Por Elisabet Contrera
Mirtha vive para sus nietos/as. “Después de todo lo que pasaron, están conmigo, tienen contención”, cuenta aliviada. Leonilda no puede ver a los suyos. Están lejos, a cargo del padre quien, según denuncia, es el asesino de su hija. Mirtha también estuvo separada de sus nietos. Una Justicia perezosa liberó al femicida bajo fianza. “No podía dormir. Tenía miedo de que matara a los chicos y luego se suicidara”, recuerda. Leonilda está aterrada. “Tengo miedo que tome represalias contra ellos”, confiesa. Pero el terror no la paraliza, sino que la mantiene alerta y en pie para seguir reclamando la guarda de sus nietos/as y justicia por la muerte de su hija.
Ambas perdieron a sus hijas en muertes violentas. En el primer caso, María Burgos (42) fue asesinada por su ex marido. En el segundo, Liliana Garabedian (37) fue encontrada sin vida en un campo del departamento de Capeyán, en la provincia de Catamarca. Un mes antes, había decidido terminar la relación con su marido entre amenazas, golpes y denuncias. Ambas historias suman como víctimas a los/las hijos/as en común que fueron testigos de la violencia ejercida contra sus madres y que estuvieron, en el primer caso, o aún están, como en el segundo, a cargo de los supuestos homicidas.
¿Por qué los niños y niñas testigos y víctimas de la violencia ejercida contra sus madres siguen a cargo de aquél que la ejerció? ¿Por qué José Arce acusado de ser autor intelectual del asesinato de su esposa Rosana Galiano puede esperar en libertad el inicio del juicio y cuidar a sus hijos? ¿Qué mensaje se le da a la sociedad si los supuestos asesinos de esas mujeres se pueden amparar en su derecho de patria potestad para seguir impunes? ¿Es beneficioso para una criatura que su protección y crianza esté a cargo del (supuesto) homicida de su madre?
¿Qué dice la legislación? Según el artículo 12 del Código Penal, una persona que es condenada a reclusión o prisión por más de 3 años pierde automáticamente la patria potestad sobre sus hijos. Queda en suspenso hasta que cumple con su condena. Ya en libertad, recupera ese derecho. El Código Civil también se refiere al tema. En el artículo 307, sobre causales para pedir la suspensión de la patria potestad, dispone la quita de ese derecho cuando se “pone en peligro la seguridad, la salud física o psíquica o la moralidad del hijo, mediante malos tratamientos, ejemplos perniciosos, inconducta notoria o delincuencia”.
“Estas causales están presentes cuando una madre es asesinada por el padre de los niños, lo cual indicaría que la norma existe”, explica Claudia Hasanbegovic, abogada e investigadora. Sin embargo, lo que está claro para la especialista, no están obvio para los jueces que intervienen en estos casos. Existe una zona gris en la jurisprudencia que deja a niños y niñas huérfanos de madre a merced del padre homicida.
“Según el Código Penal, el padre que asesinó a su esposa pierde la patria potestad cuando la sentencia está firme, pero hay cientos de casos en los cuales se dilatan los juicios, recuperan la libertad y se hacen cargo de los niños/as”, alerta. “Tampoco es habitual que los familiares de la víctima pidan la suspensión de los derechos alegando como causal el “convertir a los hijos en testigos de la violencia contra su madre”.
“Las investigaciones sobre violencia doméstica señalan el grave daño psicológico que sufren los hijos en dichas situaciones. Además están presentes en más del 70 por ciento de los ataques sobre su madre. Aunque la violencia no vaya dirigida a las hijas e hijos les causa sufrimiento, perjuicios en su salud, bienestar y desarrollo. Un padre que ejerce violencia contra la madre de sus hijos/as no los está cuidando, está dañándolos”, sostiene la especialista.
