idea de arreglar bicicletas para alquilarlas y se hicieron los trámites para retirar las que estaban retenidas en las comisarías.

El taller arrancó hace seis meses y concurrieron cerca de 50 chicos y chicas, quienes aprendieron un oficio. “Buscamos que los capacitadores sean jóvenes de los propios barrios. Eso fue muy importante porque ya eran conocidos y reconocidos por los chicos. Además, se tratan de personas que conocen cuáles son las problemáticas de esos barrios”, indicó el funcionario.

Luego se planteó la posibilidad de reparar sillas de ruedas. “El trabajo es muy parecido al de acondicionar una bicicleta. Además, responde claramente a la idea de trabajar por la inclusión propia y por la ajena; en este caso, por los discapacitados”, agregó. El año pasado se entregaron al hospital Vera Candioti las primeras 25 sillas de ruedas puestas a punto por estos jóvenes.

Las bicicletas podrán alquilarse los sábados de 16 a 20, a $10 la hora. Para ello deberá dejarse algún documento o credencial. “Estas cuestiones se pueden ir ajustando de acuerdo a la respuesta de la gente. En Rosario este sistema ya está implementado y funciona muy bien”, agregó el funcionario.

Esta iniciativa responde a un Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que encararon la provincia y la Secretaría de Seguridad Interior de la Nación, con el objetivo de prevenir el delito y fomentar la inclusión social.

Son los chicos los que tienen que gerenciar el microemprendimiento y hacer que sea rentable”.

Enrique Font, secretario de Seguridad Comunitaria."

Fuente: El Litoral.com

Brasil contra la violencia hacia las crianzas

"A Ministra de Direitos Humanos - Maria do Rosário e a apresentadora Xuxa Meneghel prestigiaram o desfile da Escola Mirim Inocentes da Caprichosos. Além de homenagear Xuxa a escola trouxe para a avenida os direitos das crianças e adolescentes. O carro alegórico era o ECA e a campanha Não Bata, Eduque compôs um das alas. Parabéns às crianças que estavam lindas e cheias de garra!"

Foto: Rede Não Bata Eduque

- http://www.naobataeduque.org.br/site/home/index.php

"La impunidad hipoteca el futuro"

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Por Hernán Patiño Mayer, e

x embajador argentino en Uruguay.

"La fuente última de los derechos humanos no se encuentra en la mera voluntad de los seres humanos, en la realidad del Estado o en los poderes públicos, sino en el hombre mismo y en Dios su Creador. Estos derechos son ‘universales e inviolables y no pueden renunciarse por ningún concepto’.” (Pontificio Consejo Justicia y Paz. Año 2005)

