No queremos esas "noticias". No a todo tipo de violencia hacia la niñez y adolescencia.

Clipping: IPS

"Maestros golpean y causan muertes de alumnos en India"

Por Ranjit Devraj

" NUEVA DELHI, 6 oct (IPS) - Activistas de India por los derechos de la infancia esperan que el arresto del director de una de las principales escuelas públicas del país por haber golpeado a un estudiante y posiblemente haber incitado su suicidio ponga fin a los castigos físicos en centros de estudios.

El director Sunirmal Chakravarti y tres maestros de la prestigiosa escuela La Martiniere en la oriental ciudad de Kolkata fueron arrestados el lunes, varios meses después de que el alumno Rouvanjit Rawla, de 13 años, se ahorcara. A los cuatro se les concedió libertad bajo fianza.

Chakravarti defendió públicamente su decisión de golpear a Rouvanjit, una costumbre aceptada en las escuelas públicas indias y heredada de la colonia británica. Su abierto desafío a las leyes modernas diseñadas para proteger a los niños y niñas de los castigos corporales podría agravar su situación ante las autoridades.

La Martiniere para Niños, creada en 1836 en memoria de Claude Martin, un incondicional de la administración británica en India, ha contado con un distinguido alumnado en el que se destaca Shashi Tharoor, abogado y ex subsecretario de la Organización de las Naciones Unidas.

La institución respaldó a su director luego de hacerle una poco severa reprensión. Pero la Comisión para la Protección de los Derechos de la Infancia (NCPCR) no fue benevolente. Tras una investigación, recomendó la suspensión de Chakravarti y subrayó que el gobierno estaba determinado a erradicar los castigos físicos de las escuelas.

El NCPCR, creado en marzo de 2007, es un órgano creado por la Ley de Comisiones para la Protección de los Derechos de la Infancia, de 2005.

"No podemos comentar la acción policial contra Chakravarti en Kolkata, pero esperamos que envíe un mensaje a todo el país de que el castigo físico no es aceptable", dijo a IPS la coordinadora nacional de la NCPCR y jefa del Departamento de Derecho a la Educación, Kiran Bhatti.

"No logramos entender cómo alguien del prestigio de Chakravarti pudo haber violado las reglas y convenciones sobre los derechos de los niños", dijo Bhatti. "Estamos decididos a tomar acciones severas contra cualquiera que voluntariamente viole esos derechos", agregó.

"La Ley de Derecho a la Educación de India, que entró en vigor el 1 de abril de 2010, claramente establece que los niños y niñas no pueden ser sometidos a castigos físicos, pero estamos inundados de quejas de padres sobre golpizas y abusos a los pupilos", señaló.

Bhatti dijo que la NCPCR estaba trabajando para cambiar la mentalidad social, que sigue considerando a los golpes como una forma natural de disciplinar a los niños y niñas, sin darse cuenta de que esto puede reforzar una cultura de violencia.

"Es tiempo de que los administradores y maestros de escuelas comiencen a aplicar las leyes sobre los derechos de los niños", dijo Batti. "No se puede justificar la brutalidad", añadió.

Severas golpizas a alumnos figuran habitualmente en los periódicos indios. En agosto, Prasun Kumar Panda, un niño de 12 años que asistía a la Escuela Secundaria de Contai, en el oriental estado de Bengala Occidental, perdió su capacidad de habla tras haber sido golpeado con un bastón por su profesor de ciencias.

A fines de septiembre, Laxmi, un dálit (miembro del escalón más bajo en el sistema de castas) de 12 años, se ahorcó luego de haber sido supuestamente humillado por su profesor y obligado a limpiar el baño de su colegio en el distrito de Sharanpur, en el norteño estado de Uttar Pradesh.

Otros niños han muerto como resultado de abusos de los maestros.

En abril de 2009, Shanno Khan, una niña de 11 años, colapsó y murió luego de que un maestro en la escuela municipal a la que asistía la obligó a permanecer parada bajo el sol sin poder beber agua.

Investigaciones sobre los castigos físicos en escuelas de India han revelado que se trata de un problema muy arraigado. El Departamento de Bienestar de Mujeres e Infancia del gobierno central publicó en 2007 su "Estudio sobre abuso infantil", en el que denunció que 65 por ciento de los escolares del país habían sufrido golpizas a manos de sus maestros.

Mientras, un estudio realizado en 2006 por la Fundación Benéfica Saath, con sede en la occidental ciudad india de Ahmedabad, analizó a 41 escuelas en los estados de Uttar Pradesh (norte), Bihar (noreste), Rajasthan (noroeste) y Andhra Pradesh (sur), concluyendo que la mayoría de los maestros y padres aceptaban como normal el castigo corporal de los estudiantes.

Los investigadores, que entrevistaron a 1.591 niños y niñas, señalaron que con frecuencia eran usados bastones como herramienta de castigo en los salones de clase.

"Un niño puede sufrir varios golpes por una sola ofensa, primero por el maestro, luego por el director y finalmente por los padres", dijo Chinmay Desai, quien participó del estudio.

Desai informó que la Fundación, que trabaja para implementar la Ley de Derecho a la Educación en unas 140 aldeas del occidental estado de Gujarat, estimula también a maestros y padres a encontrar formas alternativas de tratar con la indisciplina de los estudiantes.