CONVIVIENDO CON EL ASESINO DE MAMA
María Burgos fue asesinada el 14 de junio de 2007. La mató su ex marido Carlos Ocaranza. Era tucumana, tenía 42 años y cuatro hijos con él. Se quiso separar, pero él se lo impidió. El le pegaba y ella lo denunció. Ella quiso liberarse y él la mató a golpes. Ocaranza, ex policía, fue detenido inmediatamente por el homicidio. Ese día cambió la vida de Mirtha Gutiérrez, la mamá de María. No sólo tuvo que luchar para pedir justicia por su hija, sino para recuperar a sus nietos, que quedaron a cargo de los abuelos paternos. “No me los dejaban ver, hasta que pedí régimen de visitas”, señala.
La situación empeoró cuando el homicida cumplió dos años de prisión sin condena y fue liberado bajo fianza. “Los chicos la pasaron muy mal. Vivían todos juntos en la casa de los abuelos paternos”, recuerda. “Les pegaba, los maltrataba. El que peor lo pasó fue Abel que siempre defendió a la madre de los golpes del padre. Una vez él intentó pegarle con una maza y Abel le frenó la mano”, cuenta. Además, el nieto mayor fue testigo en el juicio contra el asesino de María.
El maltrato terminó en octubre del año pasado cuando la Justicia dictó la reclusión perpetua contra Ocaranza. “Fue un año horrible. Tenía terror de que los mate y luego se matara él”, revela. “Además, siempre andaba dando vueltas por el barrio. Nunca me amenazó, pero andaba por acá, pasaba por la puerta”, recuerda.
Pero el alivio por la condena duró poco tiempo. A los pocos días se suicidó su nieto Abel. “Quería que su padre cambiara, le quería dar otra oportunidad. Pero algo pasó y se fue con su mamá”, cuenta entre lágrimas. “Era tan bueno, especial, todo el mundo lo quería”, resalta. ¿Recibió asistencia psicológica tras la muerte de su mamá?, preguntó Las/12. “Fue a la psicóloga por tres años, se lo veía bien. Se había anotado para ir a la gendarmería”, explica.
Mirtha está por conseguir la guarda legal de sus dos nietos más chicos, Mauricio (9) y Sebastián (16). “Sebastián está con sus abuelos paternos, se siente responsables por ellos. Quedaron destruidos con la sentencia contra su hijo”, cuenta. En tanto, Natalia (19) sigue viviendo con su tía. “La gente tiene que tomar conciencia. Hay que dar charlas a varones y mujeres, desde chiquitos, que vayan creciendo y aprendiendo que la violencia es inaceptable”, remarca.
NIÑOS PRISIONEROS
Leonilda Carrizo no puede ver a sus nietos, de 3 y 8 años. Uno de los problemas es la distancia. Ella vive en Buenos Aires y los chicos, en Catamarca. El otro es que el padre se lo impide. Casi no los ve desde que apareció muerta su hija y madre de los niños, Liliana Garabedian. Su cuerpo desnudo apareció el 8 de diciembre pasado. Fue hallado en un campo del departamento catamarqueño de Capeyán.
Según la autopsia, se murió por inanición, es decir, por no ingerir agua ni alimentos, pero la madre no cree ni una palabra. Las irregularidades de la investigación y los hechos ocurridos con anterioridad a su muerte la llevan a pensar que el responsable es su marido, Alejandro Barros.
Ella pierde contacto diario con su hija en diciembre de 2009 cuando junto a su marido e hijos se mudan a Catamarca, donde vive la familia de Barros. “Se fueron por el trabajo de él. Necesitaban estar más cerca de Córdoba. Vende neumáticos”, señala Leonidas. Liliana se quedó sola, sin trabajo ni amigos. Un mes antes de su muerte, Leonilda tomó conciencia del infierno que vivía su hija. “Yo fui un par de semanas para ver a mis nietos, pero cuando vi que estaba todo mal, me quedé un tiempo más. Ella se quería separar, ya se lo había dicho, pero él no quería. Una tarde llegué y él le estaba dando una paliza. Obviamente, fuimos hacer la denuncia policial.”