En La Nación del miércoles 8 del corriente, el ex presidente uruguayo Julio María Sanguinetti, ante quien tuve el honor de representar a mi gobierno durante dos de los más de diez años en que serví como embajador en el Uruguay, nos expone una versión de la historia reciente de su país bajo el sugestivo título de “Los peligros de falsificar el pasado”. No quiero aquí cuestionar esa interpretación. Ya lo han hecho con más autoridad muchos compatriotas suyos. Quiero exclusivamente referirme a un párrafo de su nota que, por su carácter taxativo, reclama una réplica. Dice Sanguinetti: “Demasiados desafíos nos acucian como para seguir revolviendo cenizas. Un pueblo que no sabe perdonar se arriesga a repetir su pasado. Como entidad nacional, lo ha sabido hacer Uruguay, que incluso ha ratificado con su voto, por dos veces, la amnistía a los militares”. Desgraciada la metáfora con la que lo inicia. No se trata, Dr. Sanguinetti, de “revolver cenizas”, sino de hallar las de aquellos asesinados sin tumba, clausurando así el atropello criminal que se sigue perpetrando al violar una de las más ancestrales (exclusiva) conductas del género humano, cual es la de enterrar y honrar a sus propios muertos. Ningún desafío del futuro puede dejar impaga esta deuda con el pasado, salvo que se legalice la impunidad. Me ha tocado participar en Montevideo por lo menos en diez oportunidades de la dolorosa recordación de “La Noche de los Cristales Rotos” (Kristallnacht). Casi siempre se hallaba presente el ex presidente. Nunca le escuché, ni tampoco leí, una recomendación suya dirigida a la comunidad judía proponiendo no “revolver las cenizas” y mucho menos la afirmación temeraria de que “un pueblo que no sabe perdonar se arriesga a repetir su pasado”. Pero vayamos al perdón. Como bien lo sabe el presidente Sanguinetti, el concepto del perdón es hijo del cristianismo. Hasta entonces la venganza en lo individual y la muerte o la esclavitud en lo colectivo eran las consecuencias de las ofensas o de las derrotas militares. Pero el perdón para los cristianos no es un acto gratuito y mucho menos puede ser impuesto por voluntades extrañas a las propias víctimas. El 15 de mayo de 1999, el entonces obispo de Morón, Justo Laguna, decía que el perdón supone “el arrepentimiento claro y expreso, el arrepentimiento desde luego interior, pero también exterior. Todo el que comete un delito está absolutamente obligado a arrepentirse de lo que ha hecho”. Ni en la Argentina, menos en el Uruguay, los responsables del terrorismo de Estado han manifestado arrepentimiento alguno por las atrocidades cometidas. Peor aún, dos meses atrás, asistimos estupefactos a la repugnante reivindicación de ese terrorismo, que Videla y Menéndez hicieron ante el tribunal que en Córdoba los condenó a cadena perpetua. En Uruguay, sólo días atrás, un militar detenido hizo declaraciones públicas reivindicando los secuestros, las torturas y las desapariciones y un numeroso grupo de oficiales retirados lanzó frases amenazantes ante las investigaciones que tramita la Justicia. Sería interesante que el Dr. Sanguinetti nos explicara cómo se puede perdonar a quienes hacen gala de tanto nihilismo y contumacia. Cómo perdonar a quienes reivindican el horror y amenazan con repetirlo. Conviene agregar que para que el perdón sea factible la doctrina cristiana exige dos requisitos más: la reparación del daño causado en toda su extensión posible (restitutio in integrum) y el firme compromiso de no repetir la ofensa.

Finalmente, con respecto a la ley de amnistía que según Sanguinetti ha permitido a los uruguayos superar el pasado, dada su ratificación en dos plebiscitos (el último con un 48 por ciento de votos en contra) cae el ex presidente en un grave error conceptual. Los derechos humanos y sus violaciones no son objeto, ni responden, ni se subordinan a la voluntad de mayorías circunstanciales por muchas que sean las veces que ésta se manifieste. El bien jurídico protegido es la dignidad suprema del hombre y su derecho inalienable a la justicia cuando ésta es avasallada. No hay ley que merezca llamarse tal si ampara su violación o deja sin castigo a sus responsables. En este sentido, me permito recomendarle la lectura completa del magnífico trabajo publicado por La Nación en su edición del 31 de agosto de 2005, firmado por el ex juez de la Corte Suprema de Justicia Argentina Gustavo Bossert, que en uno de sus párrafos textualmente dice: “Los crímenes que a lo largo de la historia se han cometido usando el aparato estatal (son)... crímenes de lesa humanidad, que no pueden beneficiarse ni de la prescripción ni del perdón ni aun bajo amnistías encubiertas, y deben, en cambio, permitir a las víctimas y dar lugar, entonces, a un juicio justo”.

Al contrario de lo que expresa el ex presidente, si un pueblo perdonara sin que sus victimarios reconocieran sus delitos, se arrepintieran públicamente de ellos, buscaran repararlos y asumieran el compromiso de no repetirlos, lo que haría, aunque circunstancialmente lo ignore, es hipotecar su futuro en garantía de un pasado que no ha sido capaz de resolver a través de la verdad y la justicia."

Fuente: http://www.facebook.com/note.php?note_id=169757819738181&id=100001269131776

Uruguay: "El alto precio". Un tema para nada menor.