"Esto además de hacerlos concientes de la ilegalidad de los castigos corporales", señaló.

Keren Nazareth, co-directora de la Fundación Saath, dijo a IPS que los mejores resultados procedían de los esfuerzos por hacer concientes a los propios niños y niñas de sus derechos.

"Eliminar el castigo físico es una gran tarea, pero podemos sin duda depender de las víctimas para mantener la demanda para un cambio", afirmó."

Fuente: IPS

"Relatora especial de la ONU denuncia el aumento de la venta, prostitución y pornografía infantil"

Clipping: Agencia EFE

"Barcelona, 5 oct (EFE).- La Relatora especial de la ONU sobre la venta, prostitución y pornografía infantil, Najat M'jid, ha denunciado hoy un incremento de estos delitos en todo el mundo debido al aumento de los flujos migratorios que sitúan a los menores en situación de desamparo o vulnerabilidad.

En el discurso inaugural de la Conferencia Internacional sobre Movimientos Migratorios Infantiles que se celebra hoy en Barcelona, Najat M'jid ha añadido que la respuestas que los gobiernos están dando este fenómeno son "fragmentarias e ineficaces".

La Relatora ha anunciado que el próximo 13 de octubre presentará ante la ONU el informe que ha elaborado a partir de los abusos que ha podido constatar y las respuestas que están dando los gobiernos y pedirá "soluciones duraderas y viables" porque "no hay dispositivos de acompañamiento y protección eficaces".

M'jid ha explicado que la globalización ha acelerado los movimientos migratorios y los niños "están en movimiento" de la misma manera que lo están los adultos.

Estos movimientos pueden ser de muchos tipos: adolescentes que emigran solos, menores que viajan del campo a la ciudad o de un país a otro acompañando a sus padres o niños desplazados por las necesidades o por los conflictos.

"Pero también hay que tener en cuanta a los menores que se fugan, los que son abandonados y los que son dejados al cuidado de otras personas", a consecuencia de las dificultades que encuentran sus padres durante el proceso migratorio.

"Todos estos menores son especialmente vulnerables a la trata de niños, a la venta de órganos, a las adopciones ilegales, a la pornografía infantil, a la prostitución, a la explotación laboral y a los abusos en general", según M'jid.

"Se desconoce la magnitud real, pero hay millones de niños en los desplazamientos que se producen entre países y dentro del país", ha añadido.

M'jid ha pedido los gobiernos de los países de acogida de inmigrantes que garanticen el acceso de los menores a los servicios sociales y ha hecho un llamamiento a la colaboración "entre los países del Norte y del Sur".

La secretaria de Infancia y Adolescencia de la Generalitat, Imma Pérez, ha puesto como ejemplo de colaboración internacional el Programa Cataluña-Magreb, que "ofrece la oportunidad de retorno voluntario con garantías a los menores marroquíes que emigraron solos y residen en Cataluña".

A este respecto, M'jid ha dicho que "se habla mucho del retorno concertado, pero sin oportunidades duraderas en el país de origen no tendrá éxito".

La directora de Save The Children en Suecia, Elisabeth Dahin, se ha referido a su país, en el que "hay 3.000 niños que han emigrado sin referentes adultos" y a los que "el gobierno sueco no da una respuesta adecuada".

Un miembro de la directiva del Movimiento Mundial en Favor de la Infancia Denis Caillaux ha asegurado que "los niños están en movimiento pero son invisibles" porque los gobiernos no abordan el problema como tal y las políticas que aplican resultan "incoherentes".

Denis Caillaux ha recordado que los niños emigrantes son ante todo menores, cuyo bienestar es un principio fundamental, por lo que "al llegar a su destino los niños y niñas desplazados deben gozar de los mismos derechos que los autóctonos".

"Un menor nunca debería terminar detenido o en una situación equiparable por el mero hecho de ser un inmigrante", según las recomendaciones a los gobiernos elaboradas por Save The Children."

Fuente: Agencia EFE

INAU ante carta de la OMCT y caso de abusos en hogar femenino

Clipping: EL PAIS digital

"Internas clamaron por ayuda al juez

Paysandú. Traficante explotaba a dos menores del INAU, que hostigaban a compañeras | De todas formas, la investigación interna continúa abierta"

Por E. BARRENECHE / P. MELENDREZ

"El infierno se desató hace dos años. La situación del Hogar Femenino de Paysandú era inaguantable para internas y funcionarios del INAU. Dos menores protagonizaron un combo de excesos: prostitución, drogas, bailes y privilegios.

El 16 de febrero de este año, un grupo de adolescentes del Hogar del INAU sanducero envió una carta a la Justicia Penal pidiendo ayuda ante "la violencia" generada por dos internas.

Seis meses más tarde, el 10 de agosto, las adolescentes enviaron una segunda carta al Juzgado solicitando protección ante la situación insostenible que se vivía dentro del hogar. Alegaban que no había existido cambios entre una misiva y otra.

Al ser citadas por la magistrada actuante, una de las internas declaró que eran maltratadas por las dos denunciadas. "Ellas nos pegan, rompen nuestras cosas, nos amenazan si no las obedecemos", declaró una adolescente según el auto de procesamiento de la jueza Blanca Rieiro, que el sábado 2 procesó con prisión a Julián Rosano (en la cárcel desde septiembre por narcotráfico) y sin prisión a la jefa departamental del INAU, Mónica Innella, por omisión en el cargo.

