"Un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre justicia juvenil recomendó a los Gobiernos de América Latina y el Caribe que las penas de prisión para menores infractores de la ley "sean aplicadas únicamente como último recurso y por el menor tiempo posible".
El relator de derechos de la niñez de la CIDH, Paulo Sergio Pinheiro, presentó estas recomendaciones en Lima en compañía del representante en Perú del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), Paul Martin, y la directora en Perú de la organización "Save the Children", Teresa Carpio.
Pinheiro lamentó que, en la realidad, "la primera medida" para sancionar a los infractores menores de 18 años es precisamente "ponerlos en instituciones cerradas", donde se les priva de sus familias y su comunidad impidiendo su reintegración en la sociedad.
Sin embargo, el experto brasileño criticó que "los hijos de las élites nunca van a la cárcel" y esa discriminación es un tema que "debería perturbar la percepción de la democracia".
Pinheiro añadió que hay señales de "alarma" en los sistemas judiciales de la región como, por ejemplo, la supresión o disminución de las garantías procesales, la disminución de la edad para ser procesados, y el incremento de las penas.
Otra de las recomendaciones del informe es incorporar los estándares y principios del derecho internacional al marco jurídico interno y a los sistemas de justicia juvenil.
Asimismo, poner tribunales juveniles especializados en todo el territorio, adoptar medidas para combatir la impunidad y proporcionar una reparación integral a los niños víctimas de la violencia y las violaciones de los derechos humanos.
El representante en Perú de Unicef, Paul Martin, opinó que las respuestas más comunes en la región latinoamericana (entre ellas el encierro) son las menos efectivas porque representan una violación de la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas.
En tal sentido, Martin indicó que, para Perú, este momento de cambio de Gobierno es el ideal para "levantar estos temas sobre cómo construir un sistema judicial acorde" con las normas internacionales.
En Perú hay 4.391 menores de edad atendidos por centros juveniles, en reclusión completa o parcial, para castigar las infracciones judiciales, la mayoría de los cuales han sido sentenciados por robo, hurto o violación sexual.
El secretario del grupo de trabajo especial de sectores sociales altamente vulnerables del Poder Judicial, Óscar Ayzanoa, pidió que la edad mínima procesal permanezca en 14 años en el Perú y reclamó que haya operadores de justicia especializados en la problemática juvenil.
Asimismo, Ayzanoa solicitó que se provea una atención especial a los jóvenes con problemas psicológicos y se atienda los derechos de las víctimas de estos infractores. EFE"
El relator de derechos de la niñez de la CIDH, Paulo Sergio Pinheiro, presentó estas recomendaciones en Lima en compañía del representante en Perú del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), Paul Martin, y la directora en Perú de la organización "Save the Children", Teresa Carpio.
Pinheiro lamentó que, en la realidad, "la primera medida" para sancionar a los infractores menores de 18 años es precisamente "ponerlos en instituciones cerradas", donde se les priva de sus familias y su comunidad impidiendo su reintegración en la sociedad.
Sin embargo, el experto brasileño criticó que "los hijos de las élites nunca van a la cárcel" y esa discriminación es un tema que "debería perturbar la percepción de la democracia".
Pinheiro añadió que hay señales de "alarma" en los sistemas judiciales de la región como, por ejemplo, la supresión o disminución de las garantías procesales, la disminución de la edad para ser procesados, y el incremento de las penas.
Otra de las recomendaciones del informe es incorporar los estándares y principios del derecho internacional al marco jurídico interno y a los sistemas de justicia juvenil.
Asimismo, poner tribunales juveniles especializados en todo el territorio, adoptar medidas para combatir la impunidad y proporcionar una reparación integral a los niños víctimas de la violencia y las violaciones de los derechos humanos.
El representante en Perú de Unicef, Paul Martin, opinó que las respuestas más comunes en la región latinoamericana (entre ellas el encierro) son las menos efectivas porque representan una violación de la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas.
En tal sentido, Martin indicó que, para Perú, este momento de cambio de Gobierno es el ideal para "levantar estos temas sobre cómo construir un sistema judicial acorde" con las normas internacionales.
En Perú hay 4.391 menores de edad atendidos por centros juveniles, en reclusión completa o parcial, para castigar las infracciones judiciales, la mayoría de los cuales han sido sentenciados por robo, hurto o violación sexual.
El secretario del grupo de trabajo especial de sectores sociales altamente vulnerables del Poder Judicial, Óscar Ayzanoa, pidió que la edad mínima procesal permanezca en 14 años en el Perú y reclamó que haya operadores de justicia especializados en la problemática juvenil.
Asimismo, Ayzanoa solicitó que se provea una atención especial a los jóvenes con problemas psicológicos y se atienda los derechos de las víctimas de estos infractores. EFE"