Clipping: la diaria

"Para Milton Romani, en la izquierda hay una “visión angelical” de la seguridad ciudadana."

"El director de la Junta Nacional de Drogas, Milton Romani, piensa que la izquierda no debería “refugiarse siempre” en las “causas últimas” de la violencia y el delito, y que para enfrentar esos problemas no basta con políticas sociales. Romani dijo que es un “mal negocio” que la gente se arme y que la clase política se equivoca cuando focaliza el debate en los menores infractores. También cuestionó a los medios de comunicación por su manejo de la información policial: “Es una estupidez lo que hacen los canales de televisión, lo único que hacen es promover el delito”.

-El sociólogo Rafael Paternain piensa que hay una nueva hegemonía conservadora en el abordaje de los temas de seguridad. ¿Qué opina?

-Aprecio mucho el trabajo de Paternain, pero me parece una conclusión que todavía resulta muy temeraria. Más que una hegemonía conservadora hay una ausencia política muy importante y también de la academia, con excepciones como la de Paternain.

Si uno busca hoy investigaciones en las ciencias sociales sobre seguridad ciudadana o sobre la institución policial, encuentra poco y nada, algo parecido a lo que pasaba con el tema Fuerzas Armadas hace unos años, hasta que Julián González y otra gente se pusieron a estudiarlo. La academia y el sistema político no han enfocado seriamente la seguridad como un problema político y eso evidentemente deja vacíos que pueden llegar a ser ocupados por esas corrientes conservadoras, que reproducen el sentido común primario e intentan hacer política con esto.

-¿Que sucede actualmente en la izquierda?

-La izquierda tiene prejuicios con la aplicación de la ley y no sabe cómo resolver esa cuestión. La ley está para ser aplicada, pero el sesgo nuestro tiene que ser que sea pareja para todos. No sirve refugiarse siempre en las causas últimas de la violencia y el delito, eso puede ser un discurso explicativo, pero después hay problemas que hay que solucionar. En la izquierda tenemos una visión angelical sobre la seguridad y pensamos que con políticas sociales y generación de empleo ya basta. Ésas son condiciones necesarias pero no suficientes, hay problemas concretos de diversos tipos de actividades delictivas que hay que encararlos con sus especificidades. Tenemos que abrir el abanico de los problemas que tenemos, no centrar la discusión en un único tema.

-¿Hoy ese tema sería la minoridad infractora?

-Uno de los errores más graves que está cometiendo el sistema político es pensar que el único problema que existe es el de los menores en conflicto con la ley. Claro que hay que darle soluciones, pero tenemos otros problemas, como las violencias ciudadanas, en el deporte y a nivel doméstico. El crimen organizado de más alto nivel no está en otro lugar del planeta, lo tenemos acá y con fuertes vínculos con los señores de cuello duro. El problema es que hemos entrado en una cultura de la banalidad del delito en la que si te ofrecen un negocio lo agarrás por más que sepas que es medio trucho. Si te ofrecen algo robado lo comprás y si te ofrecen entrar en una vaquita de 40 mil dólares para un cargamento de cocaína capaz que lo agarrás, por más que seas un empresario exitoso del deporte. Y si se puede lavar dinero haciendo transacciones en el fútbol también entrás. Nos seguimos manejando con valores puros y duros del capitalismo más salvaje, y todo sirve para hacer un mango.

Muchos piden a gritos que les cortemos la cabeza a los pibes chorros, pero cuando están involucrados abogados o escribanos dicen que no hay que tocarlos porque es un estilo de vida. Eso no me sirve. En una verdadera cultura de seguridad ciudadana hay que arrancarle la cabeza a cualquiera que se lo merezca, y caiga quien caiga.

-¿La reacción corporativa en defensa del abogado Carlos Curbelo Tammaro es un síntoma de esta situación?