Otra menor señaló en la sede que las internas denunciadas "nos dicen que `nos va a matar a palos, te voy a pisar la cabeza y te voy a hacer la vida imposible`. Ellas hacen y deshacen dentro del hogar. El personal también les tiene miedo".

También hay testimonios de amenazas con una navaja. "Ella siempre ha sido como una reina allá adentro. Para mí es una asesina y las dos juntas son algo impresionante", declaró una menor sobre las dos internas que salían a prostituirse.

Una funcionaria dijo en el Juzgado que la amenaza con la navaja fue anotada en el cuaderno de novedades e informada a la jefa departamental del INAU, quien contestó que no podía concurrir al hogar.

Varias internas coincidieron ante la Justicia Penal que habían informado de ello a los funcionarios, pero que la situación continuaba incambiada.

Y.M., una funcionaria del INAU, indicó que todas las internas "estaban corriendo riesgo de diferente tipo e incluso los bebés (allí alojados)" y agregó que solicitó a la Jefatura Departamental del INAU en Paysandú la reubicación de las dos internas peligrosas en otro hogar del instituto.

Las menores denunciadas entraban y salían a cualquier hora. No lavaban los platos ni las ollas que utilizaban para cocinar cuando llegaban al hogar por la mañana. Es decir, tenían privilegios.

Con el correr de los meses, el miedo también ganó a los funcionarios, quienes optaban por no enfrentarse a las dos internas. Sabían que el que las denunciaba a las autoridades departamentales del instituto era trasladado a otro centro.

"He participado en algunas reuniones con el propósito de tratar la situación (de ambas menores). Le elevamos una carta a la (directora departamental) Mónica (Innella) y la respuesta fue un traslado masivo de funcionarios. Y en relación con las adolescentes, no se to-mó ninguna medida".

Otra funcionaria declaró que la tensión dentro del hogar ocurría desde 2008. "Mi marido hizo una denuncia porque dijo que no iba a ser cómplice de esa situación y lo trasladaron", señaló.

Esa falta de medidas de la jefa departamental y la libertad con que actuaban ambas menores dentro del hogar, llamó la atención de la jueza Blanca Rieiro.

Durante las actuaciones se supo que las dos menores en cuestión se prostituían.

Un vecino declaró en el Juzgado que no había seguridad en el hogar. "Mayormente los fines de semana es que vienen autos y motos", dijo. Desde su casa, el testigo indicó que veía a los hombres que entraban y salían del hogar. "No es de ahora. Es de hace tiempo. Son hombres que van a buscar a las chiquilinas", advirtió el vecino.

Ante esta situación, el Ministerio Público solicitó a la magistrada que ordenara una interceptación de llamadas a los celulares de las dos internas. En tanto, la Justicia decretó que una de las menores fuera internada en un hogar del INAU de Montevideo con la obligación de que inicie un tratamiento para sus adicciones.

MOTEL. En las declaraciones de los funcionarios surge que la jefa departamental había autorizado a las dos menores denunciadas a permanecer fuera del hogar entre la hora 6 y la hora 24.

La investigación telefónica estableció que las menores se habían vinculado con un traficante, quien les presentaba "clientes".

Por el Juzgado desfilaron varios adultos que reconocieron haber mantenido relaciones sexuales y haber estado alojados con las menores durante varios días en moteles de Young, Flores y Salto.

También indicaron que conocieron a las adolescentes en bailes de Paysandú.

En una ocasión, una de ellas fue llevada por su compañera a un hospital tras sufrir una descompensación por una sobredosis de cocaína. La menor era diabética y había consumido cuatro "líneas" de cocaína. El traficante no quiso arriesgarse en llevarla a un hospital.

En el Juzgado, el narco dijo que a las adolescentes les conseguía los clientes para que estas "no anden con cualquiera que las maltrate". Agregó que "a las menores yo les buscaba muchachos buenos" de las zonas de Gallinal y San Javier. También reconoció que "siempre tiene droga, marihuana y cocaína, y que por supuesto les da a ellas porque ambas consumen".

El sábado 2, la Justicia Penal procesó sin prisión a la jefa departamental del INAU por un delito de omisión contumacial de los deberes del cargo al no instrumentar un plan ante la vulnerabilidad social de las adolescentes. El traficante fue procesado con prisión por un delito de explotación sexual de menores de edad en calidad de autor en reiteración real y un delito de suministro de drogas.

"Necesitamos que nos ayuden"

"Le escribimos esta carta para decirle que no soportamos la violencia que hay en el hogar femenino (…) Todas las adolescentes decimos que esta carta sea leída y que se tomen medidas, por favor necesitamos que nos ayuden. Desde ya muchas gracias".

Salsamendi: "no se comprobaron" los casos de abusos en el hogar femenino

El presidente del Directorio del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU), Javier Salsamendi, informó que de las investigaciones administrativas realizadas por el organismo en el hogar femenino de detención de Montevideo sobre presuntos abusos, "no surgieron responsabilidades".

Los casos de presuntos abusos sobre jóvenes internas del Centro de Ingreso de Adolescentes Femenino (CIAF) de Montevideo "no se comprobaron", dijo ayer Salsamendi, aunque aclaró que todavía la investigación no ha concluido.