Barros abandonó la casa, pero según el testimonio de Leonidas, no cesaron las amenazas y golpes. “Empezó a amenazarla con que le iba a quitar los chicos, entró a la casa y se llevó todos los muebles”, cuenta. “Mi hija estaba desesperada. Tampoco le pasaba plata para la comida de los chicos”, revela. Todo estalló cuando desaparecieron sus hijos. Se los había llevado su padre a la casa de la hermana. “Liliana los va a buscar y termina detenida 16 horas por averiguación de antecedentes. Una detención totalmente ilegal”, denuncia Carolina Chiappetta, abogada de la víctima.
Luego, fue trasladada a un hospital local donde la atendió una psicóloga. Es lo último que se sabe de ella. Pasaron tres días de angustia, de búsqueda. “Aparece muerta en un descampado, desnuda. Dicen que estuvo vagando, pero en las plantas de los pies no tiene lastimaduras. Tiene marcas en el muslo que da la impresión de que la arrastraron y los peritos dicen que fue una quemadura del sol. Tampoco le hicieron los hisopados para ver si fue abusada o si la habían drogado”, enumera la letrada.
“Traté de mantener la discreción, pero ya no puedo más. Tengo miedo de que tome represalias contra los chicos”, confiesa Leonidas. “No sabemos quién cuida a los chicos. El viaja toda la semana por el trabajo. Nos dijeron que está con un tío paterno”, cuenta, desorientada. En estos meses, de dolor y lucha, sólo los pudo ver el 31 de mayo pasado por una hora. “La nena no se quería ir y me preguntaba dónde estaba su mamá. Hoy son prisioneros de la familia que los dejó huérfanos”, alerta.
EN EL CONGRESO
En abril pasado se realizó una jornada pública para debatir sobre la patria potestad de los femicidas. Uno de los puntos planteados fue avanzar en un proyecto de reforma del Código Penal que establezca la pérdida automática de la patria potestad en los casos de homicidas con sentencia firme.
“Los procesados por el mismo delito también perderían el derecho mientras dure el proceso”, explica Fabiana Tuñez, de la Casa del Encuentro, una de las organizaciones que impulsa la reforma. “Hay que evitar casos como los de Arce y Zambrano”, sostiene. “En 2010, mataron a 260 mujeres pero también destruyeron a 260 familias”, remarca.
En esa línea, el diputado nacional Gustavo Ferrari presentó una iniciativa que modifica la Ley de Protección de Violencia contra las Mujeres. Propone que al artículo 26, sobre medidas urgentes a disposición de los jueces, se sume la posibilidad de “ordenar al presunto agresor abstenerse de interferir, de cualquier forma, en el ejercicio de la guarda, crianza y educación de los/as hijos/ as, e incluso podrá suspender el ejercicio de la patria potestad”.
“Entendemos que esta medida tiende a prevenir una situación de hecho de importancia, dado que el juez ante la evidencia de una situación de riesgo para el menor podrá suspender preventivamente durante el plazo que considere conveniente el ejercicio de la patria potestad, y así no permitir que los hijos queden bajo la tutela de un padre que ha sido imputado por un hecho de violencia doméstica, y más aún que este último no pueda alegar dicha patria potestad para oponerse a una medida de prisión preventiva o cierta medida de seguridad que se pueda establecer”, explica el legislador.
La idea es avanzar en el mismo camino que en España, donde el gobierno está impulsando un proyecto para modificar el Código Civil para evitar que los condenados por violencia machista mantengan la patria potestad de sus hijos. Según el balance del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género español, entre julio de 2005 y junio de 2010 se han ordenado suspender la guardia y custodia de los hijos en 11.052 casos de violencia machista y en 544 han suspendido directamente la patria potestad.