-Es algo sumamente significativo y paradójico. Porque si se trata de aumentar las penas o bajar la edad de la imputabalidad hay gente que está dispuesta a violar derechos elementales de los niños, pero cuando procesamos a un abogado que hizo negocios con un narcotraficante [José Luis Suárez] y le facilitó el lavado, surgieron voces de que se estaban avasallando las garantías de un abogado en la relación con su cliente o que la figura del colaborador también lesionaría, según ellos, determinados derechos y garantías. ¿El daño que ocasiona el pequeño arrebato y la rapiña es más importante que el deterioro moral y económico que produce un narcotraficante? ¿O el costo que implica que un alto oficial de las Fuerzas Armadas cometa delitos de crimen organizado en la Armada? No pido que minimecemos nada, pero sí que seamos justos.

-¿Qué opina de la tenencia de armas?

-Es un mal negocio que la gente se arme. Va en contra del ciudadano e incrementa los niveles de violencia. No se puede desplegar el criterio liberal e individualista de que cada uno se arme; el encargado de la seguridad tiene que ser el Estado. Pongo un ejemplo, el problema en la frontera de México y Estados Unidos no es sólo la cocaína, sino que los narcotraficantes se proveen de armas en el mercado estadounidense. La tipificación del delito de tráfico de armas es un debe que tiene Uruguay, y es un error garrafal pensar que la ley de la selva nos puede llevar a buen puerto.

-En un artículo de Cuadernos de compañero, del PVP, cuestionaba la irresponsabilidad de algunos medios. ¿Es partidario de regular los contenidos?

-No me atrevería a tanto, las medidas punitivas nunca llegan a buen puerto. Trabajé mucho en prevención del suicidio y hay un mito construido por la propia prensa de que no se puede informar sobre suicidios; pero no hay ninguna norma que lo establezca. No deja de ser una autorregulación llamativa. Hoy los informativos presentan noticias de carácter violento que no cumplen ninguna función social y que estimulan la violencia. He visto noticias que prácticamente son un manual de uso de la pasta base.

No se entiende la fisura que hay respecto a una población muy importante, y que aumentar las penas o bajar la edad de imputabilidad no provocará allí ningún efecto disuasivo. Esos pibes que vienen de cuatro generaciones de exclusión tienen otros códigos. En Cerro Norte, a los gurises que aparecen en la televisión vinculados a delitos los festejan en el barrio. Es una estupidez lo que hacen los canales de televisión, lo único que hacen es promover el delito y que los gurises salgan a robar como quien anda buscando cámara."

Lucas Silva

Fuente: ladiaria.com

"Adolescencia, ciudadanía, justicia y seguridad"

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Por Norberto Liwski *

"Una vez más, y como una conducta espasmódica detrás de un acto criminal producido por un adolescente, este sector de la sociedad ha sido colocado en el centro de un debate mediático que, salvo en honrosas excepciones, como la manifestada por la Dra. Adriana Puiggrós, han propiciado un reduccionismo de análisis que aleja a la ciudadanía de una perspectiva integral y democrática en la relación con la Justicia penal juvenil. Es necesario recuperar, dentro de la diversidad de enfoques, el mayor respeto por la adolescencia en general y particularmente por quienes atravesando un ciclo de crecimiento expresado en el continuo despojo de derechos se encuentran en condiciones socialmente desfavorables y expuestos al conflicto con la ley penal. El respeto que se requiere no significa ignorar las complejas realidades, sino evitar las distorsiones de la misma que tienen el deliberado propósito de generar falsas interpretaciones y promover la estigmatización de estos jóvenes.

La incidencia política basada en datos y construida bajo la perspectiva de los derechos humanos constituye una de las garantías sobre las cuales resulta viable, no sólo un correcto diagnóstico del complejo escenario social sino contribuir al desarrollo de políticas públicas y debates parlamentarios que proyecten a la sociedad en una elevada reflexión democrática e incorporen la palabra de los propios adolescentes y jóvenes como un recurso indispensable.