El titular del INAU también admitió que se sorprendió ante la carta abierta que el lunes la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) dirigió al presidente José Mujica, denunciando que "varias" adolescentes internadas en el CIAF han sido víctimas de "violaciones y abusos sexuales en múltiples ocasiones". Según el organismo internacional, esos hechos no fueron debidamente investigados por el INAU.

"Vamos a analizar el expediente como corresponde y luego los vamos a invitar a que (desde la OMCT) nos expongan su punto de vista", aseguró Salsamendi.

"Ellos concluyen algo distinto de lo que ha concluido hasta el momento la investigación" del INAU, añadió el jerarca al ser consultado en una rueda de prensa. "Suponemos que parten de la base de las denuncias que se presentaron, que son las que se investigaron", agregó.

"Estamos dispuestos a investigar absolutamente todo, como lo hacemos siempre", destacó el jerarca.

La OMCT, en su carta, de la cual también envió copia a otras altas autoridades gubernamentales, señaló que en el CIAF las funcionarias que denunciaron los presuntos abusos "están siendo hostigadas en su trabajo".

Al ser consultado sobre el punto, Salsamendi dijo que no cuenta con información en ese sentido, pero subrayó que de comprobarse, esa situación también será investigada.

En tanto, el secretario general de la OMCT, Eric Sottas, dijo que a la organización cuya sede se encuentra en Suiza, le preocupa la "falta de reacción" de las autoridades uruguayas ante la denuncia de casos de abusos en los hogares de internación de menores infractores.

"Cuando se presenta una denuncia de este tipo hay que suspender al funcionario para investigar a fondo, a través de la Justicia y no solamente a nivel administrativo", explicó Eric Sottas en declaraciones ayer a radio Carve.

Sottas dijo que hubo "falta de transparencia", porque si bien el INAU puede considerar que la investigación administrativa fue suficiente, para la OMCT "se necesita que actúe la Justicia".

MÓDULOS. Por otra parte, Salsamendi defendió ayer la iniciativa del INAU de alojar a los menores infractores en módulos metálicos, por ser "la mejor solución y en el menor tiempo posible" que permitirá disminuir los altos niveles de hacinamiento de los hogares de internación.

La utilización de módulos prefabricados también fue criticada OMCT, que consideró que de esa forma el Estado uruguayo estaría renunciando a "garantizar los derechos de estos niños y adolescentes" privados de libertad.

"Tampoco es que los metamos (a los jóvenes internos) en unas latas", expresó Salsamendi en respuesta a los cuestionamientos de la OMCT, que solicitó al presidente Mujica que evite la utilización de los módulos metálicos.

El jerarca explicó que antes de seleccionar los módulos, se realizó una licitación abreviada con el objetivo de que cuenten con "ciertas condiciones de habitabilidad y seguridad".

"Se nos piden dos cosas que no siempre son fáciles de conciliar: máxima seguridad y trato digno", expresó Salsamendi.

"Hay gente que nos pide la seguridad y no le importa el trato digno; y otros nos piden trato digno y no les importa la seguridad y nosotros tenemos que conciliar ambas cosas", declaró el titular del INAU."

Fuente: EL PAIS digital

Uruguay: Carta abierta al Presidente José Mujica

Clipping: CRIN a través de Organisation Mondiale Contre la Torture

"Carta abierta al Señor Jose Mujica, Presidente de la República Oriental del Uruguay.

Señor

José Alberto Mujica,

Presidente de la República Oriental del Uruguay

Montevideo, URUGUAY

Vía: Misión de Uruguay en Ginebra

Fax: 022.731.56.50

Email: mission.uruguay@urugi.ch

Ginebra, 4 de octubre de 2010

Su Excelencia,

La Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), coordinadora de la red SOS-Tortura, red que constituye la principal coalición internacional de organizaciones no gubernamentales (ONG) que luchan contra la tortura, las ejecuciones sumarias, las desapariciones forzadas y cualquier otro tratamiento cruel, inhumano o degradante, desea manifestarle su seria preocupación frente a la situación de los niños, niñas y adolescentes privados de libertad en Uruguay.

Aunque la OMCT reconoce que Uruguay es uno de los países más cooperativos cuando se trata de debatir y defender los derechos del niño a nivel internacional, considera que la situación es muy distinta respecto a la implementación de las recomendaciones expresadas por los mecanismos internacionales, particularmente en el marco de los niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley. En efecto, a pesar de las recomendaciones de varios de estos mecanismos hechas durante los últimos años (Relator Especial contra la Tortura[1], Examen Periódico Universal[2], Comité de los Derechos del Niño[3]), la situación de los niños, niñas y adolescentes privados de libertad no ha mejorado, sino que por el contrario, la OMCT puede afirmar que ésta ha empeorado.

Señor Presidente, con base en la información recibida por el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay, IELSUR (miembro de la red SOS-Tortura de la OMCT), la OMCT ha observado un giro político más represivo en contra de los niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley. La OMCT, además de las preocupaciones manifestadas durante los últimos meses (declaración oral ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU[4] y misión de mayo 2010[5]), desea ahora atraer su atención acerca de dos cuestiones urgentes.

En primer lugar, la OMCT manifiesta su seria preocupación por varios cambios legislativos previstos en la agenda de los legisladores que afectarían a los niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley. Según la información recibida de IELSUR, algunos legisladores planean disminuir la edad mínima de responsabilidad penal de 18 a 16 años, aumentar la duración de las penas contra los niños, niñas y adolescentes privados de libertad de cinco a diez años y anular el artículo 222 del Código de la Niñez y de la Adolescencia que estipula la anulación de los antecedentes penales de los niños cuando éstos cumplen 18 años.

La OMCT recuerda que todas estas modificaciones contravienen las normas internacionales de derechos del niño, como el artículo 37-b de la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU según el cual la privación de libertad se utiliza como medida de último recurso y durante el período más breve posible. Además, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU recuerda de manera permanente que toda persona menor de 18 años en el momento de la presunta comisión de un delito debe recibir un trato conforme a las normas de la justicia de menores.

De otra parte, el proyecto de alojamiento de los menores de edad privados de libertad en celdas tipo contenedores también alarma a la OMCT por el hecho de que el gobierno estaría aumentando el rigor y endureciendo aún más las condiciones de la privación de libertad, renunciando de esta forma a garantizar los derechos de estos niños y adolescentes.

La OMCT solicita a Su Excelencia que haga uso del prestigio de su función y del respecto unánime de que goza a nivel personal para evitar que se adopte una legislación más represiva sobre la detención de los niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley, y evitar la aprobación del proyecto de la prisión dentro de contenedores. A este respecto consideramos que para evitar la sobrepoblación de los centros de privación de libertad y las malas condiciones relacionadas, se podrían revisar los archivos con el fin de identificar a aquellos a quienes se les podrían reducir las penas de privación de libertad.

En segundo lugar, la OMCT llama su atención sobre los casos de malos tratos sobre niños, niñas y adolescentes privados de libertad ocurridos este año y enviados por IELSUR. La OMCT está particularmente preocupada por el caso de varias adolescentes privadas de libertad en el Centro Femenino de Detención de Montevideo, quienes fueron víctimas de violaciones y abusos sexuales en múltiples ocasiones, en horas de la noche. Al respecto la OMCT ha recibido información que la Directora del centro, estando informada de los hechos, se habría negado a hacerlos públicos además de retardar la investigación. Se ha conocido además que varias funcionarias del centro que denunciaron las mencionadas violaciones ahora están siendo hostigadas en su trabajo. La OMCT manifiesta su seria preocupación sobre el hecho de que el funcionario acusado de éstas violaciones se podría reintegrar al centro la semana próxima y estar en contacto con las adolescentes.

Su Excelencia, a este respecto la OMCT le solicita atentamente que ordene a las autoridades concernientes que lleven a cabo una investigación efectiva, exhaustiva, independiente e imparcial sobre la violación sexual de estas niñas privadas de libertad, cuyo resultado debe ser hecho público, para identificar a aquellos que resulten responsables, conducirlos ante un tribunal competente, independiente e imparcial, y aplicarles las sanciones penales, civiles y/o administrativas previstas por la ley. Asimismo, la OMCT solicita también que se otorgue a las víctimas un recurso efectivo y una adecuada reparación que incluya una compensación y una rehabilitación.

Finalmente, la OMCT le invita a adoptar de manera inmediata las medidas más apropiadas para garantizar la seguridad, la integridad y los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes privados de libertad en Uruguay, así como la aplicación de las recomendaciones pronunciadas sobre este tema por los órganos y mecanismos de derechos humanos de la ONU.

Su Excelencia, Señor Presidente, confiando en su apego por los derechos humanos, agradeciéndole de manera especial la atención que le preste Usted a la presente y a la espera de que tenga en cuenta nuestras solicitudes, el Secretariado Internacional de la OMCT aprovecha la ocasión para reiterarle la expresión de nuestra más alta y distinguida consideración.

Eric Sottas,

Secretario General

Copia:

- Ministro del Interior: Sr. Eduardo Bonomi

- Presidente del INAU: Sr. Alejandro Javier Salsamendi Ferreira

- Presidente del Parlamento: Sra. Lucía Topolansky

- Presidente de la Cámara de Representantes: Sra. Ivonne Passada

- Presidente de la Cámara de Senadores: Sr.Danilo Astori

- Presidente de la Corte Suprema de Justicia: Dr. Jorge Omar Chediak Gonzales"

Fuente: Child Rights Information Network - CRIN

"Corte Interamericana de Derechos Humanos condena a Paraguay por violación de derechos de los pueblos indígenas"

Clipping: Amnistía Internacional - España

"La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió el pasado 24 de agosto una tercera sentencia sobre la violación de los derechos de los pueblos indígenas en Paraguay. En su sentencia, la Corte identifica una serie de violaciones sufridas por la comunidad Xákmok Kásek y ordena al Estado paraguayo tomar medidas para reparar los daños sufridos. Según la Corte, Paraguay ha violado, entre otros, el derecho a la vida y a la integridad personal, el derecho a la propiedad comunitaria, el derecho a las garantías judiciales y la protección judicial, los derechos del niño y ha incumplido su deber de no discriminar.

Durante años, la comunidad Xákmok Kásek ha reclamado al Estado su derecho a vivir en su territorio tradicional. Tras 20 años de infructuosos trámites internos en el país, esta comunidad se vio obligada a elevar su reclamo para el reconocimiento de sus tierras ancestrales ante los organismos internacionales de derechos humanos.

Amnistía Internacional considera que la inexistencia de un mecanismo efectivo y eficaz para la resolución de reclamos de tierras ancestrales constituye un obstáculo enorme para el cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas en Paraguay.

Debido a la falta de acceso y posesión de sus tierras, la comunidad se ve privada de sus medios tradicionales de subsistencia como la caza, la pesca y la recolección, exponiendo a sus miembros a vivir en condiciones infrahumanas. En su sentencia, la Corte imputa responsabilidad al Estado por la muerte de 13 miembros de la comunidad por causas prevenibles, y señala que la falta de territorio propio y de los recursos naturales que ahí se encuentran está afectando de forma negativa a su identidad cultural.

Mediante su sentencia, la Corte Interamericana se pronuncia a favor de los reclamos de la comunidad, y deplora la actuación de los órganos del Estado encargados de dar una respuesta a la reivindicación territorial de la comunidad, señalando que ésta “se caracterizó durante todo el procedimiento administrativo por la pasividad, inactividad, poca diligencia y falta de respuesta de las autoridades estatales".

Paraguay es el único país bajo la jurisdicción de la Corte Interamericana que ha sido condenado tres veces por la violación de los derechos de los pueblos indígenas. Además, Paraguay ha asumido una serie de obligaciones en relación con los derechos de los pueblos indígenas al ratificar el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

Amnistía Internacional recuerda a Paraguay que los más de dos millones de miembros de la organización en todo el mundo están atentos a los pasos que va tomar para responder a esta nueva sentencia. Con una serie de obligaciones asumidas voluntariamente por el Estado, y tres llamados de atención de la Corte Interamericana, ya no hay excusas que valgan para que Paraguay cumpla con los derechos de los pueblos indígenas.

En el 2005 y 2006, la Corte emitió sentencias a favor de las comunidades indígenas Yakye Axa y Sawhoyamaxa. A pesar de que las órdenes de esta Corte tienen carácter vinculante, el cumplimiento en relación con estos dos casos ha sido ínfimo. Más de cien familias que integran esas dos comunidades se ven obligadas a vivir en una franja de tierra inhóspita al costado de la ruta Concepción-Pozo Colorado mientras el Estado paraguayo sigue sin encontrar una manera de poner fin a su sufrimiento.

Amnistía Internacional recuerda al Estado paraguayo que la supervivencia de las comunidades indígenas está estrechamente vinculada a la recuperación de sus tierras ancestrales y al uso y disfrute de los recursos naturales que se encuentran en ellas.

Información complementaria
Según estadísticas oficiales de 2008, la comunidad indígena Xákmok Kásek está formada por unas 60 familias. La comunidad reclama una extensión de 10.700 hectáreas que se encuentran en el interior de una estancia privada, en el Chaco paraguayo.

La sentencia, emitida con fecha 24 de agosto 2010, identifica con votos mayoritarios las violaciones de los derechos a la vida y a la integridad personal, el derecho a la propiedad comunitaria, a las garantías judiciales y la protección judicial, al reconocimiento de la personalidad jurídica, y las violaciones de los derechos del niño cometidas, y señala que Paraguay incumplió con el deber de no discriminar. Vincula la situación de especial vulnerabilidad que vive la comunidad con su falta de tierras.

Por su parte, las comunidades Yakye Axa y Sawhoyamaxa llevan años viéndose obligadas a vivir en casas provisionales en los márgenes de una carretera porque sus tierras ancestrales son propiedad de otras personas. Su supervivencia peligra mientras no se cumplan íntegramente las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Los pueblos indígenas de América han sido, desde tiempos inmemorables, víctimas de la marginación y la discriminación. Privados de voz en las decisiones que afectan a sus tierras, sus vidas y sus medios de subsistencia, sufren un nivel de pobreza desproporcionado, incluso cuando habitan zonas ricas en minerales y otros recursos naturales. Amnistía Internacional considera que esta nueva sentencia de la Corte Interamericana no es más que otro reflejo de las dificultades que enfrentan los pueblos indígenas de la región, que siguen viviendo en la penuria ya que muchos Estados no reconocen ni defienden sus derechos humanos."

Fuente: Amnistía Internacional - España

"Comunicado del Comité de los Derechos del Niño - Uruguay a la opinión pública:

"Comunicado del Comité de los Derechos del Niño

A la opinión pública:

El Comité de los Derechos del Niño Uruguay, ante la actual coyuntura de permanente alusión desde diversos sectores a la violencia protagonizada por niños, niñas y adolescentes, quiere expresar su preocupación en cuanto a los siguientes temas:

a) No es cierto que los delitos sean protagonizados por niños cada vez más chicos y en actos cada vez más violentos. Las investigaciones indican, desde la década de los ‘90 a la fecha, que estos hechos se mantienen sin grandes variaciones en el país. Los argumentos utilizados día a día desde los sectores políticos y amplificados en los medios de comunicación, carecen de sustento técnico que los avale. Los últimos datos publicados por UNICEF indican que la cantidad de delitos protagonizados por los adolescentes en Uruguay es de un 4,5% del total de los cometidos en el país, siendo la abrumadora mayoría (95,5%) realizada por adultos.

b) En nuestro país poseemos un sistema de responsabilidad que imputa a la población de entre 13 y 18 años la comisión de delitos, que incluye un procedimiento judicial del cual puede resultar una pena de privación de libertad (que se ejecuta en una cárcel mal llamada “hogar”). Plantear el tema de la rebaja de la edad de imputabilidad es ejercicio de retórica punitiva, selectiva, ineficaz y engañosa.

c) Según la normativa internacional ratificada por nuestro país, la privación de libertad debe ser una sanción excepcional en el terreno de la adolescencia, porque la comunidad internacional reconoce que la cárcel, más que aportar una solución, agrava la situación. Deben transitarse otros caminos que busquen dar una solución adecuada a este tipo de conflictos que no nos lleven a un camino sin salida. La muestra está en la actual situación de INAU, que a pesar de haber recibido en la pasada administración un flujo importante de recursos económicos y humanos para este tema, no logra dar respuestas a la temática reproduciendo y agravando desde hace muchos años este problema estructural.

d) Por diferentes razones (posiblemente visibilidad, generación de consensos, rédito electoral, etc.) se sitúa esta temática del cambio legislativo como cuestión de primer orden en la agenda pública. Sin embargo, recordamos que, tal como lo constató y denunció el Relator Contra la Tortura, las condiciones de privación de libertad de los adolescentes en el país están lejos de los mínimos internacionales aceptables (20 horas de encierro, hacinamiento, medicalización, ausencia de propuestas socioeducativas, tratos crueles, entre otros). Y las lógicas instaladas no son avanzar en el terreno de las penas alternativas sino reproducir más y mayor encierro, alimentando un circuito de reproducción de la violencia que no termina nunca.

e) Si el camino a seguir incluye la rebaja de la edad de imputabilidad, la eliminación del artículo sobre antecedentes, el agravamiento de las penas de privación de libertad, el alojamiento en contenedores, en definitiva MÁS CARCEL, se estará renunciando a garantías y haciendo concesiones al autoritarismo. Si nuestros representantes y gobernantes están dispuestos a generar políticas criminales y convertir en leyes el clamor popular que identifica a los adolescentes como el enemigo del que la sociedad debe defenderse, ¿cuál será el próximo paso?

LA CRISIS ESTRUCTURAL DE LAS CÁRCELES EN EL TERRENO DE LOS ADULTOS Y MAS AÚN DE LOS ADOLESCENTES ES IRREFUTABLE, POR LO QUE EL CAMINO ES MENOS Y MEJOR CÁRCEL.

Comité de los Derechos del Niño – Uruguay"

Fuente: http://www.facebook.com/profile.php?id=1215657889#!/notes/redlamyc/sobre-la-baja-de-la-edad-de-imputabilidad-comunicado-puplico-del-comite-de-derec/121633244557356

"20 de cada 100 niños en Colombia sufren de hambre, maltrato o violencia "

Clipping: El Tiempo.Com

"Según denunció la ONG 'Save the Children' más de 500.000 niños sufren desnutrición crónica.

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio relacionados con la niñez, específicamente en temas como mortalidad infantil y desnutrición, están lejos de cumplirse en el 2015, fecha planteada por la Organización de Naciones Unidas para erradicar la pobreza y la desigualdad social en el mundo.

La ONG 'Save the Children' (Salven a los niños), después de recopilar diferentes indicadores sobre la infancia colombiana -basada en estudios y documentos oficiales- concluyó que 20 de cada 100 menores de edad sufren de hambre, maltrato o de algún tipo de violencia en el país.

Según la entidad, más de 500.000 niños colombianos (el 13 por ciento de la población infantil) sufren desnutrición crónica, de acuerdo con un estudio realizado en el 2008 por el Centro de Investigaciones de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes.

Esos datos se suman a los arrojados por la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional en Colombia (hecha en el 2005) que reveló que el 7 por ciento de niños entre los cero y los 4 años tiene desnutrición y el 12 por ciento, en ese mismo rango de edad, presenta retraso en el crecimiento.

El anuncio se hizo en desarrollo de la cumbre mundial en la que se analiza el cumplimiento de los Objetivos del Milenio, en Nueva York.

"Durante los tres días en los que se realiza este evento, en el mundo 70.000 niños perderán la vida, la mayoría por enfermedades prevenibles como la neumonía, la diarrea, la malaria o el VIH/Sida", denunció 'Save the Children' ante los líderes mundiales congregados en el certamen.

En Colombia, según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), anualmente mueren 497 niños en el país por causas asociadas a la desnutrición. Alrededor de 22 de cada 1.000 niños mueren antes de los 5 años, principalmente por infecciones respiratorias agudas.

En cuanto al maltrato infantil, entre enero y septiembre del 2009, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) recibió 36.839 denuncias denuncias. En el 2008 fueron más de 40.000 las denuncias.

El conflicto armado también influye negativamente en los niños. Dicha ONG presentó recientemente el libro 'Huellas del conflicto en la primera infancia', en el que evidenció que a los niños desplazados por la violencia, los hijos de combatientes o de desmovilizados se les vulneran todos sus derechos: la educación, la salud y la vivienda, entre otros.

Además, se exponen a situaciones de maltrato, hambre, abuso sexual y trabajo infantil, y están en riesgo de ser reclutados por los grupos armados ilegales.

Según esa publicación, el 26,6 por ciento de los desplazados menores de 5 años han sido diagnosticados con desnutrición y apenas el 15 por ciento de los menores de 5 años asiste a programas de educación.

En la cumbre sobre los Objetivos del Milenio se informó que en el mundo más de 8 millones de niños mueren cada año antes de cumplir los cinco años por causas evitables y 358.000 mujeres pierden la vida, cada año, por complicaciones durante el embarazo o el parto.

Llamado al Presidente Santos

'Save the Children' le solicitó al presidente Juan Manuel Santos, quien participa en la cumbre de la ONU en Estados Unidos, que en sus reuniones con los líderes mundiales incluya propuestas en relación con la mortalidad materna e infantil, y sobre el drama de los niños víctimas del conflicto armado.

"Reconocemos muchos avances en el tema de mortalidad infantil y nutrición, pero aún nos queda mucho camino por recorrer y muchos retos que enfrentar", afirmó Pete LaRaus, director de 'Save the Children' en Colombia, al explicar que pese al avance los programas del Gobierno, la niñez en Colombia sigue sufriendo, sobre todo, por la pobreza y el conflicto armado."

Fuente: El Tiempo.Com

SIPIAV: se busca mejorar respuesta a situaciones de violencia

Clipping: Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Foto: INAU

"Informe SIPIAV 2009

Niños, niñas y adolescentes: trabajo en territorio mejorará respuesta a situaciones de violencia

La tarea involucraría a ASSE, INAU y organizaciones no gubernamentales a fin de detectar y abordar antes la problemática. En el período 2007-2009, el Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia (SIPIAV) se ocupó de 503 situaciones. Violencia emocional se registró en el 81.3% de los casos, violencia física ocupó el segundo lugar con un 42.5% mientras que la violencia sexual llegó al 37%.

Se llevó a cabo el encuentro anual del Sistema Integral de Protección a la Infancia y la Adolescencia contra la Violencia (SIPIAV) en el Edificio Anexo del Palacio Legislativo. La actividad contó con la presencia de los ministros de Salud Pública, Daniel Olesker y del Interior, Eduardo Bonomi, del presidente del INAU, Javier Salsamendi, de la vicepresidenta de ANEP, Nora Castro, entre otras autoridades que conforman el Sistema.

El SIPIAV se implantó en 2007 y fue concebido para la construcción de un sistema nacional de atención que brinde respuesta a la problemática de la violencia contra la niñez y la adolescencia. Es presidido por el INAU y lo conforman además, los ministerios de Desarrollo Social, Salud Pública, Interior y ANEP. Cuenta, además, con el apoyo de UNICEF y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

La coordinadora del SIPIAV, María Elena Mizrahi, reconoció que hoy en el país la violencia hacia niños, niñas y adolescentes es un problema social importante que demanda políticas públicas que comprendan al Estado, a las organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil. Mencionó la constatación de maltrato "en más de un 83% de adultos, quienes respondieron en una encuesta de hogares, en el área metropolitana, que en alguna medida maltrató física o emocionalmente a niños, niñas o adolescentes".

Con la presentación del "Informe de Gestión 2009", que tiene una cobertura metropolitana (Montevideo y Canelones), Mizrahi tiene la expectativa de lograr que las nuevas autoridades confirmen y ratifiquen la voluntad política de trabajar sobre esta temática en forma mancomunada. Con una mayor eficiencia de los servicios y centrando la mirada y los recursos técnicos y humanos disponibles en abordar esta problemática.

La funcionaria manifestó que "en la problemática de los niños, niñas y adolescentes, los vemos como victimarios. Si vamos a sus historias, al destrato o maltrato que tienen los adultos para con ellos, muchas veces lo reflejan en su comportamiento con el resto de la sociedad".

El documento revela que en las 503 situaciones abordadas por el SIPIAV en el período 2007-2009 la violencia emocional se registró en el 81.3% de los casos. Le continúa la violencia física con el 42.5% de los casos, mientras que la sexual llegó al 37%. Del análisis de las cifras que realizan los técnicos del Sistema se desprende que el abuso sexual, a diferencia de los otros dos tipos de violencia registró una tendencia creciente en su incidencia durante el trienio. "Si bien durante los dos primeros años fue el tipo de violencia con menor porcentaje (31.4% y 37.4%), en 2009 superó en registro a la violencia física, llegando a los 44% de los casos".

La violencia emocional se presentó en proporciones similares en ambos sexos. La sexual tuvo el doble de incidencia en las niñas y adolescentes mujeres en el tramo comprendido entre los 13 y los 17 años, mientras que la violencia física se registra mayormente en varones.

Los datos relacionados a los agresores señalan que en su gran mayoría (82.1%) son familiares de las víctimas y poco más de la mitad de ellos estaban en el rango de 30 a 44 años. Los hombres duplican en proporción a las mujeres agresoras.

Mizrahi señaló que, ante este panorama, se apuesta a la territorialización. "Esto significa que equipos de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), INAU y de las organizaciones no gubernamentales, en convenio con este organismo, deben estar en el territorio. Si estamos en el territorio, captamos y llegamos antes a la problemática. Creemos que con esta política, en realidad, lo que estamos haciendo es proteger y no llegar al último recurso que es la internación y la quita del niño, niña o adolescente de la familia"."

Fuente: Presidencia de la República Oriental del Uruguay