Se menciona con enorme frecuencia y con excesiva frivolidad la Convención sobre los Derechos del Niño para, desde ella, fundar posiciones que resultan muchas veces contradictorias con las disposiciones y principios del referido tratado de derechos humanos incorporado a la Constitución nacional. Precisamente el Organo de Tratado previsto por la propia Convención para dar seguimiento y monitoreo a la aplicación de la misma, es decir el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, debe ser parte activa en este debate nacional en ajuste a sus propias observaciones y recomendaciones. En tal sentido, cabe recordar que el examen al tercer informe del Estado argentino efectuado en el pasado mes de mayo de 2010 constituye un dato de referencia insalvable en la implementación de las políticas y legislaciones de niñez y adolescencia.

Por consecuencia, resulta de utilidad tener presente el capítulo destinado a la administración de Justicia penal juvenil y en las cuales recomienda, entre otras medidas, derogar la ley 22.378 –sancionada por la última dictadura militar– y aprobar una ley compatible con la Convención insistiendo en el respeto del niño a ser escuchado en los procesos judiciales y a promover políticas de sanciones alternativas a la privación de la libertad y medidas de reintegración social.

El mismo Comité en su Comentario General del 10 de febrero de 2007 “Los Derechos del Niño en la Justicia de Menores”, al referirse a la edad mínima penal, reconoce dentro de los 193 Estados parte la existencia de un amplio margen de edades mínimas respecto de la responsabilidad penal y plantea un “encomiable máximo de 14 a 16 años...”. Al mismo tiempo y en ese mismo documento se exhorta a los Estados a mantener una política de elevación de la edad mínima y en ningún caso se recomienda su reducción.

Por otro lado, al examinar algunas variables de la adolescencia en la provincia de Buenos Aires –mencionada en las recomendaciones del Comité– podemos constatar los siguientes datos suministrados por la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia relativa al primer semestre del año 2010 en la que se establece que la participación de niños y adolescentes en las investigaciones penales preparatorias (IPP) representa el 4,3 por ciento y respecto del delito de homicidios el 1 por ciento del total de la provincia de Buenos Aires.

Desde otro ángulo de análisis, y en lo que se refiere a la inseguridad adolescente en la misma jurisdicción, se puede observar que los índices de mortalidad adolescentes por causas externas, es decir causas violentas, representan el segmento etario de mayor incidencia. Así el Ministerio de Salud de la provincia informa que las defunciones de adolescentes por homicidio significaron al año 2009 el 10,6 por ciento del total de muertes por homicidios, a las cuales se les deben agregar otras causas como suicidios, en un alarmante progreso, accidentes de transporte u otras muertes violentas cuyo origen se encuentra en estado de investigación judicial.

El debate democrático y libre de especulaciones que desvían la atención de los problemas de la adolescencia en su real dimensión requiere de un mayor rigor de análisis que permita alcanzar la elaboración de una política pública y una legislación que deje en el pasado la rémora de la dictadura y que armonice con la realidad efectiva, con los compromisos internacionales asumidos por el país y con un profundo esfuerzo colectivo para ensanchar la cultura de la integración social y la no discriminación.

* Vicepresidente del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas. Mandato 2003-2007."

Fuente: Página/12

Ay, Uruguay: el mito de ser los mejores....

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"Informe revela serios problemas en enseñanza Secundaria

Siete de cada 10 uruguayos no terminan el liceo

Un informe del Instituto Nacional de Estadística (INE) basado en la encuesta de hogares revela que Uruguay tiene la peor tasa de aprobación liceal del Mercosur. Entre las cifras que se difunden se indica que el 75% de los uruguayos mayores de 15 años no terminó la enseñanza secundaria, informó El Observador.

Otro de los datos que se maneja es que el 48% de los uruguayos tampoco logró terminar los primeros tres años de liceo o enseñanza básica.

Una de las conclusiones del estudio es que Uruguay está posicionado en el peor lugar del Mercosur detrás de Paraguay, que tiene al 63,6% de sus ciudadanos sin haber terminado el liceo, según la encuesta ampliada de hogares de 2009.

Argentina es el país mejor ubicado en la región tomando ese indicador con el 51,7% de los mayores de 15 años sin terminar el bachillerato. En Brasil, es el 61,4% el porcentaje de habitantes que tampoco lo logró."

Fuente: Observa.